El Gobierno dará el puntapié inicial mañana martes hacia una nueva ley de Coparticipación Federal, en una reunión en la Casa Rosada con los ministros de Economía de los 24 distritos del país, en la que se planteará un sistema de medición de prestación de servicios y capacidad recaudatoria, con lo que la provincia de Buenos Aires pasará a percibir casi un 35% más de recursos.
El subsecretario de Relaciones con Provincias del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Paulino Caballero, encargado de la organización, explicó a Télam que la ley de Coparticipación vigente, la 23.548, es «transitoria, ya que en un año se tenía que sacar la definitiva y no se hizo, y así pasaron 30 años prácticamente y seguimos con parches, uno tras otro, lo cual se transformó en una situación caótica».
El nuevo sistema, sin embargo, podría traer polémica porque una de las provincias beneficiadas será la de Buenos Aires -como así también la ciudad de Buenos Aires, ambos distritos gobernados por el oficialismo- sobre la que la que ya hay críticas porque el presidente Mauricio Macri le transfirió directamente 25 mil millones de pesos, en enero pasado.
En la entrevista con Télam, en su oficina del Ministerio del Interior, Caballero apuntó que la de Buenos Aires «es una provincia que está generando una renta del 40/45 por ciento del Producto Bruto Interno», por lo que remarcó que «no puede estar recibiendo menos del 26 al 27 por ciento» del reparto de impuestos coparticipables.
La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, busca recuperar los 7 puntos de coparticipación que la Provincia perdió en la gestión del expresidente Raúl Alfonsín y, por ese motivo, fue a la Corte para que le valide el reclamo. Ahora recibe casi el 20% de la coparticipación y aspira a llegar a casi el 30%.
Respecto a la nueva ecuación que se propondrá para establecer la forma de distribución, Caballero aclaró que «ya hay esquemas que están funcionado con indicadores de reparto afectados a prestación de servicios».
«De hecho -amplió- en la provincia de Buenos Aires se utilizan indicadores que están afectados a la prestación de servicios: en Argentina funciona así en algunas provincias. Lo que no es normal es cómo está funcionando ahora, con un régimen de coeficiente fijo, con lo que cambió el país en 30 años desde el punto de vista de la estructura demográfica, económica y productiva».
El funcionario confió que la idea es remitir el proyecto de ley al Congreso luego de las elecciones legislativas, una vez logrado el «consenso» con las provincias, ya que para ser aprobado debe tenerse el visto bueno de las 23 provincias y de la ciudad de Buenos Aires.
Los funcionarios tratarán un sistema de medición de prestación de servicios y la capacidad recaudatoria de las provincias. Este sería el puntapié inicial para avanzar con un anteproyecto de Ley de Coparticipación Federal.
La normativa vigente es “transitoria, ya que en un año se tenía que sacar la definitiva y no se hizo, y así pasaron 30 años prácticamente y seguimos con parches, uno tras otro, lo cual se transformó en una situación caótica”.

Chubut pisa fuerte

Por su parte, Chubut anunció que solicitará $ 1.300 millones adicionales por año en concepto de coparticipación. Así lo manifestó el Ministro de Economía la semana pasada. En ese sentido, Pablo Oca, pidió cambios para «regímenes transitorios» que rigen desde 1988.
Acompañado por parte de su equipo técnico, el ministro explicó el reclamo exhibiendo la curva de ingresos de los últimas cuatro décadas. El funcionario destacó que «el período que va del ’73 al ’84, en que rigió un sistema de coparticipación de impuestos nacionales, y luego se transformó en regímenes transitorios entre el ’85 al ’87».
Asimismo, el ministro de economía aseguró que «la situación nuestra es similar a la de la provincia de Buenos Aires, que fueron relegados durante años, y si a ellos Nación los atendió, es lógico que lo haga con nosotros».
Los ministros se habían reunido el 21 de noviembre oportunidad en que se abrió una mesa de diálogo, y “se establecieron las bases y la metodología con la que se va a trabajar: es una ecuación entre el gasto consolidado de cada Estado y cuánto tendría que recibir de la renta nacional ese nivel de gobierno o jurisdicción”.