Lázaro Báez sumó un procesamiento más a su complejo escenario judicial. Días atrás, el juez en lo Penal Económico Ezequiel Berón de Astrada lo procesó por no cumplir con los aportes de los trabajadores de 15 empresas por una suma de $ 33 millones. La medida alcanza a su hijo Martín Báez y al presidente de Austral Construcciones, Julio Mendoza. A su vez, se dictó un embargo por $ 33 millones al empresario K. La defensa del empresario, como la de su hijo, apelarán en febrero la decisión.
En esta causa, el dueño del grupo Austral, había responsabilizado a Cristina Kirchner y a Julio De Vido por el retraso en el pago de los certificados de obra, “obligando a la búsqueda de financiamiento externo” y a su vez, “generando dificultades en el pago donde se priorizaron los salarios y quincenas de los trabajadores”. Así justificó Báez no haber realizado el aporte correspondiente a un importante grupo de trabajadores.
Berón de Astrada tomó indagatoria a más de 26 personas y en el caso de Lázaro Báez lo citó hace pocas semanas para ampliar su declaración. El juez consideró que en el holding (que manejó obras públicas por unos 46.000 millones de pesos) existió “una decisión institucional común, de no depositar los recursos de la seguridad social, que oportunamente hubieran sido retenidos a los empleados” y sostuvo que hubo una «decisión empresarial de incumplir las normas que regulan la cuestión previsional».