Sastre hace planes

La semana pasada fue generosa en anuncios para la gestión de Ricardo sastre, quien recibió compromisos de obras por más de 50 millones de pesos de parte de Provincia y fue epicentro de varias de las principales reuniones del Gobierno Provincial. Concentró además la reunión del Consejo Federal de Turismo lo que permitió abrir el debate en una de las principales actividades que motorizan la ciudad y además ató el lanzamiento oficial de la temporada de ballenas.
Entre otras cosas, el intendente hoy aparece como el único bastión absolutamente propio de Chubut Somos Todos a nivel de los principales municipios de Chubut. Desde esa plataforma Sastre confía en que estos cuatro años, lejos del ninguneo y `sequía´de fondos sufrida durante la gestión Buzzi, el impulso que le permite Das Neves le debería alcanzar para jugar fuerte en 2019. El tema es que si Das Neves ya habla de repetir mandato y el propio Sastre lo impulsa, lo que le quedaría es aspirar a una diputación nacional o ser parte directamente del próximo gabinete a fin de seguir subiendo peldaños en su nunca disimulada esperanza de alcanzar la gobernación en algún momento. El “mellizo” apuesta a la sana lealtad y a la construcción desde un ordenamiento e impulso de su propia ciudad. Para eso tiene más de tres años de trabajo y está decidido a dar pelea.

¿El Puerto, volverá a ser plural?

A través de un comunicado, el partido de Unidos y Organizados, representado por los ediles Juan Duarte y Franco Albanesi en el Concejo Deliberante de Puerto Madryn, recordó que “desde que la provincia de Chubut se hizo cargo de los puertos de su litoral marítimo, se establecieron políticas de estado que trascendieron los gobiernos y que, plasmadas en el ordenamiento legal, fijaron rumbo a la operatoria portuaria”, agregando que “en la reforma constitucional de Chubut se incorporó un artículo específico en materia portuaria, estableciendo la autoridad exclusiva del Estado Provincial en todos los puertos y costas de aguas continentales”.
Sobre este punto, sostuvieron que “la Ley 3.755 dispuso la creación de entes públicos no estatales para la administración de cada uno de los puertos, otorgando autonomía en el manejo y agilidad en la toma de decisiones, involucrando a todos los actores vinculados con el quehacer portuario en la responsabilidad del manejo portuario”.
La participación de sectores “tan heterogéneos en el órgano de decisión sirvió para encausar los conflictos por vías razonables, aportando un ámbito de debate que evitó hechos policiales graves que antaño eran frecuentes”, aseguraron.
Como al pasar tiraron un deseo: “Confiamos que cuando la intervención transitoria llegue a su fin se reestablecerá la modalidad participativa en la administración del puerto, asegurando un lugar en el órgano colegiado para la Municipalidad de Puerto Madryn, que consolide la interacción necesaria entre la ciudad”.

Un plan para terminar con la pesca ilegal

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) será a partir de ahora mucho más difícil gracias a la entrada en vigor del “Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto” (PSMA, por sus siglas en inglés), un innovador tratado internacional promovido por la FAO.
La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR) agota las poblaciones de peces, destruye los hábitats marinos, distorsiona la competencia, perjudica injustamente a los pescadores legales y fragiliza a las comunidades costeras, especialmente en los países en desarrollo.
En conjunto, los 29 países y la Unión Europea -que ha firmado como parte individual- que se han comprometido formalmente a través de sus instrumentos de adhesión al acuerdo suponen más del 62 por ciento de las importaciones de pescado en todo el mundo, y el 49 por ciento de las exportaciones, por un total de más de 133.000 y 139.000 millones de dólares estadounidenses, respectivamente, en 2013.
Cada año, la pesca INDNR suma capturas de hasta 26 millones de toneladas, con un valor que llega a 23.000 millones de dólares. A la vez, socava los esfuerzos para garantizar la pesca sostenible y la gestión responsable de las poblaciones de peces en todo el mundo.
El tratado será implementado a través de «Las medidas del Estado rector del puerto». El nuevo tratado requiere que las partes designen puertos específicos para los buques extranjeros, lo que facilitará los controles. Estos barcos deben solicitar permiso con antelación para entrar en los puertos, y proporcionar información a las autoridades locales -incluyendo la relativa al pescado que llevan a bordo-, y permitir la inspección de su libro de registro, licencias, artes de pesca y la carga real, entre otros aspectos.

