El abogado kirchnerista y excandidato a Viceintendente de Puerto Madryn por Unidos y Organizados, Daniel Gómez Lozano, analizó el decreto del Gobierno Nacional por el que prorroga la puesta en práctica del nuevo Código Procesal Penal al 1 de marzo y busca una “aplicación progresiva” del mismo, ante la falta de recursos para llevarlo a la práctica en lo inmediato. Actualmente dedicado a la profesión de manera particular, el entonces presidente del Colegio de Abogados de Puerto Madryn definió la medida tomada por el Poder Ejecutivo Nacional como una estrategia para restringir el poder de la actual Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, a la vez que adelantó que inevitablemente los cambios propuestos en el Código deberán ser aplicados, conforme a la realidad jurídica actual y la experiencia en otras provincias.

“Absolutamente egoísta”

“La cuestión es que una mezquindad política hace que una política de Estado se vaya para atrás, porque la idea era cambiar el Código Procesal Penal, otorgar mayores atribuciones a la Fiscalía y dar un rol independiente a los jueces de garantía, además de cambiar el paradigma de la investigación penal como ya se ha hecho en varias provincias”, opinó Daniel Gómez Lozano y lamentó que “por una cuestión de mezquindad relacionada con los funcionarios que actualmente están en los cargos, no se lleva a la práctica, lo cual es inapropiado y absolutamente egoísta”. A partir de la aplicación progresiva del Código el evidente objetivo es “tratar de evitar y restringir el poder de (Alejandra) Gils Carbó y de toda la Procuración General, pero en términos prácticos todo va a seguir del mismo modo y se va a prorrogar algo que de alguna manera es inevitable”, comentó el abogado. Sobre este punto, definió que “el cambio de paradigma a partir de este Código Procesal Penal es inevitable porque es la tendencia actual y que se marca para todo el país, y dentro de ella hay muchas provincias que han tomado la delantera”, pero “el Estado Nacional, por una cuestión razonable que es adaptar toda la estructura de la Justicia Federal, que es acaso la más conservadora, a este nuevo paradigma, ha ido retrasándose”. Además, Gómez Lozano sostuvo que “poner en práctica (al nuevo Código) lógicamente implica adaptar recursos y brindar la capacitación adecuada, pero tampoco es tanto hoy en día lo que involucra, actualmente más de la mitad del país ya está adaptada a este escenario”.

Los tiempos cambian

“Este Código trae consigo un cambio de funcionalidades que es muy relevante”, detalló el referente de Unidos y Organizados en relación a la estructura actual de los juzgados federales en cuanto a medios y personal, la cual en relación a la provincia del Chubut es de carácter inferior, implicando que evidentemente “sería necesario realizar una asignación de recursos y personal diferentes, pero no mucho más que eso”. A su vez, destacó que “este nuevo ordenamiento se ha venido implementando en el tiempo, en forma progresiva, pero existen causas en las que el juez directamente delega la investigación en la Fiscalía, generalmente en las causas más importantes”. Entonces, “la Fiscalía es la que investiga, y el juez oficia como juez de garantías, que es más o menos lo que propone este nuevo Código”.

Advierte que la sociedad no tiene la cultura del juicio por jurados

Sobre la implementación en la provincia del sistema de Juicios por Jurados, Daniel Gómez Lozano opinó que “las sentencias deben ser fundadas y eso lo dice la Constitución, pero los juicios por jurados no tienen sentencias fundadas sino un veredicto, de inocencia o culpabilidad”. Consecuentemente, el abogado describió que “los juicios por jurados se emplean para muy pocos delitos, en la última etapa del proceso, y este se construye a partir de la eficacia de la investigación por parte de la Policía, la Fiscalía y de los impulsos procesales que se den”, por lo cual “el éxito o fracaso de la investigación penal no va a depender del jurado en sí mismo sino de otras cosas que se dan con anterioridad”. En dicho contexto, el abogado y ex miembro del Consejo de la Magistratura estableció que “como nunca se puso en práctica creemos que va a ser una gran solución, pero en términos prácticos ni la Constitución ni la sociedad tienen la cultura del juicio por jurados”, agregando que “nuestra Constitución ya establecía, hace 150 años, los juicios por jurados, pero nunca se implementaron”. En un contexto internacional, Gómez Lozano recordó que “el sistema de juicios por jurados fue el que dejó libre a ‘O.J. Simpson’ cuando todo el mundo sabía que había matado a su esposa”, en referencia al conocido actor de Hollywood, juzgado por el homicidio de Nicole Brown y su amigo Ronald Goldman, en 1994, y absuelto al año siguiente.
Otro de los inconvenientes en la puesta en práctica de dicho sistema, según el letrado, es la complicación que podría ocasionarle a personas que trabajen en relación de dependencia y que “seguramente puedan ser personas interesantes en cuanto su criterio de cara al juicio, pero tal vez tengan que estar quince días en el juicio, con las complicaciones laborales que esa situación les pudiera crear”. En cuanto al criterio del jurado, Gómez Lozano sostuvo que “muchas veces están presentes las pasiones de la persona cuando va a resolver un tema y justamente lo que hay que buscar es la prudencia y la reflexión”, aunque en este punto destacó que “generalmente se lo protege al jurado y se lo trata de aislar, pero no porque haya un jurado ello implicará que haya una sentencia plenamente justa”.