La senadora rionegrina Magdalena Odarda cuestionó con dureza la decisión de la minera de Sierra Grande de dejar en la calle a dos centenares de trabajadores y manifestó que “debe quitarse de la discusión si la gente recibe el 50% o el 100% de la indemnización. Lo que hay que hacer es mantener las fuentes de trabajo y respetar a rajatabla los términos de la concesión”, luego que se conociera la decisión de la empresa china de despedir trabajadores de Minera Sierra Grande y que tendrá su impacto social y económico en más de 200 familias de esa localidad.
“Basta de aprietes, extorsiones y amenazas. Primero fueron los reembolsos por puertos patagónicos, luego el impuesto a las ganancias, después las retenciones. Pareciera que la empresa siempre tiene un argumento que la habilita a poner como rehenes a los trabajadores frente al gobierno y a la sociedad. Y siempre también tenemos todos la sospecha de la veracidad de los datos que ellos difunden, referidos a los cargamentos de hierro que se realizan y al precio que les pagan”, dijo la senadora rionegrina.
Agregó la legisladora que “estoy al tanto de las gestiones que el intendente ha realizado en Capital Federal con funcionarios nacionales, quienes se comprometieron a realizar aportes económicos y programas de formación y capacitación. Pero más allá de eso, estoy convencida de que aquí existe una concesión que debe cumplirse. Hay que elaborar un hierro de alta calidad que sirva también para el mercado interno que permita el funcionamiento sostenido del yacimiento”.
l gobierno rionegrino ya confirmó el quite de subsidios que había comprometido con los inversores chinos para mantener la fuente de trabajo y los despidos se consideran “inevitables”, por lo que la localidad de Sierra Grande perdería su principal fuente de empleo y casi exclusivo motor económico.
La minería ha sido durante décadas el sustento económico de la pequeña población de Sierra Grande, de aproximadamente unos 8 mil habitantes, a 25 kilómetros de Viedma, la capital provincial. Entre 1973 y 1989 la explotación del hierro en manos de la estatal Hierro Patagónico Sociedad Anónima (HIPASAM) determinó el crecimiento de la localidad. En 1990 el gobierno de Carlos Menem decretó inviable la producción metalífera y la mina fue cerrada luego de un largo conflicto que finalmente dejó en la calle a más de mil trabajadores.
En 1993, ante la crisis económica y la devastación demográfica (habían quedado menos de la mitad de la población de más de 10 mil habitantes registrada a principios de la década), el gobierno de Horacio Massaccesi provincializó la empresay creó Hierro Patagónico Rionegrino Sociedad Anónima (HIPARSA). Pero la empresa provincial apenas empleaba a 50 trabajadores para el mantenimiento de instalaciones y equipos en desuso. Un sector de la mina se concesionó para crear un circuito turístico de aventura llamado “Viaje al centro de la tierra”.
A partir de 2003 se intentó reactivar la explotación minera concesionando la explotación a empresas de capital extranjero. En 2006 una sociedad de capitales chinos, MCC Minera Sierra Grande S.A., se hizo cargo del proyecto y en 2010, ya con un plantel de 400 empleados, envió 54.000 toneladas de hierro concentrado a una siderúrgica china.
Ya desde principios de 2016 la empresa venía denunciando “sobrecostos” imposibles de asimilar, vinculados sobre todo con el precio del transporte marítimo. En una carta pública de Qifang Chen, gerente General, se afirmaba que la empresa “atraviesa dificultades financieras inesperadas y transitorias” debida a “factores externos” que habían generado una pérdida de más de un millón de dólares en tres meses”.