En medio de la etapa final del juicio de impeachment en el Senado a la suspendida presidenta Dilma Rousseff por manipulación de las cuentas públicas, la Policía Federal de Brasil presentó cargos por corrupción pasiva, lavado de dinero y falsificación de documentos contra su padrino político, el ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, en la causa sobre un departamento que habría obtenido a cambio de favores dentro del esquema de corrupción en Petrobras.
Es la primera vez que Lula queda formalmente acusado en el marco de las investigaciones del «petrolão», que lleva el juez federal Sergio Moro, en Curitiba. El popular ex presidente ya estaba procesado en Brasilia por presunta obstrucción de la Justicia en el caso, y también está bajo la lupa judicial por otras denuncias en torno a la adquisición de una chacra y por los jugosos pagos que recibió de varias constructoras por conferencias.
La nueva acusación tiene como eje un departamento tríplex en el edificio Solaris, en el balneario paulistano de Guarujá, que según la Policía Federal es propiedad de Lula, aunque los abogados del líder del Partido de los Trabajadores (PT) lo niegan. De acuerdo a las investigaciones policiales, el ex presidente fue beneficiario de trabajos de reforma realizados en el departamento por la constructora OAS, una de las acusadas de haber pagado millonarias coimas a directivos de Petrobras y políticos petistas para asegurarse contratos con la petrolera estatal. El inmueble fue cotizado en unos 450.000 dólares y las obras que allí se hicieron sumaron 340.000 dólares.