Qué productos exporta Chubut a los Estados Unidos

Petróleo crudo y aluminio están entre los principales productos que exporta Patagonia y entre los cuatro primeros en millones de dólares que exporta Argentina al país del norte junto con productos químicos y bebidas alcohólicas.
En cuanto al petróleo figuran unos 298 millones de dólares en exportaciones, de las cuales son varias las empresas y zonas del país que alimentan estos envíos; mientras que en aluminio, cuyo único productor se encuentra en Chubut, figuran exportaciones por 204 millones de dólares.
Tras el inesperado triunfo del candidato republicano, Donald Trump, en las elecciones a presidente de los Estados Unidos, especialistas locales y de todo el mundo se preguntan cómo afectará este resultado a las economías de todo el planeta. A nivel país, y con respecto a las variables económicas que podrían cambiar de modificarse la relación entre la Argentina y los Estados, la consultora ABECEB publicó un informe que muestra cuáles son las principales exportaciones argentinas al país del Norte, según datos del 2015.
Según dicho relevamiento, los productos químicos misceláneos, las bebidas alcohólicas, el petróleo crudo y el aluminio se encuentran entre las exportaciones que más dólares generan. Sin embargo, no son esos los productos para cuyo mercado los Estados Unidos representan al principal cliente. Así, si bien en la exportación de productos químicos misceláneos el país en cuestión se lleva un 54,1 por ciento de las ventas al exterior, ese porcentaje se reduce al 34,7 por ciento en el rubro de las bebidas alcohólicas, y asciende a un 51,3 por ciento en el mercado del azúcar, la miel y la melaza.
«Si bien la participación de los Estados Unidos en las exportaciones e importaciones argentinas ha venido cayendo en forma sistemática, del 14 por ciento del comercio total en 2002 a 9 por ciento en 2015, sigue siendo un socio comercial clave, tercero en importancia detrás de Brasil y China», alertó Dante Sica, director de la entidad autora del informe.

¿Otro plan trabajar?

El Estado pagará parte de las indemnizaciones de los trabajadores despedidos por la apertura de las importaciones. Lo hará a través del Programa Nacional de Transformación Productiva, que firmaron los ministerios de Producción y Trabajo, y que estará orientado a las industrias más sensibles a la competencia con productos del extranjero, como las fábricas de computadoras ante la inminente baja de aranceles. El plan habilitará un complemento indemnizatorio o bien el pago de una parte del salario con fondos públicos para los operarios que pudiesen ser reinsertados en otras fábricas como parte del mismo esquema.
El plan surgió al calor de la baja arancelaria y fue pensado originalmente para Tierra del Fuego, en donde funciona la mayoría de las terminales electrónicas que ensamblan productos tecnológicos, pero el Gobierno decidió que su aplicación podrá concretarse en cualquier lugar del país, sobre segmentos de la industria necesitados de una reconversión. En el Ministerio de Trabajo lo definen como un «Repro vip», en alusión al Programa de Recuperación Productiva que creó el Gobierno anterior y que, todavía vigente, implica el desembolso de una cantidad variable de dinero por cada trabajador de una empresa en situación de crisis -previamente constatada con la exhibición de sus libros- para complementar sus salarios a cambio de una garantía de sostén de los puestos de empleo.
El punto más sensible del plan es la constitución de un bono equivalente, como máximo, al salario mínimo, vital y móvil (hoy en $7.560) que el Estado pagará a cada trabajador de acuerdo a su destino final. Si se trata de un despedido por una compañía imposibilitada de reconvertirse por la competencia extranjera, el bono tendrá una duración máxima de seis meses y operará como complemento indemnizatorio, con el propósito alegado de darle más herramientas al afectado para reinsertarse en el mercado laboral. Pero también podrá aplicarse el bono como complemento salarial para los trabajadores derivados a una «compañía dinámica», es decir en proceso de reconversión. Será, de ese modo, un ahorro para el nuevo empleador, dicen.
Lo ideal sería que se financiara la competitividad, no la liquidación de esta ante la avanzada arrasadora del mercado externo.

Con el ojo en las licitaciones

Pablo Trevisan, vocal de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, dijo que también hacia dentro del Estado se necesita instalar una cultura de la competencia, y no sólo en las empresas. Por este motivo, la Comisión celebró un acuerdo con la Oficina Anticorrupción y busca tener presencia en todos los ministerios desde los que se adjudican licitaciones de infraestructura, transporte o de cualquier otro tipo. Para el sector privado, los primeros lineamientos del sector se darán en 2017 y comenzarán por el accionar de las cámaras empresarias.
Entre tanto, la Comisión de Defensa de la Competencia elaboró una nueva ley para esta materia; empezó en enero y desde abril comenzó, en primer término, un proceso de consulta pública, y luego, de consenso con los diputados.
«Hay barreras a la competencia del propio Estado, por lo que este será un camino largo; el trabajo dentro del Estado es enorme”. Afirman que las empresas necesitan departamentos de `compliance´ de la competencia para empezar a instalar la cultura de la competencia, además de políticas de cumplimiento. Y que por ejemplo en la Argentina no hay prisión para los monopolios o la cartelización, pero que las multas de la nueva ley son muy altas, y también que el costo reputacional hoy es bajo porque no se conoce qué empresas fueron sancionadas por esta cuestión.
Otra cosa que no existe en el país es un programa que permita dar beneficios en la sentencia al participante de un cartel que «llega primero» como arrepentido a Defensa de la Competencia, y denuncia al resto del grupo. Para esto, dijo, es necesario un buen compliance interno con alertas tempranas sobre conductas inapropiadas del sector de ventas, por ejemplo. En las políticas, tiene que estar claro que deben hacer y que no los vendedores, indicó.