PJ: Se suspendieron las internas

Por la imposibilidad de cumplir con el cronograma electoral, la Junta Electoral del partido dictó la suspensión de las elecciones de autoridades en el Partido Justicialista que estaban previstas para el próximo 2 de octubre. Ahora, el Consejo Provincial deberá fijar una nueva fecha. La Junta l emitió una Resolución advirtiendo que resulta impracticable e inviable la elección, debido a que el fallo de la Justicia Federal retrotrajo el cronograma al 10 de septiembre, fecha en la que se consolidó la entrega de listas. El documento no refleja la reprogramación del acto eleccionario, producto de que no cuenta con las facultades para fijar fecha. En los fundamentos, los integrantes de la Junta Electoral especifican que “ante la imposibilidad de cumplimentar en tiempo y forma con los actos eleccionarios de acuerdo al cronograma electoral vigente y no contando esta Junta Electoral con facultades suficientes para dictar un nuevo cronograma”, el Consejo Provincial “deberá convocar a elecciones de autoridades partidarias y candidatos a cargos electivos”, conforme establece el artículo 24 inciso J de la Carta Orgánica.
Un dato de los tiempos que limitaban la elección, es que el fallo del juez federal subrogante, Gustavo Lleral, exigía analizar y establecer la veracidad de los avales, sumado a los cambios en las listas para poder cumplir con el porcentaje de participación femenina.

¿Cuál malversación?

El ex fiscal de Estado de la provincia de Chubut, Miguel Montoya, aseguró a ADNSUR que los 5 millones de dólares que se cobraron a la compañía aseguradora de la firma Antares, en el marco de la demanda civil impulsada por la Provincia tras el derrame petrolero de 2007 en las costas de Caleta Córdova, ingresaron a la cuenta de Rentas de la provincia de Chubut a fines del año 2014, por lo que debieron asignarse a obras específicas a concretar en el barrio. “El acuerdo no fue irregular, fue un convenio dentro de las posibilidades que teníamos, porque las muestras que se tomaron en 2007 habían quedado mal preservadas en bidones y ya estaban en mal estado”, sostuvo.
Montoya indicó que su labor concluyó con el ingreso del dinero a las cuentas provinciales, las que debieron aplicarse a obras específicas para el barrio de Caleta Córdova. “No hubo nada oculto, seguramente la gente que estuvo en Obras Públicas sabrá a qué se asignaron estos fondos”, señaló.

¿Cuál otra malversación?

Buzzi afirmó que los 10 millones de pesos prestados a través del Banco Chubut, eje de su imputación en la causa, fueron devueltos oportunamente a la entidad provincial que entonces tenía como hombre fuerte a su director, Carlos Eliceche, el ex diputado nacional que compitió con él por la Gobernación en 2011 y que luego fue uno de sus principales aliados políticos.
«Esos 10 millones sirvieron como paliativo inicial y para prefinanciar las exportaciones. Firmamos un acuerdo con la empresa, el banco y los cinco sindicatos de la pesca; los trabajadores levantaron el bloqueo a la planta y al puerto y liberaron una exportación de 12 millones de pesos. Con ese recupero se devolvió el dinero», contó.
«La exportación se hizo completa, el dinero reingresó al Banco y el Banco en vez de hacer la devolución del préstamo, lo dejó a disponibilidad de las cuentas de la empresa, que siguió pagando otras deudas con eso, con lo cual el acuerdo mutuo que nosotros firmamos se cumplió de principio a fin», aseguró, insistiendo que el cuestionamiento sin embargo responde a una “ven-ganza” política al cambiar el eje del debate sobre si “el gobernador podía o no autorizar un préstamo”.

Ley “profética”

El diputado provincial del PJ, José María Grazzini, se refirió al proyecto de ley que presentó en la Legislatura para regular la muerte digna en Chubut. Señaló que con esta nueva regulación, el trámite sería más ágil y la ley se adaptaría a nuevos derechos reconocidos en el nuevo Código Civil. “Uno va buscando los nuevos derechos civiles en relación a cómo ha avanzado la legislación nacional en diferentes provincias. La idea es adecuar la legislación provincial de acuerdo a cómo ha avanzado la Reforma del Nuevo Código Civil y Comercial”, sostuvo el diputado.
“La ley nacional de Muerte Digna fue actualizada en 2014 y Chubut estaba adherida, pero hoy, con la nueva ley la provincia ya no está adherida”, dijo y agregó: “trabajamos en una ley que enmarque todos los derechos civiles que están garantizados en la nueva ley nacional y el nuevo Código Civil. Creemos que esto da garantías a los derechos de los ciudadanos de Chubut para poder elegir y decidir la muerte digna”.

Postergaciones costosas

Pagani advirtió que Puerto Pirámides fue la que mayor inversión per cápita recibió durante los ocho años de las anteriores gestiones Das Neves, y anunció que antes de fin de año se licitará la obra de renovación integral de los 90 kilómetros de la línea de 33 KV, estaciones transformadoras y redes internas. También se invertirá 1 millón de pesos en la readecuación del sistema cloacal, se está ejecutando la finalización de la red de gas que demanda una inversión de 28 millones y está próxima a inaugurarse la nueva planta desalinizadora, y se destinó un equipo generador nuevo, que cuesta unos 5 millones, proyectándose además la instalación de una nueva cisterna de agua de 500 metros cúbicos, con una inversión de 6,5 millones de pesos. Pagani fue clarito y explicó que el abordaje integral para solucionar las cuestiones referidas a los servicios públicos requerirá una inversión total de 74 millones de pesos, debido a la falta de mantenimiento a la que fue sometida la villa turística los últimos cuatro años.

Preocupa el `choreo´ de ganado

La Procuración General sigue implementando las reuniones con productores de la provincia, para abordar de manera conjunta los mejores mecanismos para atacar la problemática del abigeato que ocupa y preocupa a las autoridades públicas.
El viernes pasado un nutrido grupo compartió la reunión con el doctor Jorge Miquelarena, acompañando de los Fiscales Daniel Báez, de Puerto Madryn, y Marcos Nápoli y Sergio Ferrin de la OUMPF de Trelew. El Procurador informó a los productores sobre las medidas adoptadas desde su anterior encuentro, explicando los alcances de la reciente Instrucción N° 5/2016 PG que de ninguna manera se imita a oponerse a la devolución de las armas de fuego secuestradas, sino que expresamente incluye a los vehículos utilizados para perpetrar el delito y a los perros de que se valen los delincuentes, entrenados especialmente para recolectar animales de a pequeños grupos, permitiendo así la consumación del delito.
Enfatizó el Procurador Miquelarena, junto con los Fiscales, que existen varias investigaciones abiertas y en curso desde hace tiempo, brindando algunos detalles sobre esos casos en los que se espera alcanzar en el futuro inmediato, buenos resultados. Se explicó que se trata de delitos complejos, que involucran organizaciones delictivas, con roles y actividades que es preciso definir y desentrañar.