El Gobierno alemán aprobó en su Consejo de Ministros un polémico proyecto de ley que endurece su política de asilo y facilita, al mismo tiempo, la expulsión de decenas de miles de refugiados a quienes les fue denegada su petición de asilo. El proyecto de ley, que debe ser aprobado por la Cámara Alta y el Parlamento federal, contempla el acceso, por parte de las autoridades, a los teléfonos móviles y ordenadores de los peticionarios de asilo para determinar su nacionalidad.
La futura ley, según el deseo del Gobierno germano, debe agilizar las deportaciones de los peticionarios de asilo y también incluye sanciones drásticas para todas aquellas personas que hayan facilitado datos falsos a las autoridades en el momento de ingresar al país.
El contenido de la futura ley fue negociado hace dos semanas entre los 16 Estados federados, que son responsables de las expulsiones y el Gobierno federal, una realidad que facilitará su aprobación en el Bundesrat— Consejo Federal—. La aprobación del proyecto no corre peligro en el Bundestag— Parlamento Federal—, donde la coalición de gobierno cuenta con una holgada mayoría.
“Si un refugiado ha realizado noventa llamadas telefónicas a Sudán y le dice a las autoridades que él viene de Eritrea, es fácil suponer que se trata de un sudanés”, dijo el ministro del Interior, Thomas de Maizière, al justificar la nueva medida y, al mismo tiempo, rechazar las críticas formuladas por los dos partidos de oposición, Los Verdes y La Izquierda, que denunciaron que la medida vulnera la esfera privada de las personas. “La medida es inteligente y razonable”, añadió el ministro.