Un informe anual de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), realizado en 2016 con respecto al año anterior, da cuenta de la serie de denuncias recibidas a lo largo y ancho del país por posibles casos de trata.
En este contexto, sostiene que del cien por cien de las denuncias realizadas, 337 corresponden a Gran Buenos Aires, constituyendo la mayoría, mientras que el resto de las provincias fueron Santa Fe (143), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (76), Córdoba (63), Tucumán (40), Entre Ríos (29), San Juan (26), Río Negro (19), Neuquén (18), Santa Cruz y Mendoza (15), Santiago del Estero (14), Chaco, Chubut y Salta (13), Corrientes (11), Tierra del Fuego y Misiones (10), Jujuy (9), Catamarca (8), La Pampa y La Rioja (5), San Luis y Formosa (4) y otras 71 en las que no se registró la provincia desde la cual se realizó la denuncia.
Los datos surgen del relevamiento realizado desde agosto de 2015 hasta principios de febrero del año pasado, y en dicho marco, el informe sugiere que “fueron recibidas 679 denuncias, 53 de las cuales han generado la formación de Investigaciones Preliminares en el área de Investigaciones de la Protex, y el resto han sido derivadas a las autoridades judiciales competentes dentro de las veinticuatro horas de su recepción”.
Por otra parte, destacaron que las Investigaciones preliminares “han superado en número a las iniciadas en el año 2014, siendo un total de 428 formadas a la fecha” del informe, “en comparación con el 2014, año en el cual se formaron 288 investigaciones preliminares”.

Más colaboración con las fiscalías

Por otra parte, desde el organismo indicaron que, al momento de labrar el informe, se habían iniciado “un total de 138 colaboraciones”, y que “un 68,5 por ciento refiere a casos de trata con fines de explotación sexual y un 31,5 por ciento, trata con fin de explotación laboral”.
Dichos pedidos de colaboración “provienen, en un 47 por ciento, de la Jurisdicción que conforma la CABA (Justicia Nacional Federal, de Instrucción y Correccional), y otra gran parte de las colaboraciones se inician a partir de las solicitudes recibidas a través de los fiscales del exterior, a las que se le da curso a través de la Red Iberoamericana de Fiscales que combaten la Trata de seres humanos, que funciona dentro de la plataforma IBERRED”.
Además, “durante el 2015 se dio respuesta a 376 consultas por antecedentes realizadas en el marco de investigaciones llevadas a cabo por distintas Fiscalías, Juzgados Nacionales y de provincia de Buenos Aires”.

Detenidos por integrar redes de trata

También, el informe hace hincapié en el “ascenso en la cadena de responsabilidades de los explotadores” y establece que “se insistió en profundizar la investigación sobre aquellos hechos que tienen a funcionarios públicos como sus autores, coautores o encubridores; y alcanzar en la imputación penal a los verdaderos y grandes ganadores de la explotación de personas, entre ellos proxenetas, intendentes, jefes policiales, titulares de marcas de ropa, dueños de sociedades y hectáreas, y redes de proxenetas”, recordando que en 2015 “se procuró mantener y priorizar la intervención en casos en lo que los imputados conformaran redes de explotación de personas y/o fueran personas con poder político o funcional”.
Sobre este punto, la investigación expuso como ejemplo la condena a quienes fueran sindicados como líderes de una banda dedicada a la trata de personas a fines de 2015.
“El 17 de diciembre de 2015, el Tribunal Oral Federal dictó penas de ocho años de prisión para los dueños de dos históricos prostíbulos y otros cuatro años para dos partícipes secundarios; además, los jueces ordenaron el decomiso de uno de los locales. Se trata de una organización criminal que captaba mujeres en situación de vulnerabilidad para explotarlas sexualmente. En sus alegatos, el fiscal Pablo Camuña, que contó con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas y de la delegación Tucumán de la Procuraduría especializada, había solicitado 11 años para los principales imputados y 10 para los secundarios”.
Más hacia el sur del país, en Ushuaia, “el 23 de Octubre de 2015, el Tribunal Oral Federal de Tierra del Fuego condenó a siete años de prisión a “V. M.”, principal acusado y dueño del prostíbulo ‘Black and White’, ubicado en la ciudad de Ushuaia”, sostiene el informe, añadiendo que, además, “los jueces dictaron penas de cinco años de prisión a otros cuatro imputados, y de tres años en suspenso para el hijo de “M.”. Se trata de un clan familiar, compuesto por seis integrantes y liderado por M, acusado de engañar, a través de falsas ofertas de trabajo publicadas en el diario Clarín, trasladar y explotar sexualmente al menos 18 mujeres en situación de vulnerabilidad en ese local nocturno. Los seis imputados fueron juzgados desde el 26 de agosto y llegaron libres a esta instancia. Sin embargo, luego de la declaración de una de las víctimas a lo largo del debate, M quedó detenido. La sentencia se conoció la misma fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Lucha Contra la Trata de Personas”.

