En el marco del Proyecto de Ley aprobado la semana pasada en la ciudad de Buenos Aires por la Legislatura bonaerense que modifica el Código de Faltas y agrava las condenas para quienes “invocando un vínculo con un alumno, dentro del establecimiento de gestión pública o privada o en las inmediaciones, hostigue, maltrate, menosprecie o perturbe emocional o intelectualmente a un trabajador de la educación, sea docente o no”, docentes de Puerto Madryn extienden su favor hacia el mismo y piden que se replique para la provincia del Chubut.
“No estamos exentos de agresiones verbales por parte de los padres o de los alumnos, y muchas veces de la violencia física, pero como es una ciudad más chica y los casos son menores, no se le dio hasta el momento mucha importancia”, aseguró Yanina, docente de nivel inicial.
En este contexto, afirmó que “aunque no surgen con mucha frecuencia en cuanto a la agresión física, tuvimos casos en varias escuelas de la ciudad donde atravesamos momentos de mucha tensión por parte de padres de algunos alumnos” y continuó: “somos nosotros los que siempre quedamos expuestos si el padre no está de acuerdo con alguna sanción que le aplicamos a los chicos”.
“Tuvimos un caso, en una escuela secundaria donde un padre insultó a un profesor porque no estaba de acuerdo con la nota que se le había puesto a su hijo y en lugar de enseñarle al adolescente que tenía que esforzarse más para aprobar la materia, le quería imponer al docente que le cambiara la nota”, ejemplificó la docente.
Además, agregó: “hace uno meses, en la Legislatura de Rawson un concejal había presentado un proyecto para que se modificara el Código Contravencional con el objetivo de agregar dos artículos que dejen de manifiesto penas y multas económicas a los padres de alumnos que agredan verbalmente o maltraten a docentes, pero después de eso a los docentes no nos comentaron nada de cómo quedó este tema para la provincia del Chubut, por lo que sería bueno que a través de la iniciativa tomada en la ciudad de Buenos Aires, se revea lo mismo para nuestra provincia”.

De qué trata el proyecto

En la última sesión del año, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires convirtió en ley el proyecto que agrega el artículo 74 bis al Código de Faltas, el cual pena con multas y hasta arresto a las personas que agredan verbal o físicamente a personal docente y no docente de los establecimientos educativos públicos y privados bonaerenses.
Según establece la nueva normativa, “sancionarán con arresto de entre 5 y 30 días o multas de entre el 50 por ciento y el 100 por ciento del haber mensual de un oficial subyacente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires a la persona que, invocando un vínculo con el alumno, dentro del establecimiento de gestión pública o privada o en las inmediaciones, hostigue, maltrate, menosprecie o perturbe emocional o intelectualmente a un trabajador de la educación, sea docente o no, informó Diario Hoy.
Además sancionarán a quien “insulte” a un docente o auxiliar “o provoque escándalo”, a quien “ejerza actos de violencia física”, “perturbe de cualquier manera el ejercicio de la función educativa” o “ingrese sin autorización a un establecimiento educativo y no se retire a requerimiento del personal docente o no docente”. Las penas también alcanzarán a quien arroje “un elemento de cualquier naturaleza” a un trabajador de la educación o “contra un bien de utilidad educativa”, con lo que se incluye a los edificios escolares. En ese sentido, las acciones mencionadas “se duplicarán” en caso de cometerse frente a otros alumnos.
El proyecto, presentado por el Poder Ejecutivo provincial, había ingresado, meses atrás, a la Cámara de Senadores bonaerense, amparada por el presidente de la comisión de Educación y referente de Cambiemos, Juan Pablo Allan.
En su texto se advierte que la medida es motivada por “el notable incremento, en los últimos años, de acciones de violencia de padres y/o personas con algún vínculo con alumnos sobre trabajadores docentes”.
Se dio a conocer que, a partir del trabajo de recolección de datos para impulsar este proyecto, se constató que el año pasado hubo un total de 230 casos. Todos fueron registrados dentro de escuelas o establecimientos educativos. Pero la cifra más impactante es que en ese período hubo 13 hechos sufridos por maestros en los que los agresores llevaron armas para amedrentarlos.
El Proyecto modifica el artículo 74 del Código de Faltas incorporando multas de entre 8.000 y 15.000 pesos y entre 5 y 30 días de arresto para el involucrado. No se trata de cambios en el régimen penal. Las faltas son infracciones menores que no tienen categoría de “delito”. “Buscamos encuadrar en este segmento a la violencia contra los docentes para dar una señal clara de que buscamos defender la tarea de los educadores”, explicó el director General de Escuelas de la Provincia, Alejandro Finocchiaro, autor del proyecto que ingresó a mitad de año por el Senado. En la última sesión de Diputados, la iniciativa se transformó en ley.
La nueva normativa establece que también serán sancionados quienes “insulten” a un docente o auxiliar “o provoque escándalo”, a quien “ejerza actos de violencia física, perturbe de cualquier manera el ejercicio de la función educativa, o ingrese sin autorización a un establecimiento educativo y no se retire a requerimiento del personal docente o no docente”.
Las penas también alcanzarán a quien arroje “un elemento de cualquier naturaleza” a un trabajador de la educación o “contra un bien de utilidad educativa”, con lo que se incluye a los edificios escolares. En ese sentido, las acciones mencionadas “se duplicarán” en caso de cometerse frente a otros alumnos.
Los objetivos que se promueven a través de este proyecto de Ley, es provocar un cambio cultural para volver a jerarquizar la educación y proteger a los docentes. La iniciativa se aprobó sin cambios en relación con la propuesta enviada por el Ejecutivo.

