El jueves pasado se celebró, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un debate fue organizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, donde el gobierno santacruceño estuvo representado por la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia que depende del Ministerio de Desarrollo Social, Alejandra Shanahan.
Las exposiciones estuvieron vinculadas directamente a las políticas de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley, recordándose que, según la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la edad de punibilidad no podrá establecerse por debajo de los 16 años, sin perjuicio de las medidas especiales de protección que puedan adoptarse.
Al fundamentar la postura santacruceña, Shanahan sostuvo en principio que «sancionar una ley penal juvenil implica garantizar un tratamiento que no dependa de decisiones judiciales arbitrarias, ni sostener procedimientos tutelares. Implica generar y aplicar normas que contemplen las características de los adolescentes, pero sobre todo que evite la criminalización y estigmatización».
En ese sentido, consideró que «es importante que en el ámbito administrativo se garantice el desarrollo del joven y se generen medidas preventivas, socioeducativas y de abordaje integral contempladas en el sistema de protección de derechos» y consideró que «el proyecto de reforma presentado por el gobierno central no respeta los estándares internacionales, e implica un retroceso en materia de derechos humanos».
Por otra parte, un juez de dicha provincia, Nelson Sánchez, también estuvo presente en el encuentro y participó de las mesas de trabajo multisectoriales; paralelamente, se formó una comisión que consensuó la elaboración de una ley de responsabilidad penal respetuosa de los derechos de los adolescentes, y por mayoría se rechazó bajar la edad de imputabilidad por debajo de los 16 años de edad.

Chubut: teoría y práctica en los hechos

En la provincia del Chubut, dos casos puntuales reiniciaron la discusión por la baja de la edad de imputabilidad en los últimos meses; por un lado, el asesinato de René García, un madrynense de 38 años ultimado a golpes por un menor de 16 años, y por el otro, el caso de un menor de 16 que robó una camioneta y, conduciendo a gran velocidad, colisionó con Gustavo “Rocko” López, un trabajador de Oca que circulaba rumbo a su trabajo a bordo de un utilitario, lo que le costó la vida diez días más tarde, a raíz de las heridas sufridas.
Sumado a ello, días atrás, un menor de 13 años asesinó de una puñalada al novio de su madre, al haber sido esta golpeada por su pareja; en este caso, pese a que el joven es inimputable, también se encuentra protegido por el artículo 64 del Código Procesal Penal, dado que el hecho fue cometido en defensa de un tercero, cuya vida se encontraba amenazada.

Visión y análisis interdisciplinario

La ambiciosa reunión mantenida en CABA y coordinada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se desarrolló en el marco de varias mesas de trabajo del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. En el encuentro, al que asistieron más de 120 personas, se debatió la definición de imputabilidad de los menores.
Por su parte, el subsecretario de Política Criminal, Martín Casares, resumió la metodología con la que se desarrollaron los encuentros y remarcó que este es un proceso inédito en el Estado argentino, nunca un proyecto de ley tuvo un proceso tan abierto y democrático, a la vez que recordó que en la reunión inaugural participaron más de 80 expositores, entre ellos representantes de la Justicia, representantes de las provincias, ONG, Unicef y legisladores, y se acordaron 8 ejes de trabajo con su orden de abordaje, para así tener una visión integral sobre el sistema penal de los jóvenes.
En este contexto, la Plataforma de Gobierno Abierto del Ministerio: Justicia 2020 recibió aportes específicos de más de 190 ONG y 2000 personas, y publicó en forma permanente el trabajo realizado y los consensos alcanzados.