“Tiempos” de la Policía y de la Justicia

Según estadísticas de la Procuraduría en cuestión, en 2013 hubo un total de 39 condenados por el delito de trata de personas, mientras que, al año siguiente, los condenados casi se duplicaron, ascendiendo a 70, y en 2015, aunque en 2015, la cantidad fue de 45.
Una de las cuestiones señaladas hace referencia, en primer lugar, a “reclamos fundados por parte de familiares de personas desaparecidas respecto a la forma en que se brinda esa primera respuesta jurisdiccional y policial a sus denuncias”, describiendo que “en algunos supuestos, se ha verificado que las autoridades policiales, tanto federales como locales, insisten, pese a que existen ya protocolos que aconsejan lo contrario, en esperar un tiempo para recibir la denuncia y darle el urgente trámite que merece”.
En este ámbito, “los magistrados actuantes, en algunos casos, también se demoran en la adopción de aquellas medidas urgentes para intentar localizar a estas personas”, agrega, planteando que “resultará imprescindible profundizar las campañas de capacitación de todos los operadores en relación a este importante tema”.

Cuando hay funcionarios públicos involucrados

Otra problemática a la que apunta la investigación es que “se notan focos de resistencia cuando existen funcionarios públicos involucrados como intendentes, comisarios locales, entre otros, pero también cuando se trata de responsabilizar a las empresas que están por detrás de la explotación laboral de sus empleados” y que “ello sucede en el plano del Sector Agrario, con los titulares de los campos y las sociedades explotadoras; y del textil, con las marcas que proveen y se benefician de la explotación y la trata”.
Además, “las razones de ello combinan factores estructurales, como el principio de la línea de menor resistencia a partir del cual los casos se mueven ‘naturalmente’ por la vía que menos obstáculos ofrece a su fluir (hechos simples e imputados sin poder real); y factores individuales, en donde la necesidad de contar con actores judiciales sin más compromisos que procurar la averiguación de la verdad, ni más intereses que el de hacer aplicar la ley, es una condición necesaria y no siempre presente”, sostiene el documento.

Demoras en el pedido de allanamientos

Uno de los mayores inconvenientes en lo que hace a la investigación de la trata de personas, según la Protex, son las “demoras en algunas causas para que magistrados ordenen requisas domiciliarias, cuando las condiciones objetivas están dadas para ello”. En este sentido, el relevamiento remarca que “ha sido un reclamo reiterado por parte de fiscales federales del país, los obstáculos muchas veces infundados, que se les interponen para la realización de las requisas domiciliarias necesarias para establecer finalmente la acreditación de una situación de explotación, y la liberación y asistencia a víctimas de la trata de personas” y que “estas negativas generalmente se esconden en la equivocada decisión de anteponer discusiones sobre competencia material, por ejemplo delito de trata versus delito conexo, previo a agotar, tal como pacíficamente ha venido sosteniendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), todas las medidas urgentes para poder acceder a un conocimiento más acabado del caso que permita decidir cuestiones de competencia con la imprescindible información fáctica del caso”.

Identificación y registro de “NN”, un avance significativo

En otro orden, la Procuraduría de Trata de Personas puso en valor que “finalmente, y en el avance más significativo en la materia, la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad de la Nación ha logrado establecer la identidad de numerosas huellas plasmadas en avisos de fallecimiento NN, gracias al confronte realizado con legajos elaborados por la Policía Federal Argentina”, agregando que, “hasta el momento, nos han notificado un total de 22 identificaciones, esto significa la identificación de cadáveres que hasta el presente aparecían como NN, y que a partir del trabajo en conjunto se ha comenzado el proceso de rastrear los expedientes abiertos por averiguación de causal de muerte, con el objetivo de conocer las circunstancias que rodearon a esos hallazgos” y que “el fin último es encontrar a sus familiares para notificarlos de los resultados periciales y, eventualmente, asesorarlos en el reclamo de los cuerpos, en aquellos casos en los que todavía se encuentran en espacios individualizados”.