En los últimos meses, la discusión por la implementación de los juicios por jurados fue materia de polémica en el escenario judicial. Diversos funcionaros se manifestaron a favor y en contra, en parte por la evolución que el sistema representaría en términos jurídicos para la sociedad, mientras que en algunos sectores señalaron como un impedimento los costos que implicaría para la Provincia adoptar dicha plataforma. Esto último, teniendo en cuenta la difícil situación financiera que el Poder Judicial atraviesa a partir de la falta de un presupuesto concreto por parte del Poder Ejecutivo.

A favor y en contra

“Nosotros, alrededor del año 2010, desde el Consejo de Fiscales elaboramos un proyecto de Juicios por Jurados, lo presentamos al Poder Ejecutivo de aquél momento, es decir a la Fiscalía de Estado”, comentó el Procurador General, Jorge Miguelarena, y señaló que “esta última lo presentó a su vez a la Legislatura. Tuvimos una rueda de consultas bastante amplia con todos los bloques, además de gente de la Defensa Pública, de la Magistratura y demás, y en principio por lo que veíamos estaba todo el mundo de acuerdo con el Juicio por Jurados, sin perjuicio de algunas que otras diferencias que hacen más a lo técnico que otra cosa”. Como ejemplos de dichas diferencias, Miquelarena cuenta que algunos espacios no pudieron ponerse de acuerdo en si el imputado tenía la opción de elegir el juicio por jurados o un juicio profesional, o bien si el primero era obligatorio, además de cuál era la cantidad de votos necesarios para emitir una condena. “Son cuestiones muy puntuales y técnicas, pero en el fondo del asunto estábamos todos muy de acuerdo”, agregó el Procurador General.

Poder ciudadano

Miquelarena mencionó que “cuando se habla de democratizar la Justicia, que dicho sea de paso es el menos democrático de los tres poderes, no hay que mirar simplemente al Consejo de la Magistratura, cómo está integrado o quiénes lo conforman, sino que una forma de democratizar a la Justicia es darle participación al ciudadano. Qué mejor que con el juicio por jurados, dejando en manos de nuestros pares, que son los ciudadanos, la decisión de quién es o no condenado”. Sobre esta línea, el magistrado afirmó que “estoy absolutamente a favor de los juicios por jurados”.

Costos para su instrumentación

Tanto en la Constitución Nacional de 1853 hasta la provincial de 1958, y luego la reforma de 1994, se habla del Juicio por Jurados. Sin embargo, son pocas las provincias que actualmente lo aplican, entre ellas Buenos Aires, Neuquén y Córdoba. Uno de los motivos por los que algunos actores del escenario judicial califican como inviable la implementación del sistema de juicios por jurados es el costo que el Poder Judicial debería afrontar en concepto, por ejemplo, de gastos de viaje y estadía de los jurados durante el proceso. Luis López Salaberry se refería a dicha cuestión, hace algunos meses, argumentando que “hay juicios que no son tan simples y llevan tiempo. Es más, si el jurado a través del presidente del Colegio de Jurados considerara que hay una prueba que no le resultó suficientemente entendida, ello podría volver a generar un nuevo proceso de prueba, por lo que aumentarían nuevamente los plazos para dictar una sentencia”, lo cual retrasaría el proceso e implicaría mayores gastos a cubrir. En dicho contexto, Miquelarena sostuvo que “el tema del costo me parece un argumento muy endeble y poco sólido”, dado que “si uno se pone a pensar, hablamos de un viático que no supera de ningún modo, por ejemplo, a un consejero del Consejo de la Magistratura cuando viaja a cualquier lugar de la provincia para sesionar. Es una postura que no resiste el más mínimo análisis”. A su vez, el Procurador General concluyó que “si se gastó la cantidad de dinero que se pagaba en las reuniones de Casa Abierta, no podemos hablar de que peligraría el Juicio por Jurados por el viático de estos últimos”.

Avanza la investigación por sobreprecios en la alcaidía de Comodoro

A partir de una denuncia del Jefe de la Policía, Leonardo Bustos, a fines de octubre se conoció la situación de presuntos sobreprecios en la compra de alimentos para los presos que se encuentran detenidos en la Alcaidía de Comodoro Rivadavia, algunos de ellos de hasta un 2500 por ciento por encima del precio regular. Al respecto, Jorge Miquelarena explicó que luego de la polémica denuncia “se fue inmediatamente para Comodoro Rivadavia” y remarcó que “aún antes de que llegue la denuncia acá, ya se habían tomado algún tipo de medidas en la alcaidía, como el secuestro de cierto tipo de documentación, por lo que fueron realizadas todas las actuaciones y la denuncia está en plena etapa de investigación preliminar”.