En virtud de las distintas actividades comerciales que se realizan en la ciudad, desde la delegación local de la Dirección Nacional de Migraciones anticiparon que intensificarán los denominados “controles de permanencia”, apuntados a detectar ciudadanos extranjeros que pudieran encontrarse residiendo en situación irregular dentro de la jurisdicción del organismo (que abarca incluso la zona de la Meseta, Rawson y Puerto Pirámides, entre otras localidades y comunas), o bien siendo víctimas de explotación laboral o sexual.
Los procedimientos “nos permiten saber en qué situación está la ciudad respecto de la ciudadanía extranjera, y ayudarlos a que regularicen su situación migratoria, en caso de que la misma sea de carácter irregular”, manifestó Lourdes Schlemminger, titular de la delegación.
La Ley de Migraciones, sancionada en 2010, establece entre otras cuestiones, que “los extranjeros serán admitidos para ingresar y permanecer en el país en las categorías de ‘residentes permanentes’, ‘residentes temporarios’, o ‘residentes transitorios’” y que “hasta tanto se formalice el trámite correspondiente, la autoridad de aplicación podrá conceder una autorización de ‘residencia precaria’, que será revocable por la misma, cuando se desnaturalicen los motivos que se tuvieron en cuenta para su otorgamiento”.
Además, agrega que “su validez será de hasta 180 días corridos, pudiendo ser renovables hasta la resolución de la admisión solicitada, y habilitará a sus titulares para permanecer, salir e ingresar al territorio nacional, trabajar y estudiar durante su período de vigencia; la extensión y renovación de ‘residencia precaria’ no genera derecho a una resolución favorable respecto de la admisión solicitada”.

Intensifican las inspecciones

Al respecto, Schlemminger adelantó que “los Controles de Permanencia van a continuar, porque la realización de los mismos forma parte de una política de estado, no son algo que se iba a realizar durante un determinado período de tiempo, sino que continuarán de manera permanente, ya que se enmarcan en la Ley que nos rige”, en referencia a la Ley de Migraciones 25.871, y explicó que “actualmente, los controles se siguen realizando, al tiempo en que tenemos dos inspectores, que se encuentran en Buenos Aires hace unos diez días, tomando una capacitación y realizando trabajo de campo en la Capital Federal”.
En este sentido, valoró que “de esa manera, tendremos personal mucho mejor capacitado y con muchas más herramientas para que, al momento de realizar los controles, pueda detectar sutilezas, cuestiones y pequeños signos y alarmas que dan cuenta de que se pude estar frente a una explotación del tipo referente al trabajo esclavo o bien sexual, además de que podrán abordar mejor distintas situaciones con las que nos encontramos en los controles, de una manera más intensiva y con más herramientas”.

Más controles para fin de año

En el marco de la temporada alta, que implica la llegada de miles de turistas y cruceros a la ciudad del Golfo, la titular de la delegación Migraciones sostuvo que “ello no significa que los controles vayan a mermar, sino que, por el contrario, continuarán” y agregó que “para los meses de noviembre y diciembre, hay dos controles programados para la zona de la Meseta, los cuales no se pudieron realizar con anterioridad debido a inclemencias climáticas, problemáticas propias de la región”.
Sobre esta línea, recordó que “continuamos llevando a cabo inspecciones en obras en construcción, ya visitamos empresas como Aluar e Infa, también seguimos yendo a Puerto Pirámides” y remarcó que “los Controles de Permanencia, al formar parte de una política de Estado del presidente Mauricio Macri, nos obliga a nosotros a continuar y a intensificar cada vez más los procedimientos, ya que son los mismos los que nos permiten saber en qué situación está la ciudad respecto de la ciudadanía extranjera, y ayudarlos a que regularicen su situación migratoria, en caso de que la misma sea de carácter irregular”.

Trabajo conjunto a nivel local

Consultada sobre el procedimiento que la Delegación lleva adelante cuando se detecta a una persona en situación irregular, Schlemminger explicó que “en el momento en que nosotros detectamos una irregularidad en la situación migratoria de una persona, lo primero que hacemos es pedirle que se acerque a la Delegación para regularizar la misma, poner al día sus papeles y ver si tiene permisos, si los mismos están caducos, si inició un trámite, está con una precaria y tiene que continuar con el mismo, y en este caso no solo lo instamos a concretarlo, sino que lo ayudamos a que pueda obtener todos sus papeles y completar el trámite”.
Por otro lado, “cuando se trata de casos de explotación, ya sea esta sexual o bien de trabajo esclavo, lo que hacemos desde le Delegación es ponernos en contacto con todas las áreas intervinientes, además de Migraciones (nacional), y buscar que esta persona sea rescatada de esa situación; en este orden, nos ponemos de acuerdo con la Secretaría de Trabajo de la Provincia, con el personal del área de Desarrollo Comunitario del Municipio y los distintos actores que intervienen en este tipo de cuestiones, todo ello dependiendo del tipo de situación con la que nos encontremos”.
La directora de la delegación local de Migraciones puso en valor que “con Desarrollo Comunitario trabajamos de manera muy fluctuada, la verdad es que se pude trabajar en equipo y tenemos muy buena comunicación con la gente del Municipio en general, principalmente con la titular de dicha área, María Eugenia Allianillo, quien junto con los asistentes sociales, realiza los estudios socioambientales de cada uno de los expedientes que tenemos en la Delegación, para continuar los trámites de radicación y de permiso temporal, entre otros”.

Combatir la explotación laboral

En el ámbito internacional, el artículo 23 de la “Declaración Universal de Derechos Humanos” establece que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual, a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social”.
Por otra parte, también agrega que toda persona debe tener “derecho a condiciones de trabajo justas y equitativas que, con variada intensidad y precisión, también se desprenden del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.
En este contexto, en un documento difundido por la Procuración de Trata y Explotación de Personas (Protex), titulado “El Concepto de Explotación en el Contexto de la Definición de la Trata de Personas”, afirman que “cuando existen indicadores de explotación producto de trata de personas, los operadores deben tratar de obtener prueba corroborativa de esa explotación en tiempo oportuno y de manera eficiente” y que “la tarea probatoria”, es decir de recolección de pruebas, “es necesaria incluso en situaciones en las que las víctimas no advierten que han sido explotadas o que afirman que no han sido explotadas”.
Además, indica que “los Estados suelen tener que priorizar la asignación de los recursos escasos de la justicia penal” y que, en relación a ello, “se debe tratar de asegurar que los recursos sean aplicados de manera que permitan que los funcionarios de la justicia penal puedan abordar las modalidades y manifestaciones de explotación que presentan los riesgos más altos para los derechos de las víctimas y su bienestar físico y psicológico”.

Cuándo una persona no puede ingresar al país

De acuerdo a la Ley de Migraciones Argentina, entre las causas que impiden a un individuo extranjero el ingreso y la permanencia al denominado “Territorio Nacional”, está el hecho de “haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres años o más”, “haber incurrido o participado en actos de gobierno o de otro tipo, que constituyan genocidio, crímenes de guerra, actos de terrorismo o delitos de lesa humanidad y de todo otro acto susceptible de ser juzgado por el Tribunal Penal Internacional” y “promover la prostitución; lucrar con ello; haber sido condenado o tener antecedentes, en la Argentina o en el exterior por haber promovido la prostitución; por lucrar con ello o por desarrollar actividades relacionadas con el tráfico o la explotación sexual de personas”, entre otros motivos.