El gobierno de Mauricio Macri diseñó un cronograma para depurar el Poder Judicial y destituir mediante juicio político en 2017 a media docena de jueces sospechosos de corrupción o de mal desempeño. De esta manera, busca dar señales de transparencia y cambio institucional, una de las promesas de campaña de Cambiemos. Y de paso, disciplinar a otros, mientras continúa la escalada judicial contra el ex gobierno.
Dicen que la otra parte del plan, que coordina el ministro de Justicia, Germán Garavano , es nombrar por lo menos 70 nuevos jueces para cubrir cargos vacantes. Todo ello se gestionaría en medio de la campaña para las elecciones legislativas de octubre próximo.

Fuerte avanzada

El miércoles pasado, el oficialismo logró aprobar 13 ternas para cubrir juzgados vacantes. El propio Macri sigue de cerca el proceso y está al tanto del cronograma. Altas fuentes del Gobierno trascendieron que, a fines de marzo, el oficialismo dará el primer paso cuando intente lograr la remoción de Eduardo Freiler, miembro de la Sala I de la Cámara Federal.
Entre abril y agosto, Cambiemos se ocuparía del juez federal Daniel Rafecas, y en el último cuatrimestre del año, buscaría consenso para destituir a Ana María Figueroa, de la Cámara de Casación; a Oscar Hergott, camarista del Tribunal Oral Federal de la Capital, y a Jorge Ferro, camarista federal de Mar del Plata. El propósito es elevar esos casos a juicio político.

Aliados y cómplices

Para lograr ese objetivo, el oficialismo necesita reunir el voto de al menos 9 de los 13 consejeros. Cambiemos podría conseguirlos en algunos casos, pero la estrategia del oficialismo podría complicarse en otros. Dependerá de cada acusación.
Cerca de Macri aseguran que Garavano y el jefe de asesores presidenciales, José Torello, trabajan con prudencia y en línea con los bloques de diputados y senadores de Cambiemos, representados en el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de nombrar y remover jueces.
“Hay varios jueces en la lista, pero iremos de a poco y según las evidencias y el consenso dentro del Consejo para pedir el juicio político”, dicen que afirmó al matutino porteño La Nación, un funcionario cercano al Presidente.
El principal operador del macrismo en el Consejo es el diputado Pablo Tonelli, presidente de la Comisión de Disciplina y Acusación, que evalúa las denuncias y las eleva al plenario que luego define el juicio político mediante el jury.
Las recientes auditorías del Consejo de la Magistratura al desempeño de los jueces federales de Comodoro Py jugarán un papel clave. El presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera, que pidió esas auditorías, comenzará a analizar por estos días sus resultados, que son públicos y abiertos a cualquier ciudadano, para avanzar en nuevos pedidos de juicio político.
Empero, desde mucho antes de esas auditorías, Freiler está acusado de enriquecimiento ilícito. Y Rafecas fue denunciado por mal desempeño, al igual que Ana María Figueroa, Hergott y Ferro.

Primer paso

Como primer paso en su ofensiva, el Gobierno logró desplazar el miércoles pasado a Juan Cubría, que era el administrador del Consejo de la Magistratura. Lo reemplazó por Agustín Cinto con una mayoría facilitada por Jorge Candis, consejero académico que le dio al oficialismo el noveno voto necesario de los 13 consejeros del cuerpo.
Ésta fue la mayor novedad en la relación de fuerzas en el Consejo. Cubría, hijo de la jueza federal María Servini de Cubría, tenía el apoyo del kirchnerismo.
“Este año queremos que asuman 70 nuevos jueces como mínimo. Va en serio”, dijo un alto funcionario. El mismo miércoles, el Consejo aprobó 13 ternas de jueces para cubrir vacantes en la Cámara Laboral, en la Cámara Federal de Paraná, en la de Tucumán y en la de Mendoza. El voto de Candis fue la clave para obtener la mayoría de dos tercios en el Consejo.

Se van o los van

La Casa Rosada comenzó la depuración judicial el año pasado. Ante la amenaza de seguras destituciones mediante juicio político, renunciaron varios magistrados: el ex juez federal de la Capital Norberto Oyarbide, el ex presidente del Tribunal Oral Federal de La Plata Carlos Rozanski, el ex juez federal de La Pampa José Antonio Charlín, el ex juez federal de Orán Raúl Reynoso (luego detenido por presuntos vínculos con el narcotráfico) y el ex camarista federal de Bahía Blanca Néstor Montizenti.
El Gobierno descuenta que podrá lograr los dos tercios de los votos en el Consejo de la Magistratura para activar el juicio político en algunos casos, pero contempla la posibilidad de enfrentar complicaciones para alcanzar el número necesario en otros. Los votos incondicionales de la Casa Rosada son los de los diputados Tonelli, Gustavo Valdez, el senador Ángel Rozas y el representante del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahiques. Cuatro votos con los que puede contar.
Además, cuenta como aliados a la presidenta del Consejo, Adriana Donato, y al vicepresidente, Miguel Piedecasas. Dos votos más. Y también los jueces Luis María Cabral y Leónidas Moldes suelen coincidir con el oficialismo. Aunque estos últimos dos votos podrían cambiar según quiénes sean los jueces acusados.
A esos posibles 8 votos a favor de la estrategia de la Casa Rosada se sumó el reciente de Candis, lo cual abrió una perspectiva optimista para el Gobierno. Sabe que nunca podrá contar con el apoyo de los consejeros kirchneristas, Virginia García, Ruperto Godoy, Rodolfo Tailhade y Gabriela Vázquez.

Votos necesarios

Tal como están las cosas, al menos nueve de los 13 votos en el Consejo necesita el oficialismo para remover a un juez por la vía del juicio político
En la Casa Rosada confían en alcanzar ese número en los casos más polémicos, pero en otros prevén dificultades
El proyecto, de cara a las elecciones de octubre, tiene en la mira, en principio, a cinco magistrados de renombre.

Los cinco apuntados

Eduardo Freiler es uno de los apuntados. Es el juez de la Cámara Federal investigado por enriquecimiento ilícito, ya que sus bienes llegan a 5,3 millones de pesos, además de sus gastos en viajes al exterior.
Daniel Rafecas es otro que tiene los cañones encima. El Consejo de la Magistratura examina si el juez federal incurrió en mal desempeño por no reabrir la denuncia de Nisman contra Cristina.
Ana María Figueroa está en la lista negra. Según una auditoría aprobada por el Consejo, hay varias causas en que la magustrada que preside la Sala I de la Cámara de Casación cometió irregularidades.
Oscar Hergott es otro de los que tendría un pie afuera. El camarista del TOF 5 de la Capital fue denunciado ante el Consejo por otra integrante del tribunal, la jueza Adriana Palliotti, por violencia de género.
Jorge Ferro, también en la cuerda floja. Cinco fiscales denunciaron al juez camarista ante el Consejo por proteger y ser socio de un prostíbulo VIP llamado Madaho´s.
Así la cosa, la avanzada del Ejecutivo sobre otro de los poderes del estado, en este caso el Judicial, exponen el nivel de politización y manejo que ni empezó ni terminó con el ex gobierno K, lamentablemente. Una peligrosa degradación del sistema cada vez más descarado. Habrá que ver…

Fuentes: DJ, LN, NA.