Por un planteo de la abogada del ex gobernador Martín Buzzi se pospuso la audiencia preliminar donde se debe definir si la causa que investiga el otorgamiento del crédito de 10 millones a Omar “Cura” Segundo va a juicio oral y público. Deberá resolver el procurador Miquelarena en una audiencia. Para el fiscal Báez es una “puesta en escena para dilatar la situación”.
La audiencia se realizó en la sala del Tribunal de Cuentas de Rawson y la abogada Valeria Corbacho, patrocinante de Buzzi, solicitó la recusación de los fiscales Daniel Báez y Silvia Pereira, así como del Fiscal de Estado Diego Martínez Zapata, quien es querellante en la causa.

Planteo rechazado

Tras la realización de los planteos de la defensora, el juez de la causa, Fabio Monti, rechazó el pedido de apartamiento de Martínez Zapata ya que la recusación del querellante no está prevista en el Código Procesal Penal de Chubut. Por su parte, según la ley, el Procurador Jorge Miquelarena deberá resolver sobre la recusación a los fiscales Báez y Pereira.
El fiscal Daniel Báez sostuvo que la recusación que realizó la defensa “es una puesta en escena” y una “maniobra dilatoria”. «Más que una recusación, es una maniobra claramente dilatoria. No tienen elementos», dijo el fiscal Báez durante su réplica y sostuvo que «es parte de la estrategia planteada primero con los fueros y luego con la cuestión de competencia ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral” para dilatar la causa.
«Es una puesta en escena con características de comedía y de drama», aseguró Báez sobre el pedido de la abogada de Buzzi. «Que a Buzzi no le guste el contenido de las entrevistas, es otra cuestión. No le gusta porque lo incriminan», aseveró en el marco de la audiencia.

Ordenan detención de un imputado

El juez Monti, previo a los planteos de las partes, declaró la rebeldía y captura para Diego Hernández, uno de los imputados, por no estar presente en la audiencia. Finalizando la audiencia, su abogado defensor indicó que el mismo estaba en Gualjaina y que se iba a presentar voluntariamente.
La causa judicial investiga el otorgamiento del crédito de 10 millones a Omar Segundo cuando era presidente de Alpesca, del cual sólo se devolvió 1,5 millones y la calificación legal es por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. Desde la Fiscalía indicaron que no se cuestiona “el destino de los fondos sino la forma en que se otorgó, contrariando las leyes vigentes”.

Dufour y Eliceche

En la causa se encuentra acusados el ex gobernador Martín Buzzi, la actual diputada Gabriela Dufour, los ex ministros Carlos Eliceche y Pedro Zudaire; así como a los directores de CORFO, el organismo por el cual se otorgó el préstamo, Claudia Mundet, Gustavo Simón, Diego Hernández, Ernesto Siguero y Enzo Romero Belastín. Asimismo, Héctor Omar Segundo, su hijo Juan Paulo y el ex gerente de Alpesca, Carlos Molina, también están acusados, en calidad de partícipes necesarios.

Maniobra defraudatoria

La calificación es por “fraude en perjuicio de la administración pública”, ya que los fiscales sostienen que “existió un despliegue de actos engañosos a fin de aparentar legalidad a un acto de disposición patrimonial del Estado que en realidad no la tenía, contraviniendo las disposiciones legales que regían la materia, violando deberes propios y disponiendo patrimonialmente a través de un organismo autárquico –CORFO- de la suma de diez millones de pesos, sin garantías reales ni avales, ocasionando un perjuicio a la Administración Pública”.
Respecto a Segundo, los fiscales indicaron que el mismo “tenía acabado conocimiento de que no iba a poder devolver el “préstamo”, siendo parte necesaria y esencial de la maniobra defraudatoria que luego se concreta a través de CORFO”.

Error conceptual

En tanto, el diputado provincial de Chubut Somos Todos, Adrián López, se mostró “sorprendido” por el planteo realizado por la defensora del ex gobernador Martín Buzzi, la abogada Valeria Corbacho, al intentar recusar al fiscal de Estado, Diego Martínez Zapata, y advirtió que “demostró un total desconocimiento de las normas procesales existentes en nuestra provincia, porque los querellantes no pueden ser recusados”.
Asimismo indicó que «los fundamentos que esgrimió la abogada de Buzzi son irrisorios e insólitos, por que cuestiona de manera improcedente la tarea del fiscal de Estado, quien no ha incurrido en ningún tipo de anomalía ni incumplimiento en sus obligaciones, lo que se hizo es cumplir con la Constitución Provincial, es decir defender el patrimonio del estado».
«Claramente corrido el traslado y expuestos los fundamentos por parte del fiscal de Estado al respecto, el juez Fabio Monti resolvió rechazar la recusación de la abogada de Martin Buzzi», agregó.

Con 100 kilos de cocaína

El legislador se refirió en esos términos al desarrollo de la audiencia preliminar en la que se decidirá si se eleva a juicio oral y público la causa en la que se investiga al ex mandatario provincial por el otorgamiento de un crédito exprés de 10 millones de pesos al empresario Omar ‘Cura’ Segundo, al que tiempo antes se le habían encontrado más de 100 kilogramos de cocaína en su planta pesquera.
La abogada de Buzzi, entre otros antecedentes, fue quien defendió al ex presidente de la Nación, Fernando De la Rúa. López sostuvo que “es inaudito que una profesional no conozca las normas procesales”, aunque advirtió que “acá lo importante y trascendente es que la causa está en proceso y se está investigando el presunto otorgamiento irregular del dinero a la firma Alpesca”.
«Claramente Buzzi y el resto de los imputados pretenden victimizarse y le temen al juicio oral, porque saben que tienen responsabilidad penal en el asunto que se esta ventilando en este proceso», afirmó López.

El peso de la ley

El legislador provincial señaló que “si se eleva la causa a juicio oral y público Buzzi se convertirá en el primer ex gobernador K en protagonizar una situación procesal como esa, y aunque es importante saber la verdad también hay que reconocer que institucionalmente no le hace bien a la Provincia”.
“No es bueno para la Provincia como institución tener un ex gobernador procesado y a punto de ir a juicio oral y público, pero evidentemente si ello sucede es porque en su gestión no se han hecho bien las cosas y se incumplieron las normas administrativas vigentes”, amplió el diputado provincial.
No obstante, planteó que “es bueno para nuestra Democracia que las cosas se sepan, y quien hizo o hace mal las cosas reciba los castigos que están previstos en las leyes”.