Dispuesta a todo

La diputada Nacional por Cambiemos, Gladys González, interventora del SOMU, sufrió amenazas la semana pasada cuando intentó designar dos delegados en la Seccional de Corrientes y tras realizar la denuncia fue ella la denunciada por un marinero correntino por incompatibilidad y corrupción por cobrar dos sueldos, uno del Congreso y otro del SOMU. A esto la Interventora en el que ratifica su vocación de normalizar el gremio y asegura que de serle requerido renunciaría a su cargo de diputada para “terminar con la mafia” en el sindicato. Dice que su denunciante estaba entre los que la amenazaron a ella y lo acusa de ser parte de un grupo de extorsionadores. Apuntando a los dirigentes desplazados la diputada advirtió: “No me van sacar del camino los que estafaron a los marineros durante más de 20 años. Ni lo sueñen. No tengo ninguna duda que en caso de que se me ordenase optar por seguir con la intervención o ser diputada; elegiré seguir al frente de la intervención y renunciaré a la banca del Congreso. Vamos a hacer un sindicato modelo y a terminar con la mafia que estafó por muchos años a sus propios afiliados”.
Mientras desde Corrientes atacan a la Interventora, en Buenos Aires Elisa Carrió salió a respaldar su gestión. La Diputada hizo público su apoyo a la interventora Gladys González y repudió las amenazas que sufrió su compañera de bancada en la ciudad de Corrientes por parte de Nicolás Fuentes, exsecretario del Interior del SOMU y mano derecha de Omar Suárez.

Alpesca: Condenas en revisión y proceso en espera

Las penas de 2 años y 6 meses de prisión para la exministra de Desarrollo Territorial de Chubut, Gabriela Dufour y para el exinterventor de Alpesca, Omar Albornoz, y la condena de 2 años de prisión para el otro miembro de la intervención estatal, Valentín Laborda, serán revisadas por la Cámara Penal de Puerto Madryn el próximo 10 de agosto.
Los exfuncionarios de Martín Buzzi fueron condenados por administración fraudulenta por no haber preservado los barcos de la empresa Alpesca que estaban bajo custodia estatal, en una suma de episodios que terminaron con el varamiento de la flota tras un temporal hace dos años.
La audiencia será en la sala de la Cámara Penal Criminal, ante los camaristas Leonardo Pitcovsky, Rafael Lucchelli y Flavia Trincheri. Las impugnaciones a la sentencia condenatoria fueron presentadas por los abogados Fabián Gabalachis, en representación de los imputados Gabriela Marisa Dufour y Héctor Omar Albornoz, y por el imputado Valentín Laborda junto a su defensor Lucio Brondes.
La actual diputada provincial del Frente para la Victoria, Gabriela Dufour; y los exfuncionarios Omar Albornoz y Valentín Laborda fueron condenados el pasado 8 de marzo por “administración fraudulenta” en la preservación de los bienes de Alpesca. La resolución la dictó la jueza Stella Eizmendi en los Tribunales de Puerto Madryn.
La condena, tal cual sostiene el fiscal del caso Daniel Báez, es por no haber tomado “dolosamente” las medidas necesarias para evitar la destrucción del principal activo de la expesquera.
Los escándalos judiciales del “Alpesca-Gate”, tiene varias aristas. Además del juicio y condena por el varamiento de los barcos, están pendientes las causas por el crédito de 10 millones y otra por la presunta venta simulada que tiene encarcelada en su domicilio a Rosa Chico, la madre de Federico Otero, quien sigue oculto de la justicia en calidad del prófugo.