Ante la prensa especializada y agencias nacionales de noticias, el secretario de Minería de la Nación, Daniel Meilán presentó las premisas de su Política Minera 2016-2025, donde dejó trascender un fondo de responsabilidad social que podrían pagar las empresas y que compensaría lo que se cedió por bajar las retenciones.
Rodeado de su equipo (sólo faltó el subsecretario Santiago Dondo), el funcionario cifró en US$ 400 millones/año la cifra en exploración para que la Argentina impulse la actividad minera, y estimó en que hay 20 a 25 proyectos con posibilidades ciertas, que podrían continuar en el mediano plazo la cadena de inversiones mineras que se interrumpió notoriamente en el último trienio.
En el diseño estratégico, de cara a 2025, Meilán imagina exportaciones mineras por US$ 12 MM. «Argentina es uno de los países del mundo que tiene mayor potencial minero”, dijo.

Una industria “larguera”

Según la cuenta de Meilán, Argentina «tiene 435 proyectos en condiciones de ser considerados como posibilidad”, dijo. El funcionario recordó el largo camino que les cabe a los capitales de riesgo en minería.
“Desde el primer cateo hasta la puesta en marcha de una mina, pueden pasar hasta 25 años por eso la actividad necesita de reglas estables por encima de las coyunturas, como las que tiene la Argentina con su Ley 24.196, de Inversiones Mineras”.

Ingreso de capitales

En lo que podría ser un ensayo de lo que deberá ser su presentación en Toronto, ante el público exigente de la feria exploradora PDAC 2016, Meilán desplegó las premisas del actual gobierno signadas por las ideas rectoras de dar garantías al ingreso de capitales.
En un cuadro comparativo, la autoridad minera, trazó las diferencias con la política kirchnerista.

Mejores condiciones

“Con retenciones y cepo, en el actual escenario mundial, era imposible que vinieran capitales a explorar y construir minas a la Argentina”, dijo a la vez que destacó que el país cuenta con 750.000 km2 para el desarrollo potencial de la minería, de los cuales 150.000 han sido de alguna manera prospectados”.
Los funcionarios mineros pusieron énfasis – al hacer alusión al impacto y a las repercusiones positivas y negativas que tuvo la eliminación de retenciones en la alianza gobernante y en la oposición – en los beneficios en términos de desarrollo y trabajo que tendrá la medida anunciada por Mauricio Macri en Calingasta hace exactamente una semana.
Para lo cual volvieron a citar el caso testigo de Pachón que por querer cobrar US$ 300 M de retenciones se frustró un proyecto de US$ 3.000 M en construcción, US$ 1.000 M/año en exportaciones y US$ 300 M/año en impuestos a las ganancias.

Cambio de fondo

Una de las preguntas de la prensa es cómo compensar el agujero fiscal de US$ 230 M/año que significan las no retenciones. Meilán anticipó que se comenzó a discutir con las provincias un Fondo, al que denominó como “Fondo de Responsabilidad Social” de bordes imprecisos todavía, que podría constituirse con el 1% de las exportaciones de las mineras, emulando los aportes realizados por compañías en Perú y otros países.
El proyecto de este fondo, reconoció, aún tiene que hacer su recorrido en el Consejo Federal Minero (COFEMIN), órgano que la actual administración procura revitalizar. Según el disertante, el mencionado fondo formará parte de un análisis junto al el Consejo Federal de Medioambiente (COFEMA). «se analiza la creación de un fondo de responsabilidad social empresaria para proyectos que están en pre factibilidad y factibilidad, que se destinará a realizar obras en las comunidades donde se realicen explotaciones metalíferas».
«Queremos que la minería transforme la realidad productiva de las regiones cordilleranas como lo hizo la agricultura con la Pampa Húmeda. El potencial que tiene la actividad que puede lograr que ninguna provincia argentina sea inviable. La minería puede ser un jugador importante para impulsar la economía en los próximos años, por eso queremos desarrollar la actividad bajo un concepción federal que establezca áreas, concesiones y reglas claras».
Pero con el cepo cambiario, las restricciones a la importación y las trabas a la circulación de capitales (vigentes durante el anterior gobierno), resultaba imposible desarrollar al sector. Consideramos que debemos establecer reglas de juego claras para que esta actividad pueda ser viable. Eso es lo que estamos haciendo», remarcó.
“Buscamos una mayor participación en la renta minera, aplicar sistemas acordes de mayor ingreso fiscal y optimizar el manejo institucional ambiental», resumió el secretario.

¿Quién gana y quién pierde?

El Decreto 349/2016, publicado el 15 de febrero pasado, se justificó en que las retenciones provocaron “una situación de pérdida de competitividad frente a las restantes naciones con actividad minera”, en “que los mencionados derechos de exportación inciden sobre los márgenes de utilidad” y “generan un mayor costo operativo”, en “la reciente caída en el precio internacional de los metales y demás productos minerales” y en que “la incidencia negativa de los derechos de exportación sobre las operaciones mineras en marcha excede considerablemente los beneficios que se generan para el erario”.
Diversos legisladores criticaron la medida (que revierte el régimen de retenciones de entre 5 y 10% para la exportación de productos del sector desde marzo de 2002), al considerar que se le otorga un beneficio a empresas transnacionales y a una actividad con alto costo ambiental sin un requerimiento previo de inversiones o desarrollo local.
Sin embargo, hay datos que no se conocen bien. Como por ejemplo que las retenciones a las exportaciones mineras eran un impuesto no coparticipable, por lo que financiaban al Estado nacional.
En 2015, el sector minero facturó 4000 millones de dólares por exportaciones y ha llegado a los 5500 millones en años en los que las commodities tenían mayores precios. En los últimos días también se ha reactivado el Consejo Federal de Minería, en el que tienen representación todas las provincias y la nación, para elevar propuestas de política nacional minera.
El ingeniero en minas y director del Centro de Estudios para la Sustentabilidad de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Hugo Nielson, se muestra en este sentido optimista y afirma que “sacar las retenciones a la minería hará aumentar la producción. En los países mineros hay una ley que otorga estabilidad fiscal a los proyectos. Desde el momento en que un proyecto es inscripto no se le pueden agregar impuestos nuevos y haber puesto las retenciones a las exportaciones hizo que la Argentina fuera menos atractiva para las inversiones. Por ejemplo, la empresa Glencore tenía dos proyectos en competencia para extracción de cobre en América Latina, uno en Las Bambas, Perú, y el otro en San Juan, Argentina. Finalmente ganó Las Bambas y hoy ese proyecto está en producción, y se han creado más de 18.000 puestos de trabajo. Un solo proyecto pagaría más de lo que se recauda hoy en la Argentina”. Sin embargo, Nielson considera que sería prudente revisar el sistema impositivo minero: “Hay que hacerlo en general, de manera que las provincias puedan obtener mayores ingresos, ya que sufren las consecuencias de la extracción. Porque, si no, la gente no ve los beneficios de la minería. También habría que revisar el concepto de regalías, que hoy es del 3 % del valor boca-mina. Habría que discutir cómo se calcula ese 3% y si no debería ser sobre el precio final del producto. Tal vez se podría generar alguna revisión de las regalías, para que queden más beneficios para las provincias y para los departamentos donde están emplazados”.