El ministerio de Energía y Minería de la Nación que conduce Juan José Aranguren dio a conocer ayer que luego del trabajo de un año y de reuniones mensuales con asistencia casi perfecta de todas las Provincias, durante los últimos dos días de intenso debate, las autoridades mineras de las Provincias que integran el Consejo Federal de Minería (COFEMIN), junto con la Secretaría de Minería de la Nación, pusieron punto final a la redacción de la propuesta de Acuerdo Federal Minero. El documento así consensuado será remitido al Poder Ejecutivo Nacional y a los Poderes Ejecutivos Provinciales para su consideración final y firma.
El COFEMIN ha sido el ámbito natural para lograr el indispensable fortalecimiento institucional del vínculo entre las Provincias y la Nación, tomando como base la unión, el diálogo, el debate y el consenso para elaborar la base de una Política de Estado equilibrada que concilie los aportes que una minería responsable puede hacerle al país en su conjunto y a las regiones en las que se desarrolla; aplicando en sus comunidades los beneficios de la actividad, mejorando los ingresos para las provincias dueñas del recurso y estableciendo instrumentos de política y gestión ambiental que garanticen el cuidado y preservación de la casa de todos.
Del último encuentro fueron invitados a participar, en diferentes bloques, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, el presidente de la Comisión de Energía y Minería del Senado, Guillermo Pereyra, el ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren, y la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA).
El Acuerdo Federal Minero, que oportunamente deberá ser firmado por el Presidente de la Nación y los Gobernadores Provinciales, para ulteriormente ser ratificado por el Congreso de la Nación, busca afianzar una política de Estado Federal para homogeneizar y racionalizar los instrumentos de política minera, creando así una nueva plataforma de despegue de la actividad, en un ámbito que cuente con la debida licencia social, promueva la responsabilidad ambiental y optimice los beneficios económicos de la misma; ofreciéndole a los inversores y a las comunidades las garantías de confianza y previsibilidad que solo los marcos legales ofrecen.

Confidencial y secretísimo

Con un sello de agua de «Confidencial” en cada una de sus páginas, para asegurar su secreto, pero reposteado a un centenar largo de casillas, el borrador «definitivo” del Acuerdo Federal Minero viene siendo el hit del tórrido verano de la minería argentina.
Mining Press, el medio del sector que más informó sobre este proceso en el segundo semestre de 2016, quiso saber, de funcionarios y empresarios, su parecer acerca del documento que reproducimos a modo de primicia periodística junto a esta crónica. Los primeros se escudaron en lo sensible del arco político, para ventilar prematuramente los entendimientos federales sobre el porvenir minero.
Los segundos prefirieron no romper lanzas con el compromiso del secretismo. Tras las primeras filtraciones, en la primavera pasada, hubo duras advertencias para que el documento que pretende ser histórico no llegara a la prensa antes de la foto con Mauricio Macri. En aras de la debida y tan invocada transparencia, sirve este adelanto. El lector concluirá, como este diario, que más allá de los tactos políticos no hay demasiadas razones para ocultar el manifiesto bajo siete llaves como si se tratase de la fórmula de la gaseosa más popular.

Con observaciones

Daniel Meilán, el tenaz mentor del ACF, ha empeñado sus últimos meses de gestión en una apuesta «a todo o nada” al punto de reiterar que si no prospera el acuerdo se marcha. La idea del secretario nacional y de sus colegas autoridades mineras de las provincias es llevar a la próxima Prospectors and Developpers Association of Canada (PDAC) un marco suscripto por las 23 provincias argentinas, lo que incluye a las que quieren la minería y las que la desean ver lejos, al menos por ahora.
Las empresas, por su parte, han balconeado como los 30 puntos en los que finalmente terminó la redacción del ACF incluye temas tranquilizadores, algunos protocolares y otros inquietantes.
Nadie, por ahora, ha salido a cuestionarlo desde el sector privado con énfasis, pero existen numerosas observaciones que en estos momentos las cámaras del sector procuran hacer llegar al gobierno

Cuál será el plafón político

Además de detalles mayores y menores, las más recurrentes están referidas a las dudas sobre el plafón político que sostendrá la declaración, en un país en el que la minería suele pagar tributos y peajes a la falta de vocación por su desarrollo.
Licencia socio-ambiental y distribución de la renta, son en la Argentina, como en otros países, las claves que definen si hay competitividad y confianza para anclar futuros proyectos. Los inversores dirán si el inminente acuerdo despeja estas incógnitas.
(Fuentes: Ministerio de Energía y Mining Press)