Los días 9, 10 y 11 de diciembre se llevará a cabo el noveno Encuentro de Jueces de Ejecución Penal en Puerto Madryn, organizado por el Colegio de Jueces, el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público Fiscal y el Colegio Público de Abogados de la ciudad. El encuentro prevé abordar problemáticas relacionadas a la necesidad de incorporar una Ley de Ejecución Penal provincial y articular el trabajo de organizaciones que trabajan en la resinserción de personas condenadas a la sociedad.

Favorecer el mecanismo de resocialización

Marcela Pérez Bogado, jueza penal de la circunscripción de Puerto Madryn y coordinadora académica de las jornadas, detalló que el encuentro “es abierto a la comunidad y surgió como fruto de la necesidad de reunirse de los jueces de ejecución penal del país, tanto de la provincia como así también federales. Luego, en Puerto Madryn fue tomando otro aspecto, cuando empezamos a ver los temas para armar el programa. Aparte de los jurídicos y los específicos de la Ley de Ejecución Penal, nos surgió la inquietud de todas las cuestiones humanitarias que tienen que ver con la ejecución de la condena y todas las personas, grupos o asociaciones que trabajan en pos de la resocialización”. A su vez, la jueza penal Patricia Reyes, actualmente encargada del Juzgado de Ejecución, agregó que “las jornadas son multidisciplinarias” y que “la idea es que todas las organizaciones participen. Hay una cuestión jurídica que tiene que ver con la ejecución de la pena hasta su finalización, pero en el transcurso hay muchas cuestiones. Por ejemplo, la Escuela en Contexto de Encierro, que en la ciudad ha sido un puntapié inicial gracias al área de Educación, que brindó su apoyo, y maestros que se han comprometido y participarán del encuentro”.

Derechos de los condenados

Reyes comentó que “también está lo referido a la función social, porque la Ley de Ejecución Penal tiende a la resocialización y reinserción a la sociedad de la persona, una vez que cumple la condena. Hay cuestiones que no podemos desconocer, como que todas las personas que cumplen una condena en algún momento tienen que reinsertarse en la sociedad y la idea es que esa reinserción sea lo más positiva posible para que no vuelvan a reincidir”. La jueza explicó que “en el momento en el que están en este estadio de la ejecución de la pena es donde se dan todas estas cuestiones, como la educación, la salud, la formación y demás, porque el único derecho que tienen privado es el de la libertad. Hay que tener esto en cuenta, porque todas las penas tienen un fin, pero en algún momento esa persona va a cumplir su condena y volver a la sociedad”.

Comisarías y alcaidías, superpobladas

Pérez Bogado contó que “en la provincia, no tenemos Ley de Ejecución de Pena, solamente usamos la ley nacional, a la cual la provincia está adherida. Pero en otras provincias hay leyes de ejecuciones provinciales y tampoco tenemos los lugares que corresponden a una Ley de Ejecución Penal, para que la persona pueda transitar por las fases que prevé la Ley”. Además, remarcó que “la mayoría de nuestros condenados están en las pocas alcaidías de la provincia y el resto en comisarías. Entonces, es hora de que la ejecución de la pena esté en la agenda pública y que esto repercuta en la sociedad, para contar con los lugares adecuados y lograr esa reinserción. Sino, cualquier actividad que puedan realizar estas organizaciones o los operadores jurídicos cae en un ‘saco roto’”.

El papel del Estado

“Reducir el porcentaje de inserción sería esencial”, manifestó Patricia Reyes en relación a las distintas experiencias que se tendrán en cuenta durante las jornadas, referidas a sitios donde el índice de reinserción es del 1 por ciento “porque se ha trabajado en lugares adecuados”, según indicó. Sobre esta línea, la jueza Reyes destacó que “esto es un puntapié inicial para que el tema sea tenido en cuenta por todos los poderes, no es una cuestión únicamente del Poder Judicial, sino que a su vez involucra al Ejecutivo y el Legislativo ya hay que son necesarias reformas legislativas. Lo cierto es que las comisarías son espacios de tránsito, pero no para que la persona esté ahí cumpliendo una condena de cuatro, cinco, seis u ocho años, en un lugar donde no están dadas las condiciones para que tenga acceso a otras cuestiones. Es un calabozo, un patio y nada más. Las unidades penitenciarias están preparadas para eso, lo bueno sería que a partir de esta nueva oportunidad de la provincia a partir de la creación del Centro de Detención, que está pensado para dicho fin, pueda ser usado”.

Agenda intensiva

Las jornadas se realizarán en el Aula Magna de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”. El miércoles 9 de diciembre, a partir de las 14:30 horas se abrirá la inscripción y se realizarán las acreditaciones, comenzando el acto de apertura a las 16 horas y con conferencias y paneles hasta las 21 horas. Al día siguiente, 10 de diciembre, desde las 9 hasta las 19:30 se debatirán cuestiones como “Cárcel y Sociedad”, aspectos constitucionales de la reincidencia, “La Doble Vía en Materia Penal”, el cupo carcelario y “Medios de Comunicación y Ejecución Penal”, a cargo de especialistas que, además, brindarán informes criminológicos, diagnósticos y pronósticos sobre dichas temáticas. Por último, el viernes 11 de diciembre, la jornada será más breve y entre las 9 y las 10:30 horas se dictará el seminario “El rol del Ministerio Público durante la Ejecución Penal”, cerrando la jornada con una presentación de la Orquesta Infanto Juvenil y la posterior entrega de certificados.