Los elevados costos logísticos, la baja productividad laboral, la regresividad del sistema tributario, y la ausencia de un marco regulatorio adecuado son las principales asignaturas pendientes de la economía argentina que afectan la competitividad de la industria minera. Así lo consigna un informe dado a conocer por la consultora ABECEB.
Según la firma, estas condiciones también postergan la puesta en marcha de proyectos de inversión por un monto de 20.000 millones de dólares, que podrían generar 38.700 empleos directos e indirectos.
“Los proyectos en condiciones de comenzar a producir en la próxima década son claves ya que, con la puesta en marcha de estas iniciativas, incrementandose en una tasa el promedio anual del 4,6% hasta 2025. Pero esto sin dudas, dependerá de las condiciones regulatorias y económicas que exhiba nuestro país”, aseguró Mariano Lamothe, director de Mercados de Energía, Minería e Infraestructura de ABECEB.

Generación de empleo

La importancia del impulso a la actividad en términos de generación de mano de obra es esencial. Los nuevos proyectos permitirán sumar un total de 11.800 puestos de trabajo directos y hasta 38.700 considerando contratistas y empleo indirecto. Así, considerando el total de la minería, a 2025 el sector podría llegar a superar los 120.000 puestos de trabajo tomando en cuenta proyectos en construcción e industria de base minera.
A pesar de esta perspectiva de inversiones significativas, actividad creciente y generación de empleo, su concreción depende de que se trabaje en diversos factores que afectan negativamente la competitividad de la minería argentina.

Volatilidad

En este menú de variables se destacan la productividad laboral: Se observa una tendencia negativa en la minería argentina, dando como resultado una caída del 45% en dólares y 38% en términos constantes entre 2006 y 2016. En ese plazo, los salarios del sector crecieron un 181% en dólares, muy por encima de la inflación. De esta manera, la productividad por cada dólar de costo salarial mostró una merma muy considerable, derrumbándose a menos de la cuarta parte de su valor.
Marco inversor: la mayoría de las provincias argentinas califican sensiblemente por debajo de los competidores de la región. Esto es producto de la mayor volatilidad macroeconómica, falta de definiciones en cuestiones normativas clave e incertidumbre respecto a cuestiones fiscales. Salta y San Juan aparecen como las provincias con clima de negocios más favorable, en contraposición a lo que ocurre en Catamarca y Santa Cruz.
Costos logísticos: el país se encuentra en desventaja debido a elevados costos de transporte y una desfavorable localización de los yacimientos minerales. En particular, la región NOA es la más afectada. El desarrollo ferroviario podría ayudar a reducir los costos en la zona.
Presión tributaria local: es superior a la observada en Chile y Perú. A su vez, al tratarse de una estructura regresiva, desincentiva la realización de proyectos de rentabilidad media o baja, inhibiendo el desarrollo del sector.

Precios internacionales

Hay que considerar que los precios de los minerales evolucionaron sensiblemente por debajo de las demás variables durante la última década. Incluso si a esto se adiciona el impacto de la quita de derechos de exportación, los precios igual se han incrementado sensiblemente por debajo de la inflación general. Adicionalmente, debe considerarse el impacto negativo que ha tenido en la competitividad la importante apreciación real observada entre 2007 y 2015, que no ha sido compensada por el incremento del tipo de cambio observado a fines de este año. Mientras que el precio de los “insumos importados” creció 477% en la última década; el IPC aumentó un 762% y los costos logísticos un 968%.

Estabilidad fiscal

“Establecer mejores condiciones de competitividad para la minería impulsará el crecimiento económico a partir de nuevos proyectos”, subrayó Lamothe.
Por este motivo, para el sector es prioritario hacer cumplir la Ley de Inversiones Mineras, para garantizar especialmente la estabilidad fiscal, definir cuestiones regulatorias para eliminar incertidumbres sobre la autorización de los proyectos mineros futuros, reducir la conflictividad gremial, y fundamentalmente, revisar el sistema de tributario.
Para Lamothe es sustancial que “el nuevo sistema tributario del sector sea el resultado de un consenso entre el gobierno nacional, provincias y representantes del sector”.
Esta nueva estructura debería reducir la regresividad del sistema, a través del reemplazo de tributos que gravan los ingresos por otros que graven las utilidades en forma progresiva; permitir una mayor participación de las provincias en la renta minera y respetar la estabilidad fiscal de los proyectos en actividad. A su vez, una vez definida la nueva estructura, la realización de los proyectos no debería a aportes no tributarios creados ad-hoc para cada proyecto.

Condiciones ambientales

Los integrantes del sector sostienen que para potenciar la actividad también es importante unificar criterios entre provincias en cuanto a las condiciones ambientales y normativas exigidas a los distintos proyectos mineros y reducir los costos administrativos para la exportación e importación, muy superiores a los de los países vecinos. Además, autoridades nacionales, provinciales, empresas, sindicatos y diversas organizaciones deberán trabajar conjuntamente en lo que se refiere a la difusión del aporte económico de los proyectos, cuidados ambientales y en la reducción de la conflictividad gremial.