BALANCE DE FIN DE AÑO DEL CONCEJO DELIBERANTE

Cuáles fueron los proyectos presentados por Cambiemos durante 2016

El año legislativo arrojó varias sorpresas en el marco del trabajo llevado adelante por los distintos bloques del Concejo Deliberante de Puerto Madryn. Desde la Sesión Extraordinaria donde se votó la emergencia en materia de transporte y el posterior ingreso de Ceferino del Sur, hasta el debate por el Presupuesto y la Tarifaria para el próximo año, los ediles transitaron jornadas de consenso en función de determinados tópicos, donde abundaron las Declaraciones de Interés y los Proyectos de Comunicación, así como también se aprobó una serie de Ordenanzas de relevancia en función de aquello que afecta, de manera cotidiana, a los vecinos.
En el caso del bloque unipersonal, Cambiemos, integrado por Claudio Tortoriello, varios proyectos fueron presentados a lo largo del año, entre ellos el que prevé la creación de un Ente Regulador de los servicios públicos, y el que apunta a crear la figura de Defensor del Pueblo.
En este contexto, el edil “marcó la cancha” al diferenciarse del resto de los bloques durante la discusión por la Ordenanza Tarifaria y el Presupuesto 2017, proyectos que contemplaban, a raíz de lo diagramado por el Departamento Ejecutivo Municipal, una inflación del 44 por ciento, cifra objetada por Tortoriello en varias ocasiones, lo cual le valió la abstención, en el recinto, respecto de ambas iniciativas.

Regulación de servicios públicos

En 2012, los concejales del entonces oficialismo habían presentado el proyecto para la implementación de un organismo que regule los servicios públicos de Puerto Madryn, profundizando el rol del Estado en el funcionamiento de los mismos.
El esquema se encuentra contemplado en los artículos 188 a 191 de la Carta Orgánica Municipal, que establecen que “los entes de control de la prestación de los servicios públicos de competencia municipal, conforme a su marco regulatorio, se crean por Ordenanza”, “el/la Intendente/a designa a los/as miembros/as de los Entes de Control de los Servicios Públicos, mediante procedimiento que asegure la idoneidad y la igualdad de oportunidades, con acuerdo del Concejo Deliberante”, “duran hasta cuatro años en sus funciones” y “no pueden exceder el mandato del/la Intendente/a que los designa y no pueden ser reelegidos/as consecutivamente”, agregando que “conservan su cargo mientras dure su buena conducta y pueden ser removidos/as por el/la Intendente/a con acuerdo del Concejo Deliberante” y que “las Ordenanzas reglamentan la estructura de los Entes y aseguran los principios de legalidad, eficiencia, imparcialidad, publicidad y la necesaria participación de los/as usuarios/as”.
El “olvidado” proyecto, traído a la mesa de debate durante 2014 a raíz de incrementos tarifarios y reclamos de vecinos, fue repensado por Tortoriello durante este año, luego de que girara el proyecto en cuestión directamente a la Comisión de Gobierno, para su posterior análisis.
Según la propuesta, el Ente contaría con tres profesionales afines a las actividades de los servicios públicos, que serán designados a través de un concurso de antecedentes realizado por el Ejecutivo Municipal. “Consiste en regular aquellas cosas en donde la contratación no es clara o haya dejado un gris, y es ahí donde el ente tiene la posibilidad en esas circunstancias de reglamentar y resolver para no tener que esperar a una nueva licitación para que se incluya porque pueden pasar años; hoy en día, los servicios se penalizan cuando se incumplen y la idea no es solo penalizar sino establecer un sistema de mejora para que no haya una reincidencia”, aseguró en concejal meses atrás, en diálogos con los medios.

Atención a reclamos de vecinos

La creación de una “Oficina de Asistencia” fue propuesta por el concejal, que apuntó a que se cree el rol de “Defensor del Pueblo” en Puerto Madryn, figura que proviene del derecho escandinavo y se lo integró al orden normativo argentino en la Reforma Constitucional de 1994, “con el fin de mejorar los mecanismos de control entre los tres poderes clásicos de las democracias liberales, así como para combatir la corrupción y hacer más accesible la Justicia para muchos sectores de la población a través de su legitimación procesal, la cual supone la facultad del Defensor del Pueblo municipal para iniciar procesos judiciales sin perjuicio del derecho del afectado a hacer lo propio”, según fundamente el proyecto, que también sostiene que tal es la “única Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) Argentina reconocida por Naciones Unidas”, por adecuarse a los denominados “Principios de París”.
El Defensor tendría, entre otras funciones, la de “resguardar la vigencia del derecho de acceso a la información pública” y la de asegurar la aplicabilidad “del interés superior y garantía de prioridad en la protección especial de niños, niñas y personas en situaciones de vulnerabilidad”, a la vez que la Oficina en cuestión deberá defender la tutela de los datos de carácter personal y brindar “información requerida por el ciudadano cuando correspondiera la derivación o el acompañamiento en la gestión con los organismos competentes, conforme las cuestiones consultadas”.
El mandato del Defensor, según lo propuesto por el edil, tendrá una duración de cinco años y este podría ser reelecto una sola vez; para poder ocupar el cargo, deberá ser “argentino nativo, por opción o naturalizado con diez años como mínimo en el ejercicio de la ciudadanía”, además de acreditar diez años de residencia inmediata en Puerto Madryn y tener, como mínimo, treinta años de edad”.

