La Fiscalía de Estado fue aceptada como querellante en la causa en la que se investiga el presunto vaciamiento de la firma pesquera Alpesca, que podría constituir lavado de activos. La investigación es sobre la venta de dos barcos por parte de Omar ‘Cura’ Segundo al grupo Baldino de Mar del Plata. La Provincia considera que se trató de un ardid para generar un perjuicio patrimonial, económico y social a Chubut.
El fiscal de Estado, Diego Martínez Zapata, fue notificado de la decisión que adoptó el juez federal de Rawson, Hugo Sastre, quien otorgó al organismo provincial “legitimación para intervenir como apoderado de la provincia del Chubut, por encontrarse controvertidos los intereses provinciales ante el perjuicio patrimonial, económico y social causado por los directivos de las sociedades que se investigan, vinculadas a la explotación pesquera”.

Transacciones

“Estas estructuras societarias se encuentran estrechamente vinculadas entre sí, y son investigadas por una serie de transacciones comerciales llevadas a cabo por sus autoridades, ante el presunto vaciamiento de la empresa Alpesca SA., exteriorizándose la misma a través de la intención de transferir dos buques pesqueros denominados “Cabo San Juan” y “Cabo Buen Tiempo”, propiedad de esta última hacia la firma Buenos Aires Pesca SA por un monto muy inferior al que sería su valor real”, indica el comunicado enviado por el organismo que conduce Diego Martínez Zapata.
“En tal transacción habrían intervenido los señores Pedro Baldino por Buenos Aires Pesca SA y Alejandro Ocampo por Alpesca SA, destacándose que Baldino al momento de la transacción además de ser accionista de Buenos Aires Pesca SA detentaría el paquete mayoritario de la firma AP Holding SA (controlante de la firma Alpesca)”, agrega.

Permisos y cuotas

“Ésta transacción no incluiría la transferencia de los permisos de pesca y las cuotas de captura que los mismos poseían, circunstancia que tiene la exclusiva finalidad de defraudar al fisco y la Provincia, conforme se investiga. En tal sentido, por tratarse de una compraventa de Buques por un valor irrisorio comparado al valor real del mercado, y al no incluirse en dicho contrato el valor equivalente por los permisos y las cuotas de captura que poseía cada buque, el perjuicio a los intereses de la provincia del Chubut es notorio, no solo en el ámbito social y económico, sino también a nivel patrimonial”, puntualiza en otro párrafo el comunicado de la Fiscalía de Estado.

Medida cautelar

Cabe recordar que la empresa marplatense Buenos Aires Pesca, adquirió en 2012 a Alpesca los barcos fresqueros merluceros Cabo Buen Tiempo y Cabo San Juan, la operación fue por 3,6 millones de dólares cada uno. En julio de 2015, la Justicia Federal de Rawson dictó una medida cautelar advirtiéndole al Consejo Federal Pesquero que se inhiba de resolver sobre la transferencias de las CITC de ambos buques.
La medida obedece a que la Fiscalía Federal lleva adelante una investigación por ‘lavado de dinero’ tipificado en el Articulo 303 del Código Penal, y alcanza a empresarios marplatenses y de Puerto Madryn. “Se investiga un presunto andamiaje financiero de alta complejidad que, valiéndose del empleo de las estructuras societarias: Poseidón SA, Socia SRL y Alpesca SA, habrían tenido como finalidad canalizar en el mercado de curso legal activos de presumible procedencia ilícita”, puntualizó el juez Hugo Sastre al decretar el amparo que frena la transferencia de las cuotas de merluza de Alpesca a Buenos Aires Pesca.

Los sobrinos de Baldino

La justicia federal sostiene que “la operatoria desarrollada, orquestada principalmente por los señores Héctor Omar Segundo, Salvador Alejandro Pennisi, Antonio Salvador Baldino, Jorge Andrés Baldino y Antonio Nicolás Baldino, consistió en el depósito y extracción de sumas exorbitantes de dinero en las cuentas bancarias de las sociedades de referencia. Para el caso, los ingresos fueron imputados en gran parte al desenvolvimiento comercial de las empresas, en varias ocasiones el origen de los fondos fue justificado en supuestos negocios jurídicos formalizados con otras firmas”, añade la resolución judicial.
“En conclusión, cabe hacer lugar a lo solicitado por el Fiscal Federal y ordenarle al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación que como medida cautelar suspenda la transferencia de las cuotas de captura vinculadas a los buques Cabo Buen Tiempo y Cabo San Juan”, decretó el juez federal en julio pasado.

Acusan al FpV de frenar la creación de la Unidad Antilavado

El presidente del bloque de Chubut Somos Todos, diputado Jerónimo García, cuestionó a la bancada del Frente para la Victoria por no dar tratamiento o bloquear los proyectos para combatir el narcotráfico. A modo de ejemplo, García mencionó la Unidad Antilavado que “duerme en comisión”. A su vez, sostuvo que hay otro proyecto para regular el otorgamiento de recetas médicas pero cuestionó que “la secretaria de la Comisión de Trabajo, quien no es diputada, no quiere que se trate dicho proyecto”. En otro orden, el diputado cuestionó que el Tribunal Oral Federal de Comodoro no convoque a los juicios orales por causas pesadas como Poseidón y Arenas Blancas, y criticó al Frente Para la Victoria por tener frenados los nombramientos del Superior Tribunal de Justicia.
En diálogo con Radio Bahía Engaño, García indicó que “la Legislatura tiene que sancionar normas de acuerdo a los objetivos que tratamos de lograr como la Unidad de Información Financiera. Otro proyecto que está durmiendo en comisión es hacer un registro de cuáles son los profesionales médicos y que la imprenta tenga un registro, porque si no de las drogas que se utilizan para hacer otras drogas, no hay registro”. Y cuestionó que “duerme ahí porque no le gusta a la empleada que maneja la Comisión de Trabajo”.
En tal sentido, indicó que “hasta ahora he hablado con algunos miembros del Superior Tribunal de Justicia, concretamente con (Alejandro) Panizzi, y lo ven bien porque el combate en la calle también hay que hacerla pero necesitás presupuesto y fiscales que se banquen la presión. La Unidad Antilavado es una herramienta que puede tener la provincia para perseguir acciones que están ligadas a delitos precedentes”.
Y remarcó que “puede servir para prevenir otro tipo de acciones. Porque en el lavado se tiene un delito precedente que puede ser ola corrupción, venta de productos ilegales o robo. Para eso sirve la investigación sobre el origen de los fondos”.
Por otra parte, García cuestionó que “el tribunal Oral Federal no llama a jueces, en causas como Poseidón, Arenas Blancas y unas cuantas más. Es un problema de actuación”.