El 94% de las personas que tienen a cargo funciones ejecutivas en el Estado no fueron seleccionados por concurso, según un informe reciente realizado por el GPS del Estado. Dichas personas ocupan cargos técnicos clave, funcionando como nexos entre las cúpulas políticas y los empleados municipales y, según el informe, al menos en el 51% de los casos no cumplen con los requisitos exigidos para ocupar sus posiciones.
A este grupo de trabajadores estatales, que constituyen un universo de 2.682 cargos repartidos en los 23 ministerios, se lo denomina Alta Dirección Pública (ADP). Son los responsables de gestionar estratégica y operativamente una organización estatal, así como de gestionar su entorno político. Tienen a cargo funciones ejecutivas de nivel equivalente a una dirección nacional o dirección general, jefatura, coordinación o dirección simple.
Según señala el informe elaborado por Gonzalo Diéguez, director del Programa de Gestión Pública del Cippec, en América latina existen tres tipos de sistemas de alta dirección pública.
El “sistema de posiciones” toma como criterio de acceso al mérito; el “sistema de carrera”, por otra parte, reposa en la permanencia de los empleados y en su crecimiento al interior de la estructura. Por último, el “sistema político” se encuentra atado a un criterio de acceso discrecional basado en la “confianza política”.
Ese último es el que –según el informe– se utiliza en Argentina, al igual que en otros países de la región como Paraguay y Honduras. “Desde inicios del 2002 hasta la actualidad, los cargos públicos con funciones directivas han sido cubiertos centralmente a través de una modalidad de corte discrecionales: las designaciones transitorias de las posiciones con funciones superiores”, señala el informe.
En Argentina, y según lo publicado en el Boletín Oficial, el 94% de las personas que ocupan estos cargos no concursaron. Es decir, que apenas un 6% atravesó esa instancia de selección.

Comparaciones odiosas

En otros países de la región como Chile, el número de directivos concursados asciende al 90%, e incluso en Brasil alcanza el 68% del total. Por otro lado, en Argentina sólo el 83% de ellos son profesionales, mientras que en Perú lo son el 100% y en Brasil el 94%.
A juicio de Diéguez, el sistema “político” que rige la modalidad de designación afecta la igualdad en el acceso al Estado y vulnera el principio de mérito. De hecho, de los datos procesados se desprende que al menos el 51% de quienes ocupan estos cargos no cumplen con los requisitos exigidos.
Durante el año 2016 se llamó a concurso para cubrir 21 cargos dentro de la Dirección de Museos Nacionales, lo que si bien significó un avance respecto de los años anteriores, representó sólo el 1% del total de la alta dirección pública. Para el 2017 el Gobierno se ha propuesto realizar 500 concursos. “Parece una cifra ambiciosa, que de todas maneras si se concretara representaría el 19% del total de universo de directivos públicos en el Estado Nacional”, dijo Diéguez.

Qué pasa en Chubut

En la provincia de Chubut el dato es similar al nacional. Los cargos políticos se disponen por discrecionalidad del partido y grupo gobernante, y en muchos casos se trata de nombramientos por el grado de fidelización partidaria o de confianza del líder. Esto se evidencia en el bajo perfil de los titulares de las carteras en general y en los entornos de asesores que requieren, además del tiempo prudencial de aprendizaje que se traduce muchas veces en inercia, de la cual reniega el propio Ejecutivo por terminar perjudicando el `todo´ de la gestión. Este segmento de dirigentes sin experiencia dirigencial, sin experiencia en las temáticas de las áreas en las que asumen, y en su mayoría sin trayectoria política como referentes, sino más bien como militantes, además concentra un importante porcentaje de la masa salarial del Estado.
Alguna vez, durante el segundo mandato del Gobernador Das Neves hubo de hecho una búsqueda para calificar y seleccionar más profesionales en los cargos políticos. Además, una gran cantidad de cargos ejecutivos terminan afianzándose en la estructura de planta a posteriori. Así lo expone la historia de la estructura operativa del Estado chubutense, hoy agigantada.

Una estructura agigantada

Actualmente, en total hay 43.385 empleados dentro de la administración pública de Chubut y desde diciembre de 2016, hubo un aumento del 3,9%. A nivel general, las provincias se mantuvieron prácticamente invariables, con una variación del 0,1%. En relación a Nación, hubo una reducción del 0,4% según los datos oficiales.
Chubut incrementó recientemente la plantilla de empleados públicos en 1.642 agentes, de acuerdo a los datos que se desprenden del informe elaborado por el Ministerio de Trabajo de la Nación para el primer semestre de 2016. Y en total, la provincia tiene 43.385 empleados en la administración pública.
Así, la provincia registró un aumento del 3,9% en la cantidad de personal, lo que representa la variación más importante en el país. Detrás de Chubut recién aparece Tucumán, con un aumento del 3,2% de empleados con respecto al mes de diciembre, lo que representa 3.562 trabajadores más.
En tercera posición en cuanto al incremento porcentual de la planta de trabajadores públicos aparece Formosa, que con 1.086 empleados más respecto a diciembre tuvo una variación del 2,4%.
Después, el resto de las jurisdicciones mostraron incrementos bajos, permanecieron con la misma planta o incluso varias la achicaron, como es el caso de La Pampa (-2,8%), San Luís (-2,3%), Tierra del Fuego (-1,8%), Mendoza (-1,5%), Entre Ríos (-1,2%), Córdoba (-1,1%), Jujuy (-1%), Santiago del Estero (-0,7%), Santa Fe (-0,7%), La Rioja (-0,1) y Buenos Aires (-0,1%).
En el nivel general de las provincias, la cantidad de empleados públicos se mantuvo prácticamente invariable, con un avance de apenas el 0,1% en el primer semestre. Se pasó de 2.275.888 agentes públicos, a 2.277.662.
Para el caso de Chubut, si se miran los números de modo interanual, el aumento de trabajadores dentro del estado es aún mayor. Entre junio de 2015 y junio de 2016, hubo alrededor de 3.000 ingresos (7,4%).
Los 1.600 agentes públicos que se incorporaron en la provincia en los primeros 6 meses de 2016 toma aún mayor trascendencia si se tiene en cuenta que lo que se destina para salarios está hoy por encima del 90% del gasto que realiza el Ejecutivo Provincial.
De forma complementaria, el déficit fiscal previsto en 1.200 millones a principios de este año, viró a 1.800 millones de pesos hacia diciembre, según estimó el Ministro de Economía Pablo Oca. Y en el medio está aún la posibilidad de reapertura paritaria en algunos sectores de la administración pública.
En lo que refiere al ámbito nacional, hubo una reducción del 0,4% en la plantilla, de acuerdo con los datos del Ministerio de Trabajo, con una desafectación de alrededor de 3.000 trabajadores. De todos modos, el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, admitió recientemente que se perdieron en el total de la Economía 120 mil puestos de empleo durante los últimos meses, creándose otros 35 mil.

Fuentes: CIPPEC, GPS.