Yo lijo, tu lijas… semana conjugada. En las próximas horas, el juez federal Ariel Lijo definirá tanto la apertura formal de la investigación por el Correo-Gate como si concede la solicitud del fiscal Juan Pedro Zoni para que el expediente quede bajo secreto de sumario, mientras se llevan a cabo las primeras medidas de prueba. El primer paso será recabar todos los informes del Ministerio de Comunicaciones acerca de los pormenores de la negociación con Correo Argentino SA, que derivó en la firma del acuerdo preventivo el 28 de junio del año pasado. La solicitud se procesó con facultades de allanamiento al organismo que depende de Oscar Aguad, lo que comenzó a producirse ayer. El juez accede así a la formalidad de la investigación, aunque se afirma que dosificará las medidas de pruebas solicitadas por la fiscalía. Entre otras cosas, ya habría trascendido que no habrá allanamientos a la Casa Rosada ni medidas espectaculares en el corto plazo, afirman fuentes confiables.
Mientras tanto, otra luz roja se encendió en la Casa Rosada a partir del movimiento que pueda tener la denuncia presentada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por un posible tráfico de influencias. Recayó en el juzgado a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, con intervención del fiscal Carlos Stornelli.
Esa presentación tuvo su primera consecuencia: el Procurador General del Tesoro, Carlos Balbín inició -a requerimiento de la PIA- una auditoría exhaustiva sobre el periplo que tuvo el acuerdo y un sumario administrativo sobre los funcionarios intervinientes. A Balbín le fastidió la noticia de que el Grupo Macri hubiera presentado demanda en el fuero contencioso administrativo a días de cerrar su acuerdo con el Estado, sin avisar como es de costumbre, al equipo de abogados del Estado.

¿Cómo se llama la película?

Las comparaciones suelen ser odiosas, pero en la semana, atravesará los tribunales la relación entre dos casos:
En el primero, un funcionario público se interesa por la suerte de una reconocida compañía y sus problemas con el fisco. Varios resortes del Estado se mueven para mejorar su situación, lo que deviene en un plan de pagos que primero es rechazado y luego es aceptado por parte de las autoridades nacionales. Ese beneficio redundaría en la posible contratación con el Estado por una cifra millonaria. La Justicia determina que esa compañía tenia relación indirecta con el funcionario. El funcionario queda en la mira por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. El contrato nunca se llevó a cabo, aunque luego la empresa es estatizada.
En el segundo caso, una reconocida compañía tiene una deuda con el Estado. Un funcionario se interesa por situación y varios resortes del Estado se mueven para aprobar un plan de pagos que primero se rechaza y luego se acepta. Esa negociación según la Justicia tendría un beneficio millonario para la compañía y no sería justa para el acreedor. La firma tiene relación directa con el funcionario, quien en la cadena de mando es superior a todos los que terminan avalando el beneficio. La maniobra es denunciada. El acuerdo denunciado se suspende y no se lleva a cabo. ¿Cómo se llama la película? Argentina, nada cambia.
Es que el primer ejemplo corresponde al Caso Ciccone, camino a juicio oral y que protagonizó el exvicepresidente Amado Boudou. El segundo describe al Correo-Gate por el que fue denunciado Mauricio Macri. La paradoja es que el juez que interviene es el mismo: Ariel Lijo. El mismo magistrado tiene a su cargo otra causa clave: la denuncia de Alberto Nisman por la firma del Memorando con Irán. Allí la Cámara de Casación rechazó el argumento defensivo acerca de que si no se había llevado a la práctica el acuerdo, no podía haber delito. El Gobierno creyó conjurar el capítulo penal del affaire del Correo con el llamado a “foja cero”, aunque los argumentos crearían ahora una paradoja.

El intento “foja cero”

Antes de la avanzada de Lijo, Mauricio Macri disparó un cañonazo de despedida, no sólo del país, previo a su viaje a España que lo mantendrá del otro lado del ´charco´ toda esta semana. Rápido de reflejos, pidió a la justicia que declare caduca la demanda del Correo Socma que pertenece a su familia. Con eso intentó salir del entuerto público.
Para ello, antes del mediodía de ayer, el gobierno presentó un pedido a la justicia que pide declare, por prescripción de los plazos, la caducidad de todos los reclamos en la causa “Correo Argentino S.A c/ Estado Nacional”. Lo firmaron el ministro de Comunicaciones Jorge Aguad (antes de ser allanado) con el patrocinio del procurador del tesoro Carlos Balbín.
Con este gesto el gobierno intentaba cerrar el debate con el rechazo de la demanda y, en consecuencia, del acuerdo de acreedores que deberá decidir la justicia del fuero Contencioso Administrativo.
Según el columnista especializado Ignacio Zuleta, el fin de semana se fraguó la decisión en la mesa chica de asesores jurídicos de Macri, de la que forman parte Fabián Rodríguez Simón, José Torello, Pablo Clusellas, Balbín y alguno más. Esa mesa había recibido el viernes la instrucción de que hicieran alguna presentación que cerrase de manera definitiva el conflicto. “Actúen – fue la consigna – como si fueran abogados de un cliente privado, y que ese cliente es el Estado Nacional al que hay que defender”.
La tarea obligó a que permanecieran en Buenos Aires algunos de los miembros de esa mesa como Rodríguez Simón, quien suspendió el viaje al Uruguay adonde participaría de la reunión de la mesa directiva del Parlasur.
La caducidad del juicio implicaba la prescripción de cualquier crédito reclamado por los privados. Según el relato que hace la demanda “El 13 de junio de 2016 Correo Argentino S.A. (CASA) inició una demanda por daños y perjuicios contra el Estado Nacional con causa en los supuestos perjuicios sufridos por la presunta apropiación antijurídica de bienes del CASA en el marco de la re estatización del servicio. Expediente 38109/16.
” En fecha 30 de junio de 2016 el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nro 9, secretaría 17, dispuso que CASA notificara la demanda a la Procuración Nacional del Tesoro. C.A.S.A. no cumplió hasta el momento con tal resolución del Juzgado.
“En consecuencia, habiendo transcurrido el plazo de seis meses establecido en el inciso 1) del artículo 310 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se produjo la caducidad de instancia en dichas actuaciones.
“Si bien en fecha 17 de agosto de 2016 CASA presentó una ampliación de la demanda, aumentando la cuantía del reclamo, este acto no resulta impulsorio del proceso.
“La caducidad de instancia se produjo por no cumplir CASA con la notificación a la Procuración del Tesoro de la Nación tal como había ordenado el juez actuante el 30 de junio de 2016.
“El plazo de seis meses comenzó a correr el 1 de julio de 2016 y, detrayendo las ferias judiciales de invierno y verano tal como indica el artículo 311 del Código Procesal, por lo que la caducidad recién habría operado el pasado martes 14 de febrero de 2017.
Ahora con la avanzada de Lijo, habrá que ver cuales de las vías prospera, o si ese proceso resguarda en tanto la avanzada de la caducidad.
No es para nada casual que todo el resto del ramillete de denuncias contra el Presidente sean unificados bajo la órbita de Lijo. A la guarda de su par Rodolfo Canicoba Corral, quien tiene como fiscal a Federico Delgado, quien es mirado con desconfianza por el Gobierno tras la dirección que le imprimió a la causa Panama Papers y al caso de Gustavo Arribas. Habrá que ver…

Fuentes: AF, ZST, NA.