Con el año electoral como incómodo telón de fondo, el Gobierno nacional y las provincias dispararán mañana en la Casa Rosada una millonaria pulseada para encarar una reforma de la Ley de Coparticipación Federal, con la meta de intentar consensuar un reparto más equitativo de la jugosa torta de tributos que se derraman sobre las arcas federales y locales.
Se trata de una asignatura pendiente desde la reforma constitucional de 1994, que requiere del aval de todos los gobernadores y de Nación para ser plasmada y que por eso se convirtió, al menos hasta ahora, virtualmente en una utopía.
El encuentro arrancará hoy a las 17 y recibirán a los ministros de Economía de todas las provincias el titular de la cartera de Hacienda, Nicolás Dujovne, y su par de Interior, Rogelio Frigerio.

Reforma tributaria integral

El Gobierno de Mauricio Macri alienta un giro en el mecanismo de reparto y sondeará la aplicación de coeficientes móviles, en lugar del actual formato de coeficientes fijos que regulan la distribución.
Se trata de una ecuación -explica el subsecretario de Relaciones con Provincias del Ministerio del Interior, Paulino Caballero- «entre el gasto consolidado de cada Estado y cuánto tendría que recibir de la renta nacional esa jurisdicción»,
Es un tema áspero. «La capacidad fiscal es capacidad de recaudación, porque hay provincias que prácticamente no hacen nada en recaudación tributaria y recaudan muy poco de su potencial recaudatorio», remarcó, ligando así a la discusión por la coparticipación con otra de las apuestas que impulsan desde Balcarce 50: la de una reforma tributaria integral.

Resignar recursos

A fuerza de sucesivos parches, la norma de coparticipación vigente hoy favorece a Nación, que recibe una tajada de cerca del 70% del total a repartir, en detrimento de los gobernadores. Sólo en enero pasado, las provincias recibieron $56.525 millones en ese rubro automático.
Esa es la primera gran discusión, y ya desde la administración de Macri se mostraron dispuestos a que Nación resigne recursos, en pos de intentar arribar a un acuerdo y bajo la bandera de apostar a un mayor federalismo en términos de recursos.
Pero hay una segunda puja, no menos engorrosa: la de la distribución secundaria, la que marca cómo se repartirá la torta entre las provincias.
Será un debate arduo, a juzgar por las fichas que comenzaron a jugar los gobernadores, varios de los cuales ya salieron a anticipar su pretensión de volver a niveles de coparticipación cedidos años atrás.

Reparación a Buenos Aires

La batalla mayor es la que encara la macrista María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires: la de recuperar puntos perdidos en la década del ochenta -durante la gestión del radical Alejandro Armendáriz- y la de perforar el techo de $ 650 millones que paraliza al Fondo del Conurbano bonaerense desde 1997.
La aspiración es lograr unos $ 70.000 millones anuales extra por ambos conceptos (más allá de los $ 25.000 millones adicionales que recibió el distrito semanas atrás, en una iniciativa de Macri para intentar compensar el impacto del congelamiento de ese fondo).
«Es una provincia que está generando una renta del 40% a 45% del Producto Bruto Interno, no puede estar recibiendo menos del 26% al 27%» del reparto de impuestos coparticipables, sostuvo Caballero. Un retoque en la actual escala de reparto redundaría en un aumento en este rubro para Buenos Aires -afirman- del orden del 58%.

La sábana corta

El desafío es grande: la sábana es corta y ya otros mandatarios anticiparon que exigirán más fondos para sus distritos, también bajo el argumento de superar una distribución hoy «discriminatoria».
Por caso, la gestión del chubutense Mario Das Neves (Chubut Somos Todos) reclamará recibir $ 1.300 millones anuales adicionales de coparticipación.
«El Gobierno está proponiendo una situación de distribución en razón del gasto que tiene cada jurisdicción y su capacidad de generación de recursos», afirmó por su parte el ministro de Hacienda de Chaco, Cristian Ocampo, además de remarcar: «Tenemos que analizar bajo qué parámetros y criterios se prevé este tipo de estimación; vamos a ser muy contundentes en la necesidad de disponer de fondos para el desarrollo de nuestra provincia».
Con ese caliente telón de fondo, Caballero resalta que será una discusión » a nivel técnico», con técnicos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. «Este año hay elecciones, por lo que no queremos meter ruido porque lo pueden interpretar los gobernadores como que los estamos perjudicando; y puede abrir susceptibilidades y no es la idea», evaluó, respecto de un proyecto que, de ser plasmado, sería enviado al Congreso tras los comicios parlamentarios de octubre. (Fuente: Ámbito)