La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial confirmó la nulidad de casi todo lo actuado por un juez de Comodoro Rivadavia investigado ahora por mal desempeño y sostuvo que fue un fraude la presentación de Oil Combustibles en concurso de acreedores en la Justicia de Chubut.
La nulidad había sido decretada semanas atrás por el juez nacional porteño Hugo Vítale, recientemente confirmado para seguir a cargo del caso. La medida confirmada incluye también el apartamiento del síndico Humberto Trigo, designado en Chubut, pero inhabilitado para actuar ante la Justicia nacional, por lo cual ahora deberá designarse uno nuevo entre los inscriptos ante la Cámara del fuero.
«La concursada intentó un fraude a la ley al crear arteramente los presupuestos propios de una competencia inexistente», dijeron los jueces Pablo Heredia, Gerardo Vassallo y Juan Garibotto, miembros de la sala D de la Cámara en lo Comercial.

De Buenos Aires a Comodoro

Según estos magistrados, «existe un deber de abstención que incumbe a todo juez en orden a declarar la apertura del proceso de insolvencia en el cual no sea territorialmente competente, de suerte que incluso de oficio debe declararse incompetencia si no encuentran cumplidas las previsiones legales especiales».
Oil Combustibles se había presentado en concurso de acreedores a fines de marzo en Comodoro Rivadavia -cuna del emporio construido luego por Cristóbal López- pese a que no había perfeccionado su cambio de domicilio a esa provincia ya que, según la Inspección General de Justicia, aún lo tenía radicado en la Capital Federal.

Maniobras

Fuentes judiciales entendieron que se trató de una maniobra para evitar a los tribunales nacionales y lograr un trato más generoso por parte de los jueces del terruño de López. El juez que aceptó abrir el concurso pese a que era incompetente se llama Gustavo Toquier y ahora afronta un pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura provincial.
La presentación en concurso fue la respuesta de Oil al embate de las nuevas autoridades de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que, tras el cambio de gobierno, buscaron cobrar los 8 mil millones de pesos que esa empresa debía al Fisco tras anotarse en planes especiales de pago jamás cumplidos y otorgados por el organismo durante la gestión del cuestionado Ricardo Echegaray.

Insolvencia fraudulenta

La AFIP también tiene denunciada penalmente a Oil por presunta «insolvencia fraudulenta» a través de diversos préstamos o acuerdos «mutuos» entre las firmas del llamado Grupo Indalo. De hecho, con la plata adeudada a la AFIP se habrían comprado medios de comunicación para acompañar la gestión kirchnerista.
La Cámara convalidó la presentación del concurso, pero invalidó los actos posteriores a la apertura del mismo -salvo contadas excepciones como la presentación de los acreedores- por cuanto fue hecha por un juez que era incompetente.
El caso motivó incluso la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que le ordenó al juez chubutense remitirle todos los expedientes a él vinculados.