Hasta el 6 de marzo de 2017, las Cuotas Individuales Transferibles de Captura de la especie merlucius hubbsi de los barcos Cabo San Sebastián, Cabo Buena Esperanza, Cabo Dos Bahías, Cabo Vírgenes, Promarsa I, Promarsa II y Promarsa II, están garantizadas. Hasta esa fecha el estado chubutense tiene tiempo para presentar elementos que justifiquen la inactividad comercial de dichos buques que desde octubre de 2013 no han vuelto a pescar.
No con poco esfuerzo se ha conseguido, hasta ahora, preservar las CITC y que en la reasignación de la Reserva de Administración se dé prioridad a empresas con radicaciones industriales en Chubut para su explotación de parte del volumen de toneladas ociosas.
Pero en toda esta cuestión es clave, la delicada situación jurídica en la que se encuentran los permisos de pesca de esos buques, ya que si la Provincia del Chubut no obtiene la titularidad registral de los mismos, o una medida judicial o administrativa que le permita obtener la titularidad de los permisos de pesca, con las CITC y las autorizaciones de captura de cada uno, los mismos deberán caducar de acuerdo a lo previsto por el artículo 2º de la Resolución CFP Nº 4/10, sobre la base de la regla establecida por el artículo 28 de la Ley 24.922.

Los plazos se acortan

Está claro y así lo entendió la mayoría del CFP que el estado chubutense tiene un interés legítimo en obtener la justificación de la inactividad comercial, pero se advirtió que dicho interés está sujeto a que adquiera el carácter de propietaria -titular de dominio-, o bien, que se le reconozca la calidad de armadora de los buques. Y hasta el momento, por la vía judicial ni administrativa, no ha adquirido ninguna de estas dos calidades.
No obstante, en la última decisión del Consejo de septiembre pasado quedó establecido que ese organismo ha resuelto reiteradamente que no pueden dar lugar a la ‘justificación indefinida’ de su falta de operación, ya que el interesado debe actuar con la máxima diligencia para lograr que
la embarcación vuelva a operar. Y, por otro lado, se indicó que la
situación judicial no justifica tampoco, por sí sola, un prolongado lapso de
inactividad.

Venta simulada

Con ese escenario, el transcurrir del tiempo conspira con la preservación de las cuotas. En pocas semanas dará comienzo la feria judicial y en rigor, el juicio de expropiación impulsado por el estado provincial continúa inactivo a la espera que por otra vía judicial se determine quién o quiénes son los titulares de las acciones de la sociedad anónima Alpesca. La sustanciación de un juicio por la presunta venta simulada de la pesquera quedó en suspenso a partir que los imputados: Omar Segundo y su hijo, y Federico Otero y su madre, solicitaron una ‘probation’, la cual deberá ser confirmada o desestimada por un tribunal de alzada.

Estancado

Cualquiera sea la decisión, la cuestión de fondo sigue sin resolverse, ergo, el juicio de expropiación no avanzará hasta que se determine quiénes son los dueños de Alpesca.
Marzo no está lejos, y nuevamente, volverá a tener que analizarse un eventual pedido de Chubut para que se extienda, una vez más, la justificación de inactividad, pero a la luz de las advertencias expresas hecha por el CFP, no será esa una tarea fácil.