Para frenar la agresión hacia los docentes

En base al proyecto de ley que busca aplicar penas y multas económicas a los familiares de los alumnos que maltraten, agredan, insulten y tengan comportamientos fuera de lugar con docentes de establecimientos educativos, fue debatido en el mes de agosto en Rawson con la finalidad de que se aplique la misma normativa en la provincia del Chubut.
El proyecto planteaba añadir dos artículos, uno referido a las agresiones en el ámbito de Educación y otro haciendo extensiva esta situación a los maltratos a los médicos y enfermeros de Hospitales Públicos, estudiando a su vez, la posibilidad de que las penas alcancen hasta los 60 días de cárcel y entre 15.000 y 25.000 pesos como multas económicas.
La idea proponía modificar el Código Contravencional para incorporar esta tipificación producto de que hay cuestiones que se van sumando y que de alguna manera ponen en riesgo y en conflicto tanto a los docentes como a las titulares de las áreas de salud en los hospitales, remarcaron docentes de la ciudad de Puerto Madryn.
A su vez, aseguraron que “se trata de poder tomar iniciativas entre todos, desde los políticos, las instituciones educativas, el concejo de la ciudad, y los padres para que se pueda prevenir la agresión hacia los docentes”.
A su vez, recordaron que “años anteriores los alumnos, a lo sumo decían una mala palabra, pero la violencia fue aumentando. Ahora te agreden físicamente y nadie hace nada, lo que es peor antes dialogabas con los padres para poder trabajar sobre la conducta de sus hijos, pero ahora son ellos mismos los que vienen y te agreden, te insultan, o te gritan”.
“Hoy en día la escuela tiene que reeducar al alumno, porque desde su casa no reciben la mínima contención, entonces se vuele una tarea más que difícil”, aseveraron y prosiguieron: “obviamente no estamos generalizando, ni decimos que en todos los hogares pasa lo mismo, pero sí, es necesario que trabajemos sobre el porcentaje social que presenta esta clase de conducta, para poder erradicar la violencia y poder mejorar el sistema educativo, para trabajar más seguros y cuidar a los docentes”.
Por esta razón, los docentes, piden que ante los hechos de violencia que se viven en distintas instituciones educativas, se trabaje en la prevención de estas situaciones y que se tenga en consideración la seguridad del profesional.
También, aseguran que “sería necesaria la implementación de la ley provincial que implique multas, trabajos comunitarios y hasta cárcel para quienes agredan a un docente, ya sea en forma verbal, psicológica o física”.
Para finalizar, aseveraron que “además de la ley, para que esto funcione se debe trabajar con las familias, para que la educación y los valores comiencen desde las casas y nosotros podamos volver a ser agentes educadores para continuar con la evolución educativa de sus hijos, pero que no tengamos que ser también padres que apliquen límites, modales. Los docentes somos complementos de la educación que debe empezar por las casas”.