El Fiscal Federal de Rawson, Fernando Gelvez, emitió un dictamen pidiendo la iniciación de investigación contra el ex gobernador de Chubut, Martín Buzzi, por el incumplimiento de la manda judicial que le ordenó el traslado urgente de los buques expropiados a Alpesca y que están varados en la costa de Puerto Madryn.
Al describir los hechos el fiscal señala que “los sucesos se desprenden a partir de un decreto de fecha 16 de septiembre de 2015 firmado por el Juez Federal de Rawson, Hugo Sastre, y que en la parte pertinente ordena a la provincia del Chubut y a la Prefectura Naval Argentina que, de manera coordinada y urgente, procesan al traslado de los buques pesqueros Cabo Buena Esperanza, Cabo Dos Bahías, Cabo San Sebastián y Promarsa II, todos ellos varados en la costa de Puerto Madryn, a algún muelle o a un dique seco, ello previa adopción de todas y cada una de las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la navegación y para evitar que dicho traslado provoque una contaminación ambiental o cualquier tipo de afectación del ambiente, flota, fauna, bienes o personas, siempre de acuerdo a la normativa vigente aplicable”.
A su vez se desprende del expediente que el ex gobernador de la Provincia del Chubut, Martín Buzzi, “y no obstante, la PNA de Puerto Madryn haber comunicado la predisposición de recibir el o los planes de traslado de los buques pesqueros, nunca desde el Poder Ejecutivo de Chubut, en cabeza de su titular, no hubo respuesta alguna” para cumplir con la orden del Juez Federal de Rawson.

Se fue sin cumplir

Gelvez aportó además que previo a la decisión del juez, “el ex Fiscal de Estado, Miguel Montoya, conjuntamente con el Fiscal Adjunto, Federico Espiro, presentaron un escrito en el Juzgado Federal, que tiene fecha de 5 de septiembre de 2015 donde se acreditaron la calidad invocada y pidieron se ordenara la medida cautelar preventiva del traslado de los buques pesqueros a dique seco y que ello lo sea de forma urgente”.
En suma cabe consignar, “que la orden emanada del Juez Federal de Rawson del 16 de septiembre de 2015 y que debía ser cumplida por el aquel entonces gobernador Martín Buzzi, hasta el día 9 de diciembre de 2015 no se ejecutó, incumpliendo de esa manera dicha persona tal mandato escrito judicial, con un destinatario claramente precisado, el ex Gobernador de la Provincia del Chubut”, argumentó el fiscal federal al pedir que se inicie una investigación contra el ex mandatario kirchnerista.

Desobediente

Al referirse a la calificación jurídica del suceso aparentemente punible dijo que “se subsumiría legalmente en la figura penal prevista por el Artículo 239 del Código Penal, esto es, desobediencia”. “El bien jurídico protegido es el normal desenvolvimiento de la administración, que se vería seriamente afectado si las ordenes impartidas por los funcionarios pudieran ser desoídas impunemente. No se trata de imponer la obediencia absoluta y silenciosa a los órganos del poder, sino de otorgar un respaldo al ejercicio legítimo de autoridad mediante la amenaza de pena. Se pretenderá resguardar, de este modo, la irrefragabilidad de los mandatos legítimos de la autoridad, vale decir que mientras están vigentes se torne ineludible su aplicación”, justificó entre los argumentos al pedir la investigación.

Delito de omisión

Fernando Gélvez dice en el dictamen que “la acción típica del delito aludido, es desobedecer a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones. Por ello, en principio, se hace una conceptuación negativa, en el sentido de que es el no acatamiento a la orden impartida jurídicamente por un funcionario. Es dable añadir, entonces, que la desobediencia consiste en negarse a cumplir una orden legítima de un funcionario pública, siendo simplemente un delito de omisión”.
Cabe mencionar que la desobediencia es un delito instantáneo que se consuma con el acto material de hacer caso omiso a la orden existente o cuando, tendiendo un plazo para su observancia, éste ha vencido.
“En cuanto al tipo de figura penal en cuestión, es un delito doloso y en la especie cabe consignar que el ex Gobernador Buzzi contó con el tiempo suficiente para cumplir con la orden emanda por el Juez Federal de Rawson. Además la PNA ofició en reiteradas ocasiones a distintos organismos que dependían del ex Gobernador para que se materializara el cumplimiento de la orden emitida por el Juez”, puntualizó el fiscal.

Plan de reflotamiento

Por otro lado, aportó los elementos de convicción “que acreditan la materialidad del suceso presuntamente delictual y la autoría del imputado. Que tanto la materialidad del suceso relevante para el derecho penal como la autoría del ex gobernador Martín Buzzi se encuentran probadas. Transcurridos varios meses de la emisión de tal mandato judicial que debía cumplimentarse en forma urgente, el presunto sujeto activo del delito de desobediencia, destinatario de la orden, omitió cumplir la misma”.
Por último, también es relevante señalar lo informado por la Prefectura Naval de Puerto Madryn en fecha del 4 de febrero de 2016 de donde resulta que hasta el 9 de diciembre de 2015 el titular del Ejecutivo Provincial y ningún organismo dependiente del mismo cumplieron con la orden judicial.
Asimismo, la PNA comunicó al Fiscal Federal, Fernando Gelvez, que “en el caso de no poder efectuar el traslado por sí y el buque tenga que ser asistido, se debe presentar un plan de remolque por parte de una empresa habilitada, el cual debe ser aprobado por parte de la autoridad marítima. Además, se consignó en el informe que para el caso del traslado del buque Cabo San Sebastián, primeramente, debe estar involucrado en un plan de reflotamiento para lograr poder ser puesto en condiciones de flotabilidad y posteriormente también su traslado”

Excusación

Gelvez, por otro lado, pidió al juez federal de Rawson, Hugo Sastre que se excuse de actuar en esta presentación. «Habiendo emitido la orden el juez Sastre y siendo el titular actual de dicho órgano jurisdiccional, peticiono que se excuse para ordenar el inicio de la investigación. Ello así porque de intervenir estaría prejuzgando. Estimo que la excusación debe ser al recibir el presente dictamen, a fin de evitar eventuales planteos de nulidad”, precisó.