La reforma al Ministerio Público Fiscal impulsada por el Gobierno para acortar el mandato de Alejandra Gils Carbó también elimina la fiscalía especializada en casos de violencia de género, justo en momentos en que se multiplican los femicidios en todo el país. En el macrismo dicen que se trata de un olvido y será corregido en el texto definitivo.
En el `mientras tanto´, el ejercicio declamativo en el que ingresa cada vez más seguido la política, y se traduce en gravísimas contradicciones de gestión, sigue sin alinearse con la realidad, y los reclamos del pueblo.

Otro modo de `invisibilizar´

Se trata de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), que hasta ahora está a cargo de la fiscal federal Mariela Labozzetta y es la única del país dedicada exclusivamente a la investigación de femicidios.
Su eliminación en el proyecto de reforma del MPF salió a la luz justo ayer, en el día en que se realizó una movilizadora y concienzuda jornada nacional de lucha contra la violencia de género, que incluyó un paro de mujeres de una hora y una manifestación en el Obelisco, además de actividades en todas las provincias y ciudades del país.
El artículo 8 del proyecto -que anteayer consiguió dictamen en Diputados tras un acuerdo de Cambiemos con el Frente Renovador y el Bloque Justicialista- establece la modificación del artículo 22 de la Ley Orgánica del MPF y detalla cuáles serán las nueve procuradurías especializadas.
Entre otros cambios, se crean las procuradurías de Ciberdelincuencia y Terrorismo, que generaron el rechazo del Frente de Izquierda, y se establece que la actual de lucha contra el lavado de dinero se dividirá en Lavado de Activos, por un lado, y Delitos Económicos, por otro.
Nada dice el texto de la continuidad de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) ni contempla otra Procuraduría o Unidad sobre el tema. «¿Decisión política u olvido? Ambas inexplicables», se quejó la fiscal Labozzetta.

Excusas varias

Apenas estalló la polémica, el diputado macrista Pablo Tonelli se refirió al tema y en un principio negó que el proyecto elimine la UFEM y luego indicó que se trató de un olvido. «Me parece que sí que está, yo no tengo el proyecto en la mano, pero hay una dirección y una fiscalía especializada en temas de trata, por ejemplo», argumentó el legislador en diálogo con FM Blue. «No, no nos olvidamos, está en el texto del proyecto», remarcó.
Ante la insistencia de los periodistas, Tonelli admitió el olvido y prometió corregirlo. «Lo tendremos que agregar cuando lo tratemos en el recinto, yo tenía la idea de que estaba», afirmó el diputado, que prometió hacer «los cambios que haya que hacer».

Ni olvido, ni perdón

No sólo significa un verdadero papelón un “olvido” sobre uno de los temas más sensibles en los vínculos intrafamiliares que derivan en gravísimas consecuencias personales y problemáticas sociales, sino que por otro lado, la asociación Abuelas de Plaza de Mayo manifestó su «preocupación” porque el proyecto pone en riesgo la continuidad del titular de la “Unidad Fiscal Especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado”.
Mediante una nota firmada por Estela de Carlotto y enviada a la presidenta de la Comisión de Legislación Penal de Diputados, María Gabriela Burgos (UCR), Abuelas advirtió que se incorporó al dictamen «el requisito de cinco años de antigüedad en el cargo para desempeñarse como titular de una Procuraduría o Unidad Fiscal Especializada».
Eso significaría la cesantía automática en el cargo del actual titular de la fiscalía especializada para apropiación de bebés durante la dictadura, Pablo Parenti, “quien si bien lleva más de una década de trabajo en el MPF no reúne el requisito de `antigüedad´ en el cargo requerido”.
Abuelas recordó que desde la puesta en marcha de la unidad, en 2012, “se obtuvo una mejora sustantiva en la investigación judicial de la apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, tanto en lo relativo a la prolongación temporal de las investigaciones como en la cantidad de casos resueltos”, con la restitución de las identidades de nietos recuperados.

A todo esto, Cambiemos logró acuerdo en Diputados para aprobar la reforma al Ministerio Público y acortar el mandato de la procuradora Alejandra Gils Carbó, con apoyo del Frente Renovador y el Bloque Justicialista, que logró incorporar algunos cambios y garantizará la mayoría en la sesión del próximo miércoles 26.
El gran desafío del Gobierno será ahora ablandar a los senadores peronistas, una tarea incierta tras conocerse reuniones de la procuradora con los gobernadores.
«Se le dieron muchas funciones a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público. Va a tener participación en cuanto a los traslados de fiscales y la creación de procuradurías especializadas”, confirmó el radical Diego Mestre, ni bien abrió el plenario de comisiones. Sergio Massa presionó para crear esta comisión, logró imponer a Graciela Camaño como presidenta, y amplió su poder como parte de la reforma del Ministerio Público.
El dictamen le concede a la bicameral múltiples funciones como dictar acuerdo sobre los integrantes de las procuradorías especiales.
La más conocida es la Procelac, dedicada a investigar el lavado de dinero, pero la ley crea nuevas como ciberdelincuencia y terrorismo, repudiada por la izquierda y el Frente para la Victoria.
Otro cambio rutilante que complica a la procuradora es que será más fácil el juicio político. No tanto como pretendía el proyecto, que planteaba iniciarlo con un decreto del Poder Ejecutivo, pero más que a cualquier miembro de la Corte Suprema, porque alcanzará con una mayoría simple de Diputados y sólo dos tercios del Senado.
Massa también logró eliminar los subprocuradores, una figura armada para acorralar al jefe del Ministerio Público, y redujo las atribuciones del Consejo General, conformado por el procurador, dos fiscales generales y dos comunes.
A Mauricio Macri sólo le interesan los límites al mandato de la Procuradora, que el proyecto fijó de 5 años y no de 4, como decía el proyecto original, con la intención de interpretar la Ley con retroactividad y echar a Gils Carbó. «No tenemos miedos a planteos judiciales», desafió el macrista Pablo Tonelli. Un debate que expone una peligrosa avanzada contra uno de las estructuras y poderes del Estado. Habrá que ver…

Fuentes: parlamentario, LPO, AF, NA.