Las festividades ayudan a mejorar expectativas futuras, a relativizar vacíos, pero también aceleran balances. En ese marco, es un dato concreto que el primer año de gobierno de Macri muestra un escenario de oscilación entre la necesidad de cambios profundos y el riesgo por los costos sociales que supone.
Buena parte del debate político argentino del último año ha girado alrededor de la contraposición entre gradualismo y shock. La Argentina conoce muchas experiencias (todas traumáticas) de los tratamientos de choque: desde el «rodrigazo» (1975), al brutal ajuste impuesto por la coalición liderada por Duhalde (2002), pasando por las salidas urgentes y desordenadas de procesos hiperinflacionarios.
Ninguno de estos experimentos resolvió, más allá de eventuales y engañosas «primaveras», nuestros problemas económicos y sociales de fondo. Por tanto, quienes agitan la bandera del shock hacen un flaco favor al país y operan en función de urgencias corporativas y cortoplacistas.
Descartada la vía del shock (de difícil implementación por un gobierno débil en los frentes parlamentario y social), el debate debería, entonces, centrarse alrededor de dos versiones del gradualismo. Esta versión propone «administrar el segundo kirchnerismo», bien que de manera más prolija, honesta, republicana y con modales civilizados. Este «gradualismo administrativo» significa, intentar «gobernar» la alta inflación, el elevado déficit fiscal, la presión impositiva y el endeudamiento, conservando las casi intactas relaciones de poder que sostuvieron al régimen anterior. Hay quienes piensan que, en su primer año, Macri se movió en este terreno y así debe continuar.

Una pulseada compleja

Es preciso advertir, no obstante, que esta vía -relativamente cómoda- esconde peligros de distinta magnitud. De un lado, alienta la terrible y remanida puja distributiva a la que los ciudadanos asistimos impotentes y que protagonizan los poderes estatales (Nación, Provincia, Municipios) y no estatales (empresarios, productores, trabajadores, sindicatos, grupos de izquierda, organizaciones de la economía social o popular). Una puja que terminan pagando consumidores y usuarios, jubilados y demás excluidos de todas las redes de poder.
Y, de otro, es la vía que mejor y más rápido conduce al shock tan justamente temido. Lo que equivale a decir que si el Gobierno Macri no ingresa ya en el «gradualismo reformista», se verá pronto obligado a devaluar, rebajar salarios, archivar sus deseos antiinflacionarios, soportar altos índices de desempleo y más altos de pobreza. Un cuadro de situación que, como bien sabemos, produce tensiones sociales y políticas de enorme magnitud, algunas de las cuales suelen ser sencillamente inasumibles por nuestra institucionalidad ordinaria.
Existe una segunda vía a la que podríamos llamar «gradualismo reformista». Se trata de un camino aun insuficientemente explorado. En tanto y en cuanto, a lo largo de estos intensos doce meses, el Gobierno se ha mostrado incapaz de definir con precisión las metas que propone y de comenzar a caminar en tal dirección.

A prueba y error

Parece ahora evidente que los funcionarios de «Cambiemos» llegaron a sus cargos sin la imprescindible preparación; desconociendo los datos básicos acerca de la situación económica y social realmente existente a finales de 2015; y sin haber logrado constituir un equipo de gobierno en el más riguroso sentido de la palabra.
Cuando elegimos una óptica republicana o institucional para hacer un balance provisorio de estos doce meses, al lado de algunas medidas que pueden valorarse como atinadas (regulación de la publicidad oficial, acceso a la información pública, intentos de regresar al federalismo), sobresalen notorios fracasos como los que se constatan en las áreas de la justicia penal federal o del régimen electoral, en donde el Gobierno no ha logrado adoptar medias consistentes con la situación heredada y con los valores y principios de nuestra Constitución.
Cuando ponemos la atención en los asuntos económicos el balance es similar. Sin embargo, algunas medidas atinadas (rebaja de retenciones, eliminación del control de cambios) resultan deslucidas por la falta o la insuficiencia de políticas compensatorias que refuercen la equidad de los cambios. En realidad, las primeras intenciones de bajar el déficit público fueron pronto abandonadas por medidas desordenas imaginadas para ceder a presiones sectoriales o atajar anunciados estallidos.
Puede que estas contradicciones, contramarchas y compensaciones no alcancen para descalificar la gestión Macri. Pero, cuando tales comportamientos se conectan con la falta de diagnósticos, la morosidad, y la ausencia de medidas reformistas, se impone encender las alarmas.

Aprendizaje caro

Una cosa es rechazar el shock, y otra muy distinta justificar la morosidad (nueve meses para eliminar las restricciones a la importación de libros, diez meses para anunciar los primeros planes estructurales, once meses para presentar un Proyecto de ley de reforma del impuesto a las ganancias, doce meses para simplemente proponer la racionalización de los feriados, por ejemplo). La trampa, tendida por los factores de poder que lucran con el actual modelo económico (que es el mismo de antes), consiste en presentar como parte del shock noventista a cualquier medida reformista que apunte a desarticular la maraña intervencionista que, desde hace décadas, paraliza nuestra economía, y por ende la creación de buenos empleos, o reparar el insuficiente apoyo a las economías del norte argentino. Hay que reconocer, sin embargo, que el Gobierno está realizando esfuerzos para ordenar ideas, como se comprueba repasando la verdadera y bienvenida (aunque tardía) euforia planificadora y dialoguista: «Plan Productivo Nacional», «Plan Nacional de Infraestructuras», «Estrategia de Inserción Económica Inteligente», «Plan Belgrano», «Diálogo para la Producción y el Empleo», «Diálogo con las Organizaciones de la Economía Social», por citar solo algunas de las iniciativas en curso. Nos enfrentamos, en consecuencia, a un riesgo doble: Que la «administración de la herencia» se prolongue a lo largo del 2017 pretextando urgencias electorales, con el resultado de que ello profundice la recesión, el desempleo, la inflación y los daños a los excluidos y a quienes están a un paso de caer en tan penosa condición. Habrá que ver…

Fuentes: J.C.F. El Tribuno