Casi todos en contra de bajar la edad

Por su parte, la titular de Unicef Argentina, Florence Bauer, expresó que «creemos que es importante la sanción de una ley de responsabilidad penal juvenil en línea con los estándares internacionales, que tenga un enfoque centrado en la prevención del conflicto y una estrategia orientada a la reinserción social” y planteó que “es necesaria la reforma del sistema, pero no es necesaria la baja de la edad de punibilidad; para que el proceso de desarrollo de la ley sea exitoso es central que no se apresure, que se debata ampliamente y que incluya aportes de todos los actores”.
En otro orden, la directora de la Fundación SUR Argentina, Laura Musa, mencionó que “hoy, el juez puede disponer cárcel o cualquier medida para adolescentes menores de 16 años” y, en ese marco, señaló que “urge enviar un proyecto al Congreso que fije la edad mínima de punibilidad y que todos los adolescentes gocen de las garantías de debido proceso, defensor técnico y sentencia apelable; por debajo de esa edad, la ley penal debe cerrar el caso y no habrá intervención asistencial-punitiva permitida; proponemos que las garantías se extiendan entre los 14 a 18 años, con penas privativas de libertad para la franja de edad más alta y delitos más graves y sanciones en medio abierto para la de menor edad”.
Asimismo, por parte de la Defensoría General de la Nación, Damián Muñoz destacó que “proponemos un régimen desde los 16 y hasta los 18 no cumplidos; la privación de libertad tiene consecuencias negativas sobre todas las personas, y esto se exacerba en el caso de los adolescentes”, agregando que “en el debate de estos temas se mezclan cuestiones de garantías con cuestiones de seguridad ciudadana”.

Jerarquización profesional, uno de los ejes

El encuentro arrojó varias conclusiones, entre ellas la necesidad de un abordaje temprano y una mayor prevención, siendo este último concepto el que “debe estar incorporado en una ley penal juvenil, puesto que hay una prevención antes, durante y después de la comisión de un hecho típico penal”.
Además, “para que sea efectiva la prevención, deben diseñarse políticas públicas, articulando los tres niveles de Estado (nacional, provincial y municipal), que prevean la cobertura de derechos básicos como salud, educación, empleo, etcétera”, sostuvieron los presentes, haciendo hincapié en la “necesidad de jerarquización profesional”.
A su vez, indicaron la urgencia de fortalecer las políticas públicas para la infancia y que “esto implica un fortalecimiento de la familia y/o los referentes afectivos, de acuerdo al Principio de Corresponsabilidad, que funcionan como soportes y acompañantes de los jóvenes” y que “es necesario avanzar en la designación del Defensor de los Derechos del Niño, tanto en el orden nacional como en cada provincia”
En otro ámbito, manifestaron “la importancia de ejercer prácticas restaurativas, las que han dado resultados positivos en otras partes del mundo, para la resolución de conflictos que promuevan procesos de responsabilizarían y aprendizaje”.

Pautas para dinamizar el trabajo judicial

También, los especialistas que participaron del encuentro apuntaron a una “justicia especializada” y al objetivo de “establecer la aplicación obligatoria de la norma especializada; el corpus iuris internacional para garantizar justicia especializada bajo pena de nulidad”, la “prohibición de aplicación subsidiaria de las normas penales de mayores, expresa prohibición del juzgamiento unificado del niño, niña y adolescentes con adultos”, añadiendo que “la Ley debe exigir la formulación de protocolos de actuación especializados”.
A su vez, apuntaron a incluir “sistemas procesales amigables, lenguaje de acuerdo a la edad, infraestructura específica edilicia y para traslados y centros de alojamiento transitorios, equipos interdisciplinarios para el poder judicial”.
En cuanto a las medidas alternativas, “se acordó la implementación de la técnica restaurativa como respuesta al delito”, anunciaron, detallando que buscarán la “creación de Programas focales para víctima y comunidad afectada”, una Unidad de Acción Restaurativa y el establecimiento del Centro de Asistencia a las Victimas Interdisciplinario.
Sobre esta línea, remarcaron la importancia de la “inclusión de la víctima en el proceso penal juvenil”.

El encarcelamiento como último recurso

En relación a los delitos y las sanciones, sostuvieron que se debe dar un “tratamiento diferenciado de los mayores de edad” y que “los delitos pasibles de sanción se definan conforme los bienes jurídicos más gravosos”.
Por otra parte, “todas las sanciones privativas de libertad deberán cumplirse en centro especializados y definirse taxativamente que delitos son pasibles de privación de libertad”, agregaron, haciendo referencia, también, al “encarcelamiento como una absoluta excepción” y a la “posibilidad de revisar las sanciones en forma permanente”.
Por último, hicieron hincapié en la necesidad de tener condiciones de detención que fomenten la reinserción, siendo la privación de la libertad de un niño “una medida de último recurso”, a la vez que apuntaron a un abordaje integral e interdisciplinario, acciones de monitoreo, articulación con los Ministerios de Salud, Educación y Deportes, capacitaciones a operadores de los centros de detención, presupuestos con aportes específicos y la dependencia orgánica de los centros de los organismos de protección.