La sentencia cayó como piedra en algunos parajes provincianos: “Nación no avalará deuda para gastos corrientes”. Fue ayer, cuando Prat Gay y Frigerio recibieron a los titulares de las carteras de Economía provinciales.
Allí el ministro de Hacienda y Finanzas, fue el encargado de oficializar los parámetros centrales del proyecto de Presupuesto nacional que enviará a la Legislatura mañana, y que necesitan los gobernadores para cerrar sus propios planes de gastos para el electoral año 2017.
Fue en el marco de un encuentro del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal.
«Es la primera vez en cinco años que se reúne este Consejo con la presencia de ministros del Gabinete nacional», destacó Prat Gay, además de remarcar la pretensión de que «las decisiones se tomen por consenso» con la mirada puesta en la discusión parlamentaria por el Presupuesto.

Limitantes

Entre referencias y ítems, los emisarios de Macri le plantearon a los de las Provincias que habrá una mirada más estricta por parte del Gobierno nacional para autorizar futuras colocaciones de deuda.
«Queremos que tomen deuda para hacer inversiones en infraestructura y obras públicas, y no para gastos corrientes”. Además, el Gobierno pidió a las provincias que adhieran a la ley nacional de blanqueo de capitales, ya que hasta ahora sólo lo hicieron cuatro (Ciudad de Buenos Aires, Tucumán, Salta y Córdoba).
También Nación y provincias acordaron avanzar este año en la elaboración conjunta de una nueva Ley de Responsabilidad Fiscal, bajo los parámetros de la búsqueda del equilibrio fiscal.
En paralelo, les confirmaron a los ministros subnacionales que el Palacio de Hacienda avanza en el diseño de cambios graduales en las escalas del Impuesto a las Ganancias en pos de darle una mayor progresividad, y les aseguraron que buscarán consensuar los cambios con las provincias antes de remitir el proyecto de rigor al Congreso.

¿Condicionantes?

La pretensión de ponerle destino final a los endeudamientos de los Estados provinciales acarreó cierta preocupación entre los gobernadores, ya que en los hechos representará una nueva desaceleración en las remesas de la coparticipación al interior, al reducirse con los cambios la masa de recursos que se distribuyen a los distritos.
Por eso, los funcionarios nacionales se comprometieron a remitir primero el proyecto a las provincias, conscientes además de la necesidad de contar con el respaldo en el Congreso de las terminales legislativas de los gobernadores.
“Se habló de la mirada del Gobierno en cuanto a los montos de endeudamiento que tomaron la Nación, las provincias y los sectores corporativos y en qué medida contribuyeron a las reservas, y respecto de las futuras operaciones se planteó la necesidad de hacer un análisis más detenido previo al otorgamiento de las autorizaciones en procura de que los recursos se usen en inversiones», aseguró uno de los ministros que asistió al cónclave.
Al parecer, se trata de un giro de la Casa Rosada respecto de los primeros meses del año, cuando las autorizaciones eran otorgadas sin mucho nivel de análisis. Ahora, habría un cambio de mirada respecto de las autorizaciones de endeudamiento, tratando de evaluar el monto, la capacidad de endeudamiento, la oportunidad, la conveniencia y el destino que se les quiere dar a esos fondos, para que no sean destinados a gastos corrientes y sí a inversiones. Los observadores finos opinan que se les habría ido de las manos la autorización de endeudamientos, lo que limitaría a Nación en razón de los cupos internacionales que existirían.
En lo que va del año ya concretaron colocaciones en el exterior la Ciudad de Buenos Aires y Buenos Aires, Salta, Neuquén, Mendoza, Chubut, Córdoba y Chaco, por cerca de 5.850 millones de dólares.
También pretenden sumarse nuevas provincias, como Santa Fe, Entre Ríos y Tierra del Fuego.

No hay barco

Y a propósito, como para dar una idea de la situación de caja, el Ministerio de Defensa dispuso en abril pasado una reducción de 30% para destinar alquileres de naves y otros gastos para la Campaña
Antártica, con lo cual, la suerte del abastecimiento a las 13 bases antárticas quedó en vilo, tras el fracaso de la licitación pública internacional N°40/2016 que lanzó el Gobierno para alquilar los medios navales y helicópteros destinados a la logística de la Campaña Antártica de Verano (CAV) 2016-2017.
Desde el incendio que destruyó al Irízar, en 2007, el país lleva gastados más de u$s120 millones en la contratación de terceros para cumplir con los relevos de las dotaciones, abastecer de combustible, víveres y materiales a las bases emplazadas en el continente blanco.
Este año, amén del buque polar que habitualmente lleva el grueso de la carga, se debe arrendar un rompehielos para penetrar las capas congeladas del mar de Weddell y alcanzar la base general Belgrano II, ubicada muy cercana al polo.
El 24 de agosto pasado, en el Ministerio de Defensa, se procedió a la apertura de sobres: hubo 4 oferentes, Meihuizen International, Trade Baires International, Assine SA y Témpanos Argentinos. Todos quedaron fuera de concurso, unos por no cumplir con requisitos técnicos y de garantías y otros porque su cotización excedió en largo el presupuesto con el que se cuenta.
Ahora se abre un tenso compás de espera. El trámite administrativo prevé un nuevo concurso cuya ejecución demandaría al menos 3 meses siempre que no haya impugnaciones cruzadas entre oferentes. El escenario abre la vía para echar mano al recurso de la contratación directa «por urgencia» una salida legal pero que huele a parcialidad, dicen los entendidos. O sea, como bien se sabe, los ajustes y direccionamientos, arrastran inconveniencias para muchos y conveniencias para pocos. Habrá que ver…

Fuentes: Telam, AF, NA, propias