A más de cuatro años de haber protagonizado un corte de ruta en el acceso norte de esta ciudad, un grupo de trabajadores de la ex Fundación Olivia será llevado a juicio por la Justicia Federal, informó el diario El Patagónico de Comodoro Rivadavia. Aquella medida de fuerza, ocurrida en octubre de 2012, derivó en una represión policial que dejó un saldo de 26 detenidos, incluyendo a cinco mujeres.
Si bien no son muchos los que lo recuerdan, debido a la cantidad de bloqueos de rutas troncales de la zona norte santacruceña que a lo largo de estos años realizaron diversos grupos de manifestantes por disímiles razones, sólo dos casos fueron elevados a juicio y el primero de ellos fue instrumentado por la Justicia provincial, debiendo comparecer a la Cámara del Crimen de Caleta Olivia varios referentes de ATE (entre ellos el dirigente Alejandro Garzón) por un corte que tuvo lugar en Pico Truncado sobre la Ruta 12.
El restante fue impulsado por la Justicia federal contra un grupo de tres vecinos de esta misma ciudad que bloquearon (junto a centenares) la Ruta 3 reclamando por provisión de agua. En ambos casos, en medio de ruidosas manifestaciones, todos los imputados fueron sobreseídos.

Reclaman absolución

La Fundación Olivia ya no existe porque hace más de un año se le cambió su razón social, imponiéndosele el nombre de Fundación Santa Cruz Sustentable, aunque sigue dependiendo del Gobierno provincial. Los que no cambiaron fueron los conflictos por reivindicaciones laborales e incluso hace pocas semanas sus operarios protagonizaron otro corte de ruta.
Sus integrantes dieron a conocer un comunicado de prensa, debido a que varios de sus integrantes serán llevados a juicio (no se precisó si serán los 26), y manifestaron un firme rechazo a la «criminalización de la protesta social». Consecuentemente pidieron su absolución.
Al mismo tiempo anunciaron que el jueves de esta misma semana realizarán una manifestación de protesta a partir de las 10 frente al Juzgado Federal.
Recordaron además que el corte de ruta de octubre de 2012 «fue una medida extrema a la que se llegó como consecuencia de haber estado todo un año reclamando a quien en ese momento era interventor, Daniel Sloper, que cumpliera con nuestro Convenio Laboral y actas de acuerdo, además del pago de salarios».
Por otro lado indicaron: «Sabemos que 2017 será un año de grandes luchas ya que cada día hay más trabajadores afectadas por las políticas del Gobierno nacional de Mauricio Macri y del Gobierno provincia de Alicia Kirchner», por lo cual se preguntan si las respuestas a los reclamos volverán a ser procesamientos y represión.