El ex agente Arthur Lascañas reconoce que él fue líder de uno de estos grupos de sicarios. Abogados de derechos humanos creen que su testimonio podría servir de base para realizar un juicio político a Rodrigo Duterte


El testimonio de un policía retirado ha vuelto a sacar hoy a la luz los supuestos vínculos existentes entre el actual presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, y los escuadrones de la muerte que dejaron un reguero de cadáveres en el tiempo que el mandatario filipino fue alcalde de la ciudad de Davao, la tercera ciudad más grande del país.

Arthur Lascañas, de 56 años, reconoció este lunes ante los medios que él fue el líder de uno de estos grupos de sicarios (el Escuadrón de la Muerte de Davao, o DDS en inglés) que, bajo las órdenes directas del hoy presidente, liquidó a numerosos sospechosos de consumir y traficar con droga así como de otros delitos, además de eliminar a algunos de sus rivales políticos y críticos de los medios de comunicación.

De esta forma, Lascañas se convierte en el segundo hombre que en tan solo unos meses acusa públicamente a Duterte de auspiciar estos crímenes en su época de alcalde, un cargo que ostentó 22 años y en donde se ganó el apodo de “el Castigador”. Le precedió en septiembre Edgar Matobato, un autodenominado sicario que, en su comparecencia en una comisión senatorial que investiga la acción de los grupos paramilitares y las ejecuciones extrajudiciales en Davao, también relacionó a Duterte con los asesinatos.

Lascañas ha reconocido que las acusaciones vertidas por Matobato eran ciertas. “Comenzamos con los asesinatos cuando el alcalde Duterte se hizo con el cargo en la ciudad de Davao”, dijo. “La gente a la que atacábamos eran criminales y estaban relacionados con las drogas. Nosotros implementamos las órdenes personales de Duterte”, aclaró.

Según su versión, los miembros del grupo recibían entre 400 y 1.000 dólares por cada víctima, una cifra que variaba dependiendo del objetivo. “Todos los asesinatos que cometimos en Davao, tanto si fueron enterrados como arrojados al mar, fueron pagados por el alcalde Duterte”, recalcó.

Más tarde, rompió en lágrimas al reconocer que había decidido contar la verdad por sus remordimientos de conciencia, ya que que jugó un papel destacado en la muerte de dos de sus cuatro hermanos, a quienes ordenó ejecutar porque consumian droga. “Ahora, mis sobrinos saben que yo estuve detrás de los asesinatos. Lo hice por mi convencimiento en el bien de la campaña”, reconoció.

Desde que se hizo con la Presidencia, Duterte se embarcó en una guerra contra las drogas a escala nacional que, según diferentes estimaciones, ya ha provocado más de 7.000 muertos, muchos de ellos consumidores y pequeños traficantes de los barrios más desfavorecidos que han perecido a manos de la policía o de grupos anónimos que actuan bajo el amparo de los uniformados.

Para muchos analistas, lo que está sucediendo ahora no es sino la continuación de la “guerra contra el crimen” que Duterte llevó a cabo en Davao, unos años en los que, según datos compilados por CASE, unas 1.400 personas fueron asesinadas extrajudicialmente, incluidos 132 niños. “Davao fue un laboratorio”, declaró Amado Picardal, cura católico y activista de derechos humanos en la ciudad sureña. “Lo que hizo en Davao, lo está haciendo ahora en toda Filipinas, solo que a una escala mayor”.

Lascañas enumeró varios asesinatos más que fueron ordenados y financiados por el ex alcalde, incluyendo el ataque con bombas a varias mezquitas como venganza por otra acción similar ejecutada por los grupos de rebeldes musulmanes contra la catedral de la ciudad en 1993.

Ejecución sumaria de una mujer embarazada

Otra de las revelaciones más sonadas es la confirmación de que Duterte pagó hasta 60.000 dólares por deshacerse de Jun Pala, un periodista radiofónico crítico con el alcalde que falleció tras ser tiroteado cerca de su casa en 2003. “Nosotros planeamos y llevamos a cabo su asesinato”, reconoció Lascañas. La misma suerte corrió el sospechoso de un secuestro, al que su grupo ejecutó sumariamente junto a su mujer embarazada, su suegro y dos sirvientes.

En su declaración del año pasado, el sicario Matobato señaló que él fue uno de los primeros civiles reclutados por Lascañas para formar parte del escuadrón, originalmente conocido como Lambada Boys. Eso motivó que la comisión interrogara también a Lascañas en octubre, pero en aquella ocasión, el expolicía negó su participación en los hechos y la relación de Duterte con los grupos paramilitares. “Todo lo que dije fueron mentiras”, ha señalado hoy.

Por su parte, Duterte ha desmentido en repetidas ocasiones, tanto en su época de alcalde como ahora de presidente, la existencia de ningún tipo de escuadrón de la muerte patrocinado por él o que su gobierno respalde el asesinato ilegal de sospechosos.

Hoy mismo, el portavoz del presidente, Martín Andanar, dijo que las declaraciones de Lascañas son “parte de un prolongado drama político” con el que pretenden destruir al presidente y derrocarlo. “No es más que una política viciosa orquestada por los sectores afectados por las reformas iniciadas por esta administración”, advirtió.

Los abogados de derechos humanos que presentaron a Lascañas hoy señalaron que sus palabras podrían servir de base para realizar un juicio político a Duterte, mientras que senadores como Antonio Trillares IV, aseguró que pedirá a sus compañeros que investiguen en profundidad las “explosivas” acusaciones vertidas hoy contra el presidente.

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