“Desde el primer momento de nuestra toma de funciones nos abocamos a presentar al OMRESP los costos de la prestación de Servicio”, aseguró ayer el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Trelew, Fabián Gómez Lozano. El directivo volvió a criticar duramente la “inacción” del Organismo Municipal Regulador de Servicios Públicos por no avanzar en el estudio de los costos reales que tiene la empresa. En ese marco explicó que el fallo del Superior Tribunal de Justicia sobre la aplicación de la Ley provincial de Tarifa de Referencia (I-539) no cuestiona la tarifa sino el procedimiento en medio del cual se aplicó. Dijo el presidente que la justicia les dio la razón en aplicar la ley “porque los otro no hicieron lo que debían”.
En tal sentido Gómez Lozano destacó que “son innumerables las notas ingresadas ante el Organismo Regulador solicitando que tenga a bien expedirse y comunique al ejecutivo los costos necesarios para prestar los tres servicios esenciales de la ciudad”.
Sostuvo también que “a pesar de nuestra eficiente gestión y absoluta voluntad de transparencia, no tuvimos respuesta” y es por ello que “ante la ausencia de responsabilidad del Organismo a cargo, optamos por una iniciativa que garantizara a todos los ciudadanos de Trelew los servicios esenciales en una temporada critica como es el verano”.
Explicó el presidente de la prestataria de servicios públicos que “así, tomamos la Ley de Emergencia y la Tarifa de Referencia. Debemos ser claros en esto: nada fue ilegal o ilegitimo. No fue ilegal porque es una Ley provincial, con rango superior a cualquier legislación municipal”.
Pero además “no fue ilegitimo porque defendía el derecho de los ciudadanos a contar con servicios considerados universales durante el verano”, explicó Lozano.

Dictamen con razón

“El dictamen del STJ, en su fondo, nos otorga la razón y el derecho. No cuestiona la tarifa, cuestiona que los costos no fueron informados por el OMRESP, situación en la cual aun seguimos”, critico Gómez Lozano.
Señaló asimismo que “como instancia arbitral, la justicia nos dice que hicimos lo que hicimos porque otros no hicieron lo que debían. Es imperioso que terminemos con las mentiras y versiones, y que el OMRESP determine los costos para seguir operando. La justicia no cuestiona lo que hicimos”, concluyó el titular de la Cooperativa.
Cabe recordar que la aplicación de la Ley I-539 fue objeto de una de las tantas polémicas suscitadas este año entre el Organismo Regulador y la empresa prestataria de los servicios públicos. Si bien existió hace dos meses un informe del Organismo acerca de los costos que tiene la empresa, reconociendo el grave déficit que presenta por la falta de tarifas, el informe fue devuelto por el Ejecutivo tras echar a los dos directores del OMRESP para que sea evaluado nuevamente. Según se informó desde el propio ejecutivo el informe contenía errores de forma y no de fondo, por lo que no se entiende que no se haya atendido la urgencia de la prestataria si los únicos datos en discusión eran las propuestas que se hacían de como aplicar las tarifas necesarias para evitar un gran impacto en la población.