El gobernador del Chubut, Mario Das Neves, denunció públicamente en noviembre pasado al juez federal, Guido Otranto, por la liberación del líder del movimiento separatista Resistencia Ancestral Mapuche, Facundo Jones Huala. Este gesto, con las consecuencias políticas y sociales que implica, fue respaldado por la Federación de Sociedades Rurales del Chubut.
El organismo agrupa a la Sociedad Rural de Esquel, de Comodoro Rivadavia, del Valle del Chubut, de Camarones, de Sarmiento, del Sudoeste del Chubut y la Sociedad Rural Tehuelches.
En el comunicado señala que “la aparición pública del gobernador Mario Das Neves en los medios, ha significado para nuestra entidad una bocanada de aire fresco, que renueva la esperanza e invita a creer que dentro de la política no todos son cobardes, que no todos se esconden ante los problemas”.
Además, remarca que “un gobernador denunciando a un juez federal, fundando de manera pública su reclamo, enaltece la democracia y muestra que la raíz de nuestra conformación Federal, requiere de gobiernos provinciales fuertes capaces de suplir debilidades de personas o del propio sistema”.
Previo a esto, el comunicado hace un repaso de las prácticas antidemocráticas y violentas que utiliza el grupo que encabeza Facundo Jones Huala para realizar sus reclamos en nombre de los derechos de los pueblos originarios.
“Hace algunos años comenzó en la región cordillerana del Chubut un movimiento de reclamo de tierras por supuestos descendientes de Mapuches. El método utilizado fue la directa introducción en predios, para, luego de consumado el hecho, sostener posiciones reivindicatorias de derechos nunca suficientemente demostrados”, dicen los ruralistas.
“También la política generó reformas constitucionales y leyes reglamentarias, destinadas al tratamiento de la cuestión indígena, desde una posición mucho más declarativa que práctica, porque en lo esencial, nunca se especificó de dónde o cómo saldrían los predios que debieran retornar a comunidades aborígenes”, añaden en el documento.
“La morosa tarea de la justicia, la ausencia de resoluciones en tiempo y forma y la intervención de grupos extranjeros y nacionales dispuestos a impedir el libre accionar de una justicia plena, convirtieron los reclamos aborígenes en tomas de campos por la fuerza, hasta la irrupción violenta, injustificada y delictiva, de un grupo supuestamente Mapuche, que ingresó a un establecimiento conocido como Estancia Leleque”.
“La inmensa vergüenza de ver a Gendarmería limitándose a avisar que un kilómetro más adelante está el tránsito cortado por menos de una docena de encapuchados, llevan a pensar que si es esa la tarea de Gendarmería, está mucho más cercana a la complicidad que al verdadero rol de su tarea profesional”, reprocharon desde la Federación de Sociedades Rurales.