El relato político que por oposición a las estadísticas tergiversadas del Indec 2007-2015 aparecieron las “estadísticas verdaderas”, trajo cola. Porque a medida que pasaban los meses y la inverosimilitud de los números oficiales era cada vez más evidente, se empezó a tratar a las estadísticas alternativas como si hubieran sido la verdad revelada frente a la mentira; así, aparecieron conceptos como “inflación verdadera”, “PIB verdadero”, “desempleo verdadero”, “pobreza verdadera”, y otros. Números alternativos que contradecían el grotesco relato oficial y que no siempre coincidían entre sí para una misma variable. De hecho, las estadísticas alternativas también debatían entre ellas el pasado, y las “proyecciones” de las consultoras empezaron a diferir no sólo en la visión del futuro sino también hacia atrás.
Por definición, las estadísticas son una abstracción de la realidad a partir de una metodología acordada, basada generalmente en criterios internacionales de medición adaptados a las particularidades de cada país. No son la “realidad”. Y al momento de reconstruir el sistema estadístico, luego del bloqueo de casi cinco meses, se requiere revisar estas definiciones, que no necesariamente están bien ni mal (son definiciones), pero que, valga la redundancia, definen el prisma con el que se analiza la realidad y por ende la visión del presente y cómo será recordado el futuro. Amén de que, en algunos casos, también definen la indexación de activos financieros significativos.
Así las cosas, la revisión de las cuentas nacionales publicada por el Indec en 2016 concluye que la economía creció menos de lo que sostenía el “relato”, pero al mismo tiempo somos más ricos. Créase o no cómo resultado, el PIB per cápita de la Argentina –que si no hubieran mediado los cambios en la metodología (el de 2014 con el Indec anterior y el de 2016 con el Indec actual) sería hoy de US$ 9.300– se eleva a casi US$ 12.600. Pero además, el nuevo dato cambia la lectura de toda la economía: mejora los déficits gemelos, achica el ratio deuda pública a PIB, la presión tributaria y el tamaño del Estado. También acota la apertura de la economía y el nivel de intermediación financiera. Lo malo de estos números es que desploman la tasa de inversión y acelera exponencialmente las asimetrías y los reclamos.

Olor a Emergencia

Rompiendo la luna de miel con el oficialismo y generando otra verdadera encrucijada en las cajas provinciales, la semana cierra con uno de los temas más resonantes por lo que acarreará en lo inmediato y es la aprobación del Senado de la Nación aprobó que el miércoles giró también a Diputados, del proyecto para declarar la Emergencia Social y Alimentaria por un año en todo el país.
La iniciativa fue impulsada por los kirchneristas Juan Manuel Abal Medina y Teresita Luna y por el representante del GEN, Jaime Linares, y fue aprobado por 45 votos a favor del peronismo y la centroizquierda y 13 en contra del Interbloque Cambiemos y de un sector del peronismo disidente. Abal Medina afirmó que «es un paso muy importante para salir de la idea de los planes sociales y pasar a la idea del trabajo».

Los puntos claves

El proyecto declara la emergencia social y alimentaria por un año en todo el país y, según sus promotores, promueve la creación de un millón de nuevos empleos bajo el Programa Solidario de Ingreso Social con Trabajo.
Además de la emergencia social, también se declara la emergencia alimentaria y se amplían los valores de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo para Protección Social, entre otras cosas.
Apunta al fortalecimiento de la llamada economía popular, estableciendo la conformación del Consejo de la Economía Popular que intervendrá en la fijación de un salario social complementario.
La propuesta contempla que durante la vigencia de la Emergencia se incrementen un 15% mensual los valores vigentes de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo para Protección Social.
El tema es que el costo fiscal significaría un desembolso de 1.000 millones de pesos para diciembre y de aproximadamente otros 11.000 para el próximo año.

Resistencia

La alianza oficialista Cambiemos se resiste al avance de esta iniciativa debido al costo fiscal que implicaría y con el argumento de que no contempla el financiamiento, como lo expresaron los senadores de ese interbloque durante la sesión para justificar su voto en contra. La aprobación por parte de la Cámara alta se produjo a dos días de que las organizaciones sociales marchen junto a la CGT a las puertas del Congreso para reclamar la sanción de la ley antes de fin de año, que dependerá ahora de la Cámara de Diputados.
Durante su defensa del proyecto, Abal Medina subrayó que la intención es dar «un paso importante para empezar a salir de la idea de planes sociales y pasar a la idea de planes de trabajo» mediante el programa de Ingreso Social. Respecto del financiamiento de las medidas que dispone el proyecto, que no figura entre los artículos, el senador bonaerense sostuvo que se podrían obtener «2.200 millones de pesos provenientes de grabar con el uno por ciento plazos fijos de personas físicas». Señaló, además, que a eso se puede agregar la creación de un gravamen que recaiga sobre la explotación de tragamonedas y juegos de paño, equivalente a un 20 por ciento de la rentabilidad bruta, y señaló que en la Cámara de Diputados hay un proyecto que va en ese sentido. Sobre el costo fiscal, sostuvo que, «de aprobarse la emergencia social y alimentaria para noviembre, implicaría un costo de mil millones de pesos y para todo el año siguiente 11 mil millones de pesos» sólo en concepto de aumento en las asignaciones, esto es sin contar el millón de puestos de trabajo cuya creación es instruida por el proyecto al Ministerio de Desarrollo Social.

Cuidado con el “título”

Por su parte, el radical Luis Naidenoff fue el primero de los oficialistas en fundamentar el rechazo de Cambiemos al proyecto, al reclamar «sentido de la responsabilidad» por parte de «los que fueron gobierno», y mencionó, además, la posibilidad de que sea vetado por el presidente Mauricio Macri si es convertido en ley. «Más allá de que todos podemos compartir la inclusión de un millón de nuevos trabajadores, la necesidad de ampliar los montos en concepto de asignación o trabajar en serio con un plan de contingencia en materia alimentaria, no podemos hacerlo sólo con la intención de lograr un título, el título de la emergencia», advirtió. En este sentido, sostuvo que «a este proyecto le falta sentido de responsabilidad desde el financiamiento»

Sincerar es asumir

En el cierre del debate, el jefe interino del interbloque Cambiemos, Pedro Braillard Poccard, sostuvo que, «cuando uno debe cambiar la realidad, debe empezar por asumirla y eso ha hecho el Gobierno al sincerar estadísticas». Luego, afirmó que el Poder Ejecutivo «está haciendo un enorme esfuerzo para darle mejores posibilidades a los que hoy sufren» pero anunció que no acompañaba el proyecto.
Durante la semana hubo reuniones entre el presidente de la Cámara de diputados, el macrista Emilio Monzó, con dos importantes dirigentes de peso del Movimiento Evita, Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, donde también estuvo presente el secretario de Interior de la Nación, Sebastián García de Luca. Allí plantearon algunas diferencias sustanciales con la propuesta original. Extraoficialmente se habla de un posible veto de Macri, por lo menos parcial, lo que podría acarrear también fuertes manifestaciones públicas. Todo indica que este será uno de los grandes temas que marcará el fin de año. Habrá que ver…

Fuentes: NA, AF, Fortuna, Parlamentario, propias.