Los Consejos Federales de Procuradores y Defensores realizaron una presentación ante el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, indicando la necesidad de una serie de reformas al Código Penal en materia de violencia de género. La propuesta plantea desde la incorporación de nuevas figuras penales, el agravamiento de otras existentes, hasta la implementación de tratamientos para los violentos.

La propuesta

El documento señala que nuestro país ha contemplado durante el presente año, el crecimiento de la violencia de género; más allá de los incesantes reclamos de la sociedad en pos de limitar esta constante violación a los derechos humanos, los casos se han incrementado en su número y gravedad. Mientras esto ocurre, se declara constantemente que se trata de una situación que debe ser abordada de modo integral, con herramientas especialmente diseñadas en el área de la educación, la salud y otros ámbitos del Estado y de las organizaciones no gubernamentales.
Los representantes de los Ministerios Públicos del país, entendieron que si bien esto es cierto, también requiere de acciones de política criminal, concentrándose en la utilidad del derecho penal como factor esencial de disuasión general y como ámbito de resocialización especial de los violentos. Señalaron los firmantes que hasta el momento no se reaccionó con una adecuada actualización del derecho penal de fondo, para optimizarlo como mecanismo orientado a confrontar con un flagelo de máxima prioridad.
El documento continúa señalando que los fiscales que persiguen penalmente la violencia de género a lo largo y ancho de nuestro país demandan un marco legal que guarde mejor correspondencia con el objetivo de terminar con la impunidad en materia de violencia de género; su experiencia diaria en un contexto de insuficiencia normativa, nos lleva a señalar la necesidad de que se contemplen nuevas figuras delictivas, que se establezca un orden de agravantes más generalizado y coherente, que se dificulte el cierre de causas por extinción de la acciono y se asegure que la imposición de condenas, sean éstas o no de ejecución efectiva, produzca en los violentos efectos correctivos.