Cuando en pleno diciembre pasado, el Gobierno cedió a la doble presión de la CGT y la oposición y avanzó más allá de sus planes iniciales en la reforma para reducir la carga del impuesto a las Ganancias sobre los salarios, muchos interpretaron que a cambio la administración de Mauricio Macri había conseguido el oxígeno suficiente para enfriar el escenario de conflictividad social al menos hasta el arranque de la nueva ronda de paritarias.
Pero la renovada amenaza sindical de una medida de fuerza para exigir respuestas frente al complejo panorama laboral en la industria, puso en jaque cualquier aspiración de una pax veraniega con la que se entusiasmaban en la Casa Rosada. «Los muchachos no se toman vacaciones», razonó irónico un importante funcionario tras el tono belicoso que imperó el jueves último en la cumbre sindical de Mar del Plata que organizó el gastronómico Luis Barrionuevo, uno de los gremialistas que suele ostentar su cercanía al macrismo. Ya un par de días antes las declaraciones de Juan Carlos Schmid habían encendido una luz de alarma entre los colaboradores del Presidente. El triunviro advirtió concretamente sobre la posibilidad de un portazo de la representación de la CGT en la mesa de dialogo tripartita.

La caja bien resguardada

Las nuevas advertencias gremiales alimentaron la posición de aquellos sectores del oficialismo que siempre impugnaron la política de concesiones de Macri a la dirigencia sindical. Allí volvieron a la carga con el recuerdo del acotado margen de ganancias en términos de disciplinamiento gremial que significó para el Ejecutivo la decisión presidencial de pagar la histórica deuda de $ 30.000 millones reclamada por las obras sociales sindicales.
En la vereda de enfrente, los funcionarios que defienden la instancia de diálogo con los caciques sindicales ponen el acento en que justamente esa estrategia fue la que posibilitó al Gobierno administrar el conflicto social sin mayores dificultades. «No tuvimos un solo paro general», suelen machacar frente a sus críticos. Y atribuyen los nuevos cortocircuitos con el gremialismo a la dinámica propia del año electoral en marcha.

Sin red

En la CGT se desmarcan de los cuestionamientos que enarbolan intereses electoralistas detrás de sus movimientos. Profundizan, en cambio, en una línea discursiva unívoca: su actitud es una reacción defensiva típica frente a lo que interpretan como una “provocación” oficial, que promueve una amplia reformulación de condiciones en el mercado de trabajo en medio de un contexto socio laboral crítico por el impacto de la caída de la actividad económica sobre el empleo y la capacidad de consumo de los trabajadores.
La alarma sindical crece y se sustenta en la convicción de que en la Casa Rosada no existe plan para contener los despidos y suspensiones que se acumulan principalmente en las fábricas metalúrgicas, textiles o del calzado. «No tienen o nos les interesa tenerlo», reprochan los sectores gremiales más molestos.
Antonio Calo, el jefe de la UOM, lo comprobó en persona durante la charla a solas que mantuvo la semana pasada con Macri en la búsqueda de alguna solución para evitar el cierre de la planta de la firma Banghó en Vicente López. El Presidente le advirtió que no habrá marcha atrás con la decisión de eliminar los impuestos a la importación de notebooks y le recomendó aceptar los proyectos de reconversión de la actividad alentados por la cartera laboral que comanda Jorge Triaca.

Flexibilización en puerta

Pero más allá del complicado escenario y la creciente presión de las bases industriales, nadie en la central obrera se atrevió a plantear la alternativa de un paro general en el corto plazo. La estrategia más inmediata se concentrará en la apuesta de restar apoyo al paquete oficial de iniciativas para promocionar la registración laboral (pasantías, subsidios a las contribuciones laborales) y a bloquear la doble ofensiva por reformular los convenios colectivos e imponer un tope del 20% a los acuerdos salariales. Empezar a marcar la cancha a paso lento pero seguro parece ser la consigna que se impone en la CGT.

Con los bombos a la calle

Ayer, la CGT definió la realización de un paro nacional acompañado por una movilización durante la segunda quincena de marzo, a la vez que anunció que no volverá a participar de las mesas de diálogo con el Gobierno y empresarios.
Así lo resolvieron los miembros del triunvirato y el resto de los dirigentes de la plana mayor de la central obrera en la primera reunión del año del Consejo Directivo, en la que finalmente se confirmó el endurecimiento de la postura hacia la Casa Rosada.
Las autoridades de la CGT también anticiparon que el próximo 7 de marzo acompañarán a los gremios industriales en una movilización a la sede del Ministerio de Producción, a pocos metros de la Plaza de Mayo, ante la caída de la producción industrial y el ingreso de importaciones que afectan al sector.
Según explicaron los miembros del triunvirato, Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, la decisión se tomó al poner en consideración el incumplimiento de los empresarios en el pago del bono de fin de año y por los despidos que se registraron en las primeras semanas del año, además de las medidas del Gobierno como la nueva suba de tarifas.
«Esto es el inicio del plan de lucha para que respeten los compromisos asumidos. Están las pruebas sobre la mesa, no hay tiempo más para diálogo, hay que cumplir, es la única forma que se puede revertir esta situación», expresó Acuña en declaraciones a la prensa tras el encuentro.

Fuentes: Cronista, Ámbito, otras