El pasado 23 de septiembre se conmemoró el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, fecha elegida durante la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999, por haberse promulgado ese día, en 1913 en la Argentina, la Ley 9.143, conocida como la “Ley Palacios”, primera norma legal en el mundo contra la prostitución infantil.
La fecha obliga a replantear el abordaje de políticas públicas respecto de la prevención y el combate contra la trata de personas, cuando la mayoría de los dispositivos empleados demuestra haber fallado, no sólo en el contexto de control del delito, sino también en la concepción social de que “aquello que no se ve, no existe”, postulados que tienen como consecuencia, por ejemplo, que los cuatro prostíbulos allanados en la ciudad recientemente estuvieran “atestados de clientes”.
El día de carácter internacional, que se celebra desde hace 13 años, busca generar una reflexión global respecto del delito de la trata de personas, el cual después del tráfico de drogas y de armas, se constituye como el negocio de carácter “transnacional” que genera mayores dividendos, a la vez que quienes caen en las redes de los tratantes, suelen enfrentar no solo la explotación sexual, sino también distintas formas de trabajo esclavo y mendicidad forzada, además abusos de todo tipo, perdiendo sus derechos más básicos, como la libertad, la seguridad y el derecho a vivir sin ser objeto de violencias.
Sin embargo, en la actualidad se presenta un desafío del orden político, así como también institucional, que tiene por efecto sensibilizar la problemática, por un lado, para luego visibilizar los diversos factores que permiten que la explotación sexual, en todos sus aspectos, continúe operando en distintos sectores de la sociedad.
La falta de estadísticas concretas, o bien la contradicción entre cifras oficiales, evidencian un abordaje que con claras oportunidades de mejora, teniendo en cuenta los más de 6 mil casos que hay de personas desaparecidas en Argentina actualmente, de los cuales 3.200 son mujeres, muchas de ellas probablemente sometidas a redes de trata.
Convivencia y connivencia
En las últimas dos semanas, en Puerto Madryn tuvo lugar una serie de allanamientos que dieron cuenta de la existencia y la prevalencia de diversos “VIPs” y departamentos en donde se ejerce la prostitución, en ocasiones forzando a mujeres a permanecer practicando dicha actividad bajo amenaza o contra su propia voluntad; tal fue el caso de uno de los VIPs allanados el sábado 17 de septiembre por la madrugada, donde no solo se incautó droga y se constató la presencia del conocido empresario local Omar “Cura” Segundo, sino que también fue detectada una mujer, de nacionalidad argentina y de la provincia de Esquel, que denunció ser víctima de trata y haber sido obligada a tener sexo a cambio de dinero.
Días después, el allanamiento a un complejo de departamentos en Villegas 516 dio cuenta de otra cuestión; el inmueble había sido decomisado por el Tribunal Oral Federal en febrero, cuando su propietario fue condenado a nueve años de prisión por el delito de trata, pero aún continuaba funcionando como un prostíbulo, pese a hallarse bajo el resguardo de la Justicia.
Allí se detectaron diez mujeres que dijeron ejercer la prostitución en el lugar “por voluntad propia”, escenario distinto al que tuvo lugar en 2013, cuando cuatro jóvenes de nacionalidad paraguaya, de escasos recursos y escolaridad, habían sido engañadas y trasladadas desde Paraguay hacia Puerto Madryn, con la promesa de trabajar como empleadas domésticas en Buenos Aires, lo cual nunca se cumplió luego de que fueran obligadas a “trabajar” para quien ahora se encuentra preso.
En dicho contexto, la problemática de la trata de personas y los vaivenes sociales en los que el comercio sexual se mueve, vuelven a ocupar el centro de la discusión, más aún cuando se espera que no sólo las autoridades se pronuncien al respecto, sino los propios representantes de la ciudad en todos sus estamentos; ello, a propósito de un flagelo que oscila entre escabullirse en consignas como “Ni Una Menos”, de poco alcance si no se emplea presupuesto para el diseño de políticas públicas, o bien diluirse bajo la falta de concientización respecto de la consigna más importante, que es que “sin clientes no hay trata”.
