El juez federal subrogante de Bahía Blanca, Alejo Ramos Padilla, renunció a su cargo a partir del 31 de diciembre próximo, como consecuencia del fallo de la Corte Suprema que dispuso la inconstitucionalidad de la ley de subrogancias.
Ramos Padilla es el juez que llamó a indagatoria al presidente de la Cámara Federal de Bahía Blanca, Néstor Montezanti, a quien le imputó crímenes de lesa humanidad por supuestos vínculos con la banda paramilitar de ultraderecha Triple A previo al golpe de Estado de 1976, y luego, como agente civil de la dictadura.
Esa imputación y el consecuente llamado a indagatoria (que Montezanti eludió sistemáticamente), sirvieron de base para que el Consejo de la Magistratura suspendiera al camarista bahiense en sus funciones y lo enviara a juicio político.
Colaboradores de Montezanti aclararon que la acusación «habla de vínculos con personas que pertenecieron a la Triple A y en ningún momento dice que fuera parte de esa organización ni de la dictadura» y advirtieron que el verdadero motivo que llevo a la suspensión es la causa Suris, por facturas truchas en la que estaba vinculado el empresario Lázaro Báez.
Ramos Padilla, quien es juez federal titular en la ciudad bonaerense de Dolores, explicó por qué el fallo de la Corte empujó su salida: «al declararnos y calificarnos como ‘inválidos’, ‘irregulares’, ‘vulnerables’, ‘designados por una mayoría circunstancial’, y ponernos fecha de vencimiento -3 meses-, se puso en duda nuestra legitimidad y la de nuestras decisiones, que son para mí la base ética de la actividad de un juez».