Compactación de vehículos judicializados

Por otro lado, un proyecto diseñado por el bloque y aún no debatido prevé reducir el Parque Automotor que está judicializado, el cual se ubica en el ingreso norte de la ciudad y se encuentra lleno de vehículos que bien podrían ser dispuestos como chatarra y “generan una contaminación ambiental en el suelo”, en relación a los rodados que están accidentados o sobre los cuales pesan cuestiones judiciales por robo, adulteración o falta de documentación.
En este sentido, el proceso de compactado se gestionaría a través del Ministerio de Seguridad de la Nación.
“Por una cuestión de los desarmaderos, la disposición de chatarra y el tráfico ilegal de autopartes, se decidió hace unos años implementar este sistema, donde desde los municipios se solicita la compactación”, había sostenido el concejal, que apuntó a un proceso con “costo cero” para el Municipio, dado que “lo único que genera es un trámite, mediante el cual se solicita el procedimiento y hay que hacer una publicación en los medios locales y nacionales para verificar que alguien reclame la titularidad del vehículo, lo cual corresponde”.
Una vez realizada la tramitación, “se solicita la compactación al Ministerio y desde allí se dispone del envío de la compactadora, que se encarga de descontaminar los recipientes del vehículo, ya sean el refrigerante, aceite o combustible, y después lo compactan”, mencionó, añadiendo que “resuelto ello, hay un remanente que se genera entre la compactación de la chatarra y su posterior venta, que no es mucho dinero pero sí puede ayudar a una institución sin fines de lucro o, por ejemplo, una ONG”.

Beneficios para contribuyentes “cumplidores”

Otra iniciativa elaborada desde el bloque en cuestión apunta a beneficiar, con un descuento del 20 por ciento, a los denominados “contribuyentes cumplidores”, es decir, a quienes hayan pagado en término durante todo el año y que no tengan la “posibilidad de pagar las tasas e impuestos por anticipado, porque no disponen de capacidad crediticia o por lo que fuera, no pueden hacer el desembolso inicial”, premiando de este modo el pago “en tiempo y forma”.
La propuesta había surgido de un proyecto del bloque Cambiemos de Buenos Aires, cuyo esquema es similar al utilizado en Puerto Madryn hasta el año 2003.
Actualmente, el documento se encuentra abierto al análisis de los integrantes de la Comisión de Hacienda, presidida por Tortoriello, y su aprobación podría dilatarse aún más, habida cuenta de la falta de consenso manifestada por el concejal respecto del Presupuesto y la Tarifaria 2017, que no acompañó por diversos motivos.

El debate por la inflación

Una disputa que generó resquemores con el resto de los bloques, surgió a raíz de la Ordenanza Tarifaria y el Presupuesto 2017, previendo este último la cifra de 1219 millones de pesos para el funcionamiento del Estado Municipal durante el próximo año, algo que Tortoriello calificó como “excesivo” dado que la inflación contemplada por la propuesta, del orden del 44 por ciento, sería mayor a la indicada por el Gobierno Nacional.
En sintonía con este último, desde el bloque de Chubut Somos Todos plantearon que “aceptar el Presupuesto con esa cifra sería, para el edil, reconocer la inflación real”, y el debate se fue dando a lo largo de las distintas reuniones que los ediles mantuvieron con el Secretario de Hacienda municipal, el contador Carlos Tapia.
Ello culminó con la abstención, por parte de Tortoriello, al momento de votar el Presupuesto y la Tarifaria, que recibieron el acompañamiento del resto de los bloques, a la vez que el concejal lanzó duras críticas contra el Código Tributario, que votó de manera negativa considerando que el mismo colisionaba con “legislación nacional y de mayor rango”.

Apuntando al 2017

De este modo, el 2016 culminó, para el bloque Cambiemos, con proyectos que se encuentran en la Comisión de Gobierno y recién serían tratados en 2017, aunque un marcado posicionamiento respecto de cuestiones del orden nacional con impacto directo en la región patagónica, como la reciente eliminación, vía DNU, de los reembolsos a exportadores por puertos patagónicos, lo cual había sido adelantado por el ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, durante su última visita a la ciudad costera.
En este contexto, y en la antesala de un año en el que habrá elecciones legislativas y un clima político de por sí convulsionado, el concejal logró conservar un perfil alto en cuestiones relativas a las políticas implementadas por el gobierno de Mauricio Macri, a pesar de los sinsabores que varias de ellas generaron en buena parte de la población, como la eliminación de los mencionados reembolsos y el aumento en las tarifas de agua, gas y electricidad.

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