103 años de la primera ley contra la Trata
La ley que lleva su nombre, planteada por el entonces diputado socialista Alfredo Palacios en 1913, establece en su artículo primero que “la persona que en cualquier forma promueva o facilite la prostitución o corrupción de menores de edad, para satisfacer deseos ajenos aunque medie el consentimiento de la víctima, será castigada con tres a seis años de penitenciaría si la mujer es mayor de diez y ocho años; con seis a diez años de la misma pena si la víctima, varón o mujer, es mayor de doce años y menor de diez y ocho; y si es menor de doce años el máximum de la pena podrá extenderse hasta quince años; esta última pena será aplicable, prescindiendo del número de años de la víctima, si mediara violencia ,amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación, como también si el autor fuese ascendiente, marido, hermano o hermana, tutor o persona encargada de su tutela o guarda, en cuyo caso traerá aparejada la pérdida de la patria potestad del padre, de la tutela o guarda o de la ciudadanía, en su caso”.
Además, “cuando las víctimas sean mayores de edad, se aplicará al autor de los hechos a que se refiere el parágrafo anterior la pena de seis a diez años de penitenciaría si para obtener su consentimiento hubiere mediado cualquiera de los circunstancias agravantes enumeradas en aquel; si hubiere mediado tan sólo engaño para alcanzar el consentimiento la pena será de uno a tres años de penitenciaría”.
Por otra parte, sostiene que “la persona o personas regentes de las casas de prostitución pública o clandestina, donde se encontrare una víctima de los delitos especificados en el inciso anterior, serán consideradas, salvo prueba en contrario, autores o coautores, y penados de acuerdo con la escala mencionada”, añadiendo que “las autoridades marítimas, policiales, municipales y judiciales, deberán prestar su auxilio cuando fuese requerido por cualquiera del pueblo o por las asociaciones ya expresadas, con el objeto de constatar la existencia del delito o para sustraer inmediatamente a la víctima de los efectos del mismo o aprehender a los delincuentes” y que “si algún empleado contraría por hechos u omisiones los propósitos de esta ley, dejando de cumplir lo que en ella se dispone, incurrirá en la pena establecida en el Código Penal para los encubridores”.
Muchas estadísticas, pero números poco claros
De acuerdo al último relevamiento realizado por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), hoy en el país existen 6.040 casos de personas desaparecidas, 3231 de las cuales son mujeres.
Tras sistematizar causas desde 2013 hasta 2015 que llegaron a procesamiento, el organismo reveló 386 víctimas de trata sexual en los últimos tres años, cifra que contrasta con información del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que habla de 9.987 víctimas rescatadas desde abril de 2008, el 48 por ciento de ellas por explotación sexual. En diciembre pasado, según el mismo organismo, hubo 454 casos.
A su vez, en 2009 hubo tan solo tres condenas por trata sexual en el país, mientras que en 2015 se llegó al pico de 21, misma cifra que en 2014.
Paraná, en Entre Ríos, es la jurisdicción que registró más sentencias para el mismo delito, con 17 fallos en total; le siguieron Mar del Plata, con 14 y Rosario, con 11.
Las cifras también permiten trazar un perfil de los explotadores; los hombres son líderes, contemplando que 132 imputados fueron condenados el año pasado, con 14 absueltos, frente a 80 mujeres condenadas y 12 absueltas.
En cuanto a las nacionalidades, los argentinos encabezan el ranking, con 175 condenados contra 27 oriundos de Paraguay y, apenas, seis dominicanos y dos chilenos.
EPIG
El 23 de septiembre se celebró mundialmente el Día Internacional contra la Explotación Sexual, fecha que prácticamente coincidió con el último allanamiento a un prostíbulo en Puerto Madryn.
El primer abordaje de la problemática fue realizado por el diputado Alfredo Palacios en 1913. Más de un siglo después, el flagelo persiste y se agrava cada año que pasa.