Después de casi tres décadas cayó el caudillo del SOMU

Esta semana se confirmó que ingresó por mesa de entradas al Ministerio de Trabajo de la Nación una nota firmada por Omar Suarez renunciando al cargo de secretario General del SOMU, luego de la intervención ordenada por la justicia federal. Los secretarios generales de las seccionales del interior del país se reunieron con los interventores, les aseguraron no tener ninguna vinculación con las maniobras fraudulentas que podrían haberse cometido y se pusieron a disposición de la justicia para ser investigados. Al mismo tiempo se supo que se ordenó la intervención de la Obra Social OSPM que desde octubre del año pasado era dirigida por el propio Omar Suárez y antes por Juan Manuel Villahoz, médico auditor y presidente de una de las empresas del gremio investigadas.
“Hago saber a VE mi decisión irrevocable de renunciar por la presente, al cargo que ocupo de Secretario General del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), con retroactividad a las cero horas del día 18 de febrero de 2016”, dice el texto de la dimisión, precisamente el día en que fue intervenido el gremio y la Fundación Azul. En otro párrafo señala: “Esta es mi libre y consciente voluntad de acatar así la decisión del Juez Rodolfo Canicoba Corral de suspenderme en funciones”.
Poniéndose melancólico, Suárez concluye el documento diciendo que se dedicará a defenderse porque tiene “total inocencia” de los cargos que se le imputan y se lamenta de que “una situación de disenso interno de compañeros que iniciamos hace muchos años un camino común, haya alcanzado este final y bajo la invocación del Papa Francisco y su Misericordia extiendo en paz mi abrazo fraterno y les pido perdón también a todos aquellos que me votaron nuevamente en el año 2015 por no seguir acompañándolos”.

Los generales se despegan

La noticia de la renuncia corrió tan rápido que llegó antes a los medios que al propio Ministerio de Trabajo; es por ello que desde la Comisión Interventora aseguraron que no existía tal presentación. Restaba para hacerla efectiva que el Secretariado del gremio aprobara la decisión y por supuesto no hubo disidencias.
Tras aceptar la renuncia de quien fuera el Secretario General, los delegados de las seccionales del interior se reunieron con la Comisión Interventora, puntualmente con Gladys González y Jorge Alonso, a quienes les comunicaron su total desconocimiento sobre las empresas del gremio que manejaba Omar Suárez junto a familiares y otros miembros de la Comisión Directiva del gremio. A la vez se pusieron a total disposición de los interventores para dar curso a las investigaciones y ser ellos mismos objeto de las mismas.

Obra social intervenida

Por otra parte pudo saberse que fue intervenida la sede central de la Obra Social del SOMU, que funciona en la calle Venezuela 1427. No ha trascendido aún la identidad de los interventores y se espera que pueda tenerse mayor información con el correr de las horas. El actual presidente de la Obra Social era Omar Suárez, pero hasta octubre de 2015, cuando se realizaron las cuestionadas elecciones, el cargo era ocupado por Juan Manuel Villahoz.
Villahoz era el responsable de la Obras Social, el médico auditor y el presidente de una de las empresas denunciadas ante la justicia, la Consultora Integral en Salud. El director suplente de esta consultora es Alfredo Barrientos, secretario privado de Omar Suárez.
Aun no se conoce el nombre de los interventores de la Obra Social, dado que ha sido designado un grupo diferente al que actúa sobre el gremio y la fundación. Desde la conducción del gremio anticiparon que en el día de hoy serán convocados a una reunión para dar detalles de las acciones que se tomarán.

La Fundación Azul bajo sospecha

Se conocieron ayer detalles de la intervención del SOMU y la Fundación Azul al hacerse público el edicto del Juez Canicoba Corral. Los dirigentes procesados que fueron separados de sus cargos son, además de Omar Suárez y Rigoberto Suárez, Jorge Vargas, quien fuera secretario de Relaciones Laborales, el dirigente con quien se produjera el incidente que derivó en las denuncias que terminaron en la intervención del gremio.
El Juez señala que “los delitos por los que se encuentran procesados los nombrados habrían sido perpetrados mediante la utilización del gremio e inclusive en perjuicio de dicha entidad gremial” y que se encuentran investigados entre otros hechos por “la comisión del delito de administración fraudulenta de los bienes del Sindicato, a través de la Fundación Azul”.
En otro párrafo advierte que ante “nuevas denuncias traídas a estudio y que se encuentran en etapa de instrucción, que darían cuenta de la falsificación de firmas en registros de asistencia y actas del Secretariado Nacional del SOMU, los conflictos denunciados relacionados con el adelantamiento de las elecciones” y “la expulsión por parte de Suárez de los secretarios Giorgi, Moreira, Vargas y Clemente con motivo de una disputa interna aún no aclarada”, se advierte “la existencia de una situación de conflicto de envergadura”, que “claramente entorpece la vida interna de la institución”, señala el Juez antes de decidir que no puede prolongarse esta situación y “se impone la medida excepcional de intervenir judicialmente”, a efectos “de evitar la comisión de otros ilícitos y el entorpecimiento de la investigación”.

Desaparición de pruebas

Entiende el Juez que “la continuidad en el cargo del imputado Enrique Omar Suárez como Secretario General del SOMU y demás miembros de los órganos del Sindicato, genera peligro de serios perjuicios para la asociación sindical y sus miembros”. Es por ello que a fin de “evitar el entorpecimiento de la investigación a través del ocultamiento o desaparición de pruebas”, se dispuso el apartamiento de los procesados y hace extensiva la medida a “la totalidad de los miembros de los órganos de conducción y deliberativos del sindicato”.
Luego agrega que surge la vinculación y el uso de la Fundación Azul para “comisión de los delitos investigados” por lo que dispuso la misma comisión interventora para su administración. Al mismo tiempo de la intervención se dispuso el allanamiento con una Comisión Judicial con el fin de resguardar la documentación de interés y con valor probatorio.
A estas intervenciones ahora se sumó la de la Obra Social y la situación de Omar Suárez, Rigoberto Suárez, Jorge Vargas, Jorge Suárez, Juan Medina, Jorge Villahoz, Alfredo Barrientos y sus familiares puede complicarse cada día más en la justicia.