Los indicadores de pobreza y la situación de los sectores más vulnerables de Madryn sería hoy el tema central de debate de la 16 Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante, en la que los distintos bloques presentarán una serie de proyectos nuevos y, en algunos casos, buscarán dar tratamiento en el recinto a algunos de los que ya fueron girados a Comisiones.
La jornada legislativa había sido pospuesta la semana pasada, dado que ediles de todos los espacios participaron de la Feria de Gobiernos Locales, un evento que trató diversas cuestiones referidas a la gestión y el denominado “smart government”, o “gobierno inteligente”.
Se espera que los bloques compartan algunas de las iniciativas, entre las que se incluyen, por ejemplo, la que prevé que Puerto Madryn tenga su propia bandera, algo que había sido planteado durante 2011, aunque sin consenso dentro de la anterior conformación del Palacio Legislativo.
A su vez, durante la Hora de Preferencia, un tema que estará en boca de más de un concejal es la última medición del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), organismo que finalmente publicó, luego de tres años de escasa o nula operatividad, cifras relacionadas a la pobreza del país.

De bandera
El proyecto encarado por el edil Enzo Terrera (Chubut Somos Todos), que podría ser presentado en la Sesión de hoy para que se vote su pase a Comisión, tiene por objetivo que la ciudad de Puerto Madryn tenga su propia bandera, como parte de la identidad colectiva de la misma y al igual que sucede con muchas ciudades y provincias del país, como por ejemplo la de la Ciudad de Buenos Aires, creada en 1978.
En esta ocasión, la iniciativa implicaría la apertura de un concurso, al que podrán presentarse no solo aquellos artistas locales interesados en contribuir al diseño y la elaboración del símbolo en cuestión, sino también “las personas que tengan talento y quieran colaborar”, según trascendió desde el bloque.
El comité que oficiará como Jurado, una vez presentados los distintos proyectos de bandera, estará compuesto por un concejal por la mayoría, otro por la minoría, el presidente del Concejo Deliberante, en función de Xenia Gabella, la Asociación Cultural Galesa y un representante de los Pueblos Originarios; esto último supone un dato interesante, teniendo en cuenta que se buscará trazar un balance histórico en función de la representación de la ciudad a través de una bandera, no solamente por la impronta marcada por el desembarco Galés de 1865, sino también por la extensa cantidad de personas que ya poblaban la región patagónica cuando ello ocurrió.

Indec vs. Indek
Luego de tres años en los que el mayor organismo estadístico del país no publicara cifras referentes a la pobreza, días atrás se conoció la última medición, que da cuenta de un 32,2 por ciento de argentinos que son pobres, además de un alarmante 6,3 por ciento que se encuentra en un nivel de indigencia.
El relevamiento corresponde al segundo trimestre del año y precisó que alrededor de 8,7 millones de personas que viven en grandes centros urbanos son pobres, lo que equivale al 32,2 por ciento de la población, y, entre ellas 1,7 millones de personas son indigentes, lo que representa el 6,3 por ciento.
Las mediciones se basan en la consideración de “indigente” a aquella persona o grupo familiar que no cuenta con los ingresos mínimos como para comprar los alimentos indispensables de subsistencia, comprendidos en la “Canasta Básica Alimentaria” (CBA), que costaba 5.175,92 pesos en el mes de agosto, para una familia compuesta por dos mayores y dos niños de 6 y 8 años.
El mismo grupo familiar requirió de 12.489,37 pesos para poder adquirir la Canasta Básica Total (CBT), compuesta por alimentos, indumentaria y servicios básicos, evitando así caer por debajo de la línea de pobreza.
Dicha radiografía, acaso preocupante, será otra de las cuestiones que se debatirán durante la Hora de Preferencia, y se espera que se de lugar a sendas diferencias del orden político, teniendo en cuenta que de un lado apuntarán a “los nuevos pobres generados por la actual gestión” y, por el otro, a “la herencia recibida”.

En Comisión
Varios de los proyectos presentados durante los últimos días por algunos bloques, ya se encuentran siendo analizados en las distintas comisiones del Concejo Deliberante.
Uno de ellos es el que fuera propuesto por la edil Mariela Williams (Chubut Somos Todos), el cual establece sanciones para aquellos comercios que vendan pegamento con tolueno sin la debida habilitación.
Sucede que, aparentemente, la cantidad de menores presos de adicciones relacionadas a la inhalación de pegamento se habría incrementado en la ciudad, motivo por el cual desde el bloque impulsan la idea.
Actualmente, la provincia del Chubut tiene la Ley I 229 (antes Ley 4.800), que prohíbe, “en el territorio de la Provincia del Chubut, la venta de pegamentos o adhesivos que contengan tolueno, hexano u otro tipo de solventes tóxicos, en kioscos, librerías, almacenes, servicentros de estaciones de servicio, supermercados y ventas callejeras”, a la vez que indica que “será Autoridad de Aplicación de la presente Ley la Secretaría de Salud de la Provincia, quien a través de los municipios, instrumentará las acciones conducentes a la aplicación de esta norma”.
Por otra parte, dicha Autoridad de Aplicación “confeccionará y publicará periódicamente un listado de los productos que en su composición incluyan solventes cuyos vapores al ser inhalados provoquen daño a la salud humana” y “los productos mencionados solo podrán ver vendidos en comercios habilitados como ferreterías, pinturerías, corralones de venta de materiales para la construcción y comercios de venta de empapelados, alfombrados y revestimientos, exclusivamente a mayores de 18 años, quedando terminantemente prohibida la venta de los pegamentos y/o adhesivos mencionados a menores de edad”.
El Ministerio de Educación de la Provincia “deberá incluir en los contenidos curriculares de todos los niveles, ciclos y modalidades, temas vinculados a la prevención contra el consumo y/o inhalación de sustancias químicas tóxicas”, reza el texto de la Ley.

Vecinos asistidos
Una de las carpetas en análisis dentro de las comisiones del Palacio Legislativo es la del proyecto presentado por el concejal Claudio Tortoriello (Cambiemos), que propone la creación de la figura de “Defensor del Pueblo” para la ciudad de Puerto Madryn, figura que estará encargada de canalizar los reclamos de vecinos y “proteger los derechos e intereses” de los mismos frente a cuestiones inherentes a la administración pública municipal y las prestaciones de servicios públicos.
El proyecto, establece la creación de la denominada “Oficina de Asistencia”, la cual no recibiría instrucciones de ninguna otra autoridad y cuyo funcionario a cargo será el Defensor del Pueblo, que a su vez podrá delegar algunas de sus funciones en dos “Defensores del Pueblo Adjuntos”.
La figura “proviene del derecho escandinavo y se lo integró al orden normativo argentino en la Reforma Constitucional de 1994, con el fin de mejorar los mecanismos de control entre los tres poderes clásicos de las democracias liberales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), así como para combatir la corrupción y hacer más accesible la Justicia para muchos sectores de la población a través de su legitimación procesal, la cual supone la facultad del Defensor del Pueblo municipal para iniciar procesos judiciales sin perjuicio del derecho del afectado a hacer lo propio”, indica uno de los fundamentos del proyecto, el cual también indica que tal es la “única Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH) Argentina reconocida por Naciones Unidas”, por adecuarse a los denominados “Principios de París”.