Carlos Alberto Cabrera, residente de la ciudad de General Las Heras, provincia de Santa Cruz, denunció que una empresa radicada en Trelew, a través de la cual más de treinta vecinos de dicha localidad adquirieron sus viviendas, les cobraba los pagos mensuales con boletas apócrifas y de manera irregular, para luego descubrir que, un año antes de acceder a las viviendas, la firma se encontraba al borde de la quiebra; por ese motivo, fue adquirida, tiempo después, por otra empresa de la ciudad chubutense, la cual anticipó que ejecutará las propiedades de los vecinos que allí residen desde hace más de una década.
Concretamente, las casas habían sido vendidas por la firma GEOSUR, cuyo presidente, José Arrechea, se encontraba detenido por una causa judicial relacionada a irregularidades con el Banco del Chubut, al tiempo que los cobradores de dicha firma dejaron de apersonarse en las viviendas para cobrar las cuotas mensuales, relató el hombre. Explicó entonces que ante el “silencio” por parte de la empresa, las familias optaron por abrir cuentas judiciales en las cuales depositaron las mensualidades, algo que continuaron haciendo hasta que, semanas atrás, la firma que adquirió la deuda de GEOSUR, de nombre “CONOBRAS”, según indicaron, publicó un edicto en el que adelantó el remate de las propiedades, el próximo 7 de febrero.
“Nos llama poderosamente la atención que la empresa haya presentado concurso en un juzgado, y que la ejecución se esté tratando en otro”, mencionó Cabrera, quien denunció que, “al momento de hacer las presentaciones los vecinos, la jueza Gladys Cuniolo, de Trelew, le puso mil trabas a nuestra abogada para recibirle el trámite, por cuestiones de forma que son muy sutiles, como por ejemplo que la hoja tiene una pequeña mancha, que tiene que ser una hoja oficio o que el ticket de pago estaba torcido, y así la tuvieron hasta el último día de la feria (judicial)”.

Cobradores “sospechosos”

Al respecto, relató que “en el año 2003, compré la casa en el barrio Solar del Sur, junto a otras 35 familias; la empresa GEOSUR, de la localidad de Trelew, nos vendió la propiedad e hicimos el boleto de compraventa, certificado por escribano, además de hacer el pago del 5 por ciento, que era lo que en ese momento había que abonar para ingresar a la vivienda, pactamos las cuotas, nos dieron las llaves de la casa e ingresamos”, y contó que, “a partir de ahí, comenzaron desde la empresa a incumplir con su parte de traer un recibo que acreditara lo que yo (y el resto de los vecinos) estaba pagando, por lo que le exigimos a la compañía que enviara boletas y documentación más formal”.
Sin embargo, “dejaron de traer los recibos oficiales, de hecho, dejaron de venir a cobrar ante nuestro reclamo; inclusive, una persona de nombre Sandra Soto, que había sido designada para cobrar, de repente dejó de hacerlo y apareció otra persona diciendo que ella no debía cobrar más y que había un nuevo responsable, por lo que frente a esta situación, no sabíamos a quién pagarle, ya que lo hacíamos, en efectivo y en nuestras viviendas, por lo que no nos quedaba ningún comprobante consistente”, agregó.

Pagaron en cuentas judiciales

En este contexto, “al dejar de venir a cobrar a las casas, entonces decidimos que cada vecino abriera una cuenta judicial y comenzara a pagar ahí, porque, de hecho, después la empresa desapareció”, sostuvo Cabrera, y relató que “investigando, nos encontramos con que el presidente de la empresa estaba detenido en el marco de una importante causa judicial, pero todos nos preocupamos por cumplir con nuestro contrato, con lo pactado, y que la empresa luego acreditara dichos pagos. De hecho, los depósitos continúan en la cuenta judicial, no los han podido cobrar por algún motivo”.
El vecino de General Las Heras adquirió la vivienda en 2003 al igual que la mayoría de los 35 vecinos de dicha zona, pero luego se enteró que, desde 2002, la firma GEOSUR había presentado un concurso preventivo, atenta a la situación de su titular, que se encontraba preso.
“Nosotros compramos las casas en 2003, y se ve que ellos querían cobrar la mayor cantidad de plata en negro, para recuperarla por afuera, pero en las actas a las que tuvimos acceso, queda claro que el presidente de la firma estaba detenido, que se habían presentado a concurso y, en 2002, ya estaban en quiebra”.
Seguidamente, “hubo un silencio, donde los vecinos nos preocupamos por seguir cumpliendo lo que habíamos pactado, pagando en la cuenta judicial, hasta que de un momento a otro comenzaron a caer citaciones en el Juzgado de Las Heras, fue gente a constatar los domicilios y quiénes vivían en los mismos, y nos empezaron a notificar de que CONOBRAS, había adquirido la deuda que era de GEOSUR, y venía a rematarnos las casas”, señaló.

“Invertimos todo nuestro esfuerzo y trabajo”

Por tal motivo, “lo que nosotros hicimos fue contactar a un abogado, para darle la documentación y que sepa que las casas no eran de GEOSUR sino nuestras, y que viera que había una tercerización. Algo en lo que insistimos es que nosotros no tenemos veinte casas ni somos una inmobiliaria, somos familias que trabajan, vivimos con nuestros hijos y ni siquiera son casas que se alquilan, nos conocemos todos, es una ciudad que se dedica mucho al petróleo, trabajamos todos en esa actividad y nos conocemos bien, y la verdad es que lo más indignante de esto es que uno, como ciudadano, confía mucho en la Justicia, y vino una empresa a decirnos que nos tenemos que ir, pero nosotros sabíamos, de buena fe, lo que habíamos hecho, invertimos, incluso hicimos ampliaciones y cumplimos con lo pactado, no es que nos metimos ahí y dejamos de pagar porque sabíamos que algún día nos lo iban a sacar; por el contrario, recurrimos a la Justicia sosteniendo nuestros pagos. Invertimos todo nuestro esfuerzo y trabajo para darle una mejor calidad de vida a nuestra familia, porque ese es el lugar que elegimos para residir toda la vida”.

“Viven de quedarse con el sacrificio de la gente”

En otro orden, el damnificado sostuvo que “nos llama poderosamente la atención que la empresa haya presentado concurso en un juzgado, y que la ejecución se esté tratando en otro” y señaló que, por otra parte, “al momento de hacer las presentaciones los vecinos, la jueza Gladys Cuniolo, de Trelew, le puso mil trabas a nuestra abogada para recibirle el trámite, por cuestiones de forma que son muy sutiles, como por ejemplo que la hoja tiene una pequeña mancha, que tiene que ser una hoja oficio o que el ticket de pago estaba torcido, y así la tuvieron hasta el último día de la feria (judicial)”.
Además, manifestó que “nos sorprende mucho que, en el medio de una feria, hayan presentado los edictos de remate, sin antes haber definido el tema de la tercerización, ya que antes podrían, al menos, habernos dicho que no tenemos razón, si así fuera” y que “el remate será el 7 de febrero”.
La expectativa de los vecinos es preocupante, según Cabrera, quien expresó que “nos sentimos vulnerados por la Justicia, le tengo mucha desconfianza, sé que hay mucha gente con mucho dinero y poder, que estas compañías viven de quedarse, inescrupulosamente, con el sacrificio de las familias que pagaron bien, y nos van a quitar la casa por cuestiones de forma, por cuestiones de las que se aprovechan, dejando a las familias en la calle”.
En este contexto, opinó que “vivimos en un país donde vemos la corrupción en el día a día, y no dejo de pensar que la Justicia puede tranquilamente ser parte de estas cuestiones”.