Los integrantes del Servicio de Salud Mental Comunitaria y Adicciones y la Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental Comunitaria de la ciudad de Puerto Madryn, se decalararon en estado de alerta, y convocaron tanto al público en general como a las organizaciones y a representantes de servicios hospitalarios, de organizaciones sociales y derechos humanos, unidades académicas, familiares, trabajadores de salud mental, redes y colectivos para un encuentro el jueves 22 de septiembre a las 11 horas en el Hall del Hospital Andrés Ísola.

Situación de la Salud Mental

A través de un comunicado público, denunciaron una situación de crisis en el ámbito de la Salud Mental, tanto a nivel provincial y nacional, especialmente a partir de las últimas determinaciones de Andrew Santiago Blake, actual Director Nacional de Salud Mental, “dicha situación no es ajena a las medidas que funcionarios/as provinciales han resuelto en torno al tratamiento de los usuarios/as de los Servicios de Salud Mental y Adicciones”
A nivel nacional, denunciaron la derogación de la resolución ministerial N°1484, en la que se establecía que antes del 10 de septiembre de 2016 debía fijarse el límite de camas, con la finalidad de reducir las internaciones en Hospitales Monovalentes y Psiquiátricos.
Reclamaron, a su vez, por la creación de una comisión para la elaboración de normas de habilitaciónde establecimientos de salud mental y adicciones: “Este artículo de la resolución nos alerta ante la posible apertura de instituciones psiquiátricas monovalentes, contrario a lo establecido en la Ley Nacional de Salud Mental N°26.657 art. 27, en la que se prohíbe la apertura de instituciones con dichas características”. Agregando que será el Director Nacional de Salud Mental, “manifiesto opositor a la Ley Nacional de Salud Mental, quien tenga la facultad de convocar a los integrantes de la comisión”.

Abordaje

A nivel provincial, describieron que el artículo N° 4 de la Ley Nacional de Salud Mental Comunitaria y Adicciones establece que: “las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental (…) las personas con uso problemático de drogas legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente Ley, en su relación con los servicios de salud”. En este marco y en la línea de lo que dispone el art. 27 de la misma ley (“queda prohibida por la presente Ley la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados…”), es que hacemos de público conocimiento la apertura de un “Centro de Rehabilitación en Drogadependencia”, institución pública y monovalente para el abordaje de las adicciones en la ciudad de El Maitén, provincia de Chubut.

Rehabilitación

Dicha medida, afirman, se contrapone a los principios de las reglamentaciones vigentes a nivel nacional e internacional. Por otra parte, consideraron relevante mencionar que dicho “Centro de Rehabilitación en Drogadependencia” funcionaría como centro de referencia patagónico, lo que implicaría el traslado de las personas de sus lugares de origen, vulnerando así el derecho de los usuarios a recibir atención en salud en su entorno familiar, social, y comunitario, derecho establecido en la Ley Nacional de Salud Mental N°26.657, arts. 11; 28 y 30.
Por último, reclamaron la asignación de fondos monetarios para financiamiento de un modelo manicomial, consiguientemente, una desfinanciación del modelo de abordaje comunitario (cese de pago de alquileres de dispositivos de rehabilitación)