Este lunes, en la ciudad de Esquel, quedaron detenidos con prisión preventiva, luego la audiencia de formalización de la investigación, los cinco imputados por la muerte de Javier Millacán el sábado por la noche. La víctima falleció estando internada en el hospital y el domingo se realizaron allanamientos y la detención de los cinco sospechosos.
La detención se produjo a partir de una orden judicial, solicitada por la Fiscalía y autorizada por el juez de turno, simultáneamente a los allanamientos. Los cinco detenidos fueron llevados el lunes al mediodía a los Tribunales de Esquel, sin embargo la audiencia se demoró algo más de una hora. En ese tiempo tomaron contacto con defensores públicos y fueron asesorados.

El hecho

La funcionaria de Fiscalía, Julia Mateos, describió el hecho indicando que ocurrió el sábado aproximadamente a las 21:30 horas, cuando un grupo de personas integrado entre otros por los cinco imputados, de dirigió a un mercado del barrio Estación donde sabían que estaba Javier Millacán consumiendo bebidas alcohólicas junto a otras personas. Allí, siempre según el relato de Mateos, le dieron muerte mediante el uso de, al menos, un arma de fuego y un arma blanca, piedras, golpes de puño y patadas, ocasionándole múltiples heridas que horas después le produjeron la muerte mientras estaba internado en el hospital zonal.
Mateos explicó que la autopsia no había concluido al inicio de la audiencia, sin embargo en una comunicación telefónica, la médica forense adelantó que la muerte se produjo a partir de múltiples heridas, 13 de ellas con arma blanca, algunas en abdomen y en otras zonas del cuerpo. También presentaba hematomas incluso en el cráneo. Provisoriamente, el hecho fue calificado como homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas.
El Ministerio Público Fiscal contará con el plazo de seis meses para finalizar la investigación penal preparatoria.

La prisión preventiva

La Defensa no cuestionó la detención, ni la apertura de la investigación. La discusión entre las partes se produjo al momento en la que Fiscalía requirió al juez la imposición de prisión preventiva para todos los imputados por un plazo de dos meses.
El pedido se basó en los peligros de fuga y entorpecimiento procesal. Entre otros aspectos, la acusadora planteó que aun resta determinar con certeza si hubo otras personas que también hayan participado de la agresión homicida. También se refirió a la necesidad de proteger a los testigos y de asegurar la investigación, resaltó la gravedad y características del hecho y la particularidad del caso ya que la víctima, su familia y los imputados, son vecinos.
La Defensa se dividió, Bruno Deias representó a cuatro de los imputados y Valeria Ponce al quinto. Ambo se opusieron al dictado de la medida. Sostuvieron que la sola gravedad del hecho no es suficiente para dictar un encarcelamiento preventivo y es obligación del juez buscar alternativas a la medida cautelar más gravosa que ofrece el Código. También se refirieron al arraigo de los acusados en la ciudad y a los lazos familiares y laborales que garantizan su permanencia. Valeria Ponce se basó en la declaración de su defendido para señalar que la situación de este se diferencia con la del resto ya que sostiene que no participó de la acción homicida, sino que simplemente estaba en el lugar. La defensora ofreció un domicilio en otro barrio para que el imputado mude su lugar de residencia y evite contacto con testigos y demás imputados.

Peligro de fuga y entorpecimiento procesal

Martín Zacchino dispuso la prisión preventiva por sesenta días. El magistrado entendió que las características del hecho hacen presumir que los imputados no se someterían al proceso en libertad. La intensidad con que fue cometido el hecho es relevante a la hora de disponer una prisión preventiva, quien decide cometer un hecho de esas características, más aun puede incidir sobre testigos, amenazar, ocultar, incluso fugarse (Zacchino). El juez tuvo en cuenta también la posibilidad de que hubiera más personas involucradas en el hecho, que aun no fueron llevadas a proceso e indicó que debe «analizar la decisión de la prisión preventiva ponderando todos los elementos en conjunto y no de modo aislado». Así, sostuvo que el arraigo de los imputados, frente a una amenaza de pena de prisión perpetua, es débil.