Como parte de la investigación que sustancia el Ministerio Público Fiscal, por pedido del fiscal jefe Arnaldo Maza, y autorizado por el juez de turno, se llevó a cabo en horas de la mañana de ayer un gran operativo de allanamiento en el complejo habitacional denominado Inducón, sito en calle Remedios de Escalada al 700 entre A.P. Bell y Ameghino de Trelew. El allanamiento abarcó los doce departamentos en conflicto, usurpados en su totalidad y cuyos ocupantes han sido denunciados en reiteradas oportunidades por los delitos que se han cometido en el barrio cuyos vecinos aseguran estar “aterrorizados”. Son sesenta personas en total, entre los cuales hay niños que viven en condiciones que no serían aptas.
El objetivo de esta diligencia, “fue la de proceder a efectuar una inspección ocular del inmueble en general, particularmente de cada uno de los departamentos, dependencias internas y externas, sistemas de provisión de energía eléctrica, gas, cloacas, así como las condiciones estructurales y de seguridad del módulo”. En este marco, la medida se llevó a cabo con intervención de personal técnico de la Cooperativa Eléctrica, áreas de electricidad, agua y cloacas.
También participaron representantes de Camuzzi Gas del Sur, obras públicas y acción social de la Municipalidad, además de personal del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, quienes efectuaron las inspecciones, actuando conforme al protocolo vigente, debiendo elevar un informe sobre lo observado y actuado, en un término de 48 horas.

Preservar los derechos de todos

Al ser consultado acerca de la participación de la Municipalidad en el allanamiento, el secretario de Desarrollo Humano y Familia de Trelew, Jorge Etchepareborda, explicó que “esta es una decisión del Fiscal Arnaldo Maza que está a cargo de esta investigación, con quien ya estuvimos trabajando y hemos hecho reuniones”.
Desde el punto de vista social indicó “nosotros hicimos hincapié, por instrucción del intendente de la ciudad, que contaran con toda la voluntad de parte de la municipalidad de cooperar para lograr que en ese sector del barrio podamos tener en ese sector del barrio la paz y la armonía que todos merecemos”.
Pero sin olvidar que “toda persona es sujeto de derecho y tendríamos por tanto que pensar y trabajar en forma conjunta con el gobierno de la provincia la solución habitacional para estas familias. Sabemos que es un punto que a algunos les molesta, pero como funcionarios públicos tenemos que ver la película completa”.
Etchepareborda dijo que “aspiramos a que reine la paz y la armonía en el lugar, pero sabemos que el trasfondo son los hechos relacionados con el delito, con el hurto, con la violencia y es una cuestión que no compartimos pero no estamos ajenos porque hemos trabajado con las familias y sabemos que solo con esto no alcanza”.
Por otro lado “la idea del desalojo es una cuestión que se puede trabajar siempre y cuando aportemos todos lo que corresponde. En este caso el IPV tiene la responsabilidad principal de otorgar una solución habitacional y la municipalidad tiene la responsabilidad principal de otorgar los lotes con servicios que corresponden para dar solución y salida a este tema”.

Organismos participantes

El personal de energía eléctrica examinó las instalaciones del complejo habitacional en su parte exterior, como en cada uno de los departamentos que lo conforman, debiendo determinar si existen conexiones clandestinas y/o irregulares, como asimismo aquellas que impliquen un peligro potencial o inminente para terceros que transiten por el lugar o que habiten allí. Integrantes el área de agua y cloacas examinaron el estado de las cañerías cloacales y el funcionamiento de las mismas, observando las condiciones de salubridad, habitabilidad e higiene de este espacio.
Del mismo modo, personal idóneo de la firma prestataria de gas realizó una evaluación del estado de las instalaciones en tal sentido, mientras que integrantes del Instituto Provincial de la Vivienda y de la Secretaría de Obras Públicas se dedicaron al estado edilicio y estructural del edificio en general y cada uno de sus departamentos en particular, incluyendo accesos, dependencias, espacios comunes y condiciones de habitabilidad y seguridad.
Asimismo, los organismos mencionados anteriormente, junto responsables de acción social del municipio llevaron adelante un relevamiento de las personas que ocupan el edificio, ubicando en forma particular cada una de sus situaciones, a lo que se sumó también el trabajo realizado por el área de planeamiento de la municipalidad local, quienes deben determinar sobre los riesgos que el edificio representaría para sus actuales habitantes.

Problemática

El allanamiento estuvo a cargo del señor jefe de la comisaría distrito cuarta, comisario Juan Carlos Núñez, acompañado por el comisario Carlos Momberg y personal a sus órdenes, con intervención de la Unidad Especial Criminalística y Policía Comunitaria, y surge de actuaciones caratuladas “comisaría distrito cuarta su investigación hurto-Trelew”.
Sin perjuicio de ello se buscó comprobar la existencia de hechos con relevancia penal, y se procura efectuar al mismo tiempo un abordaje integral de la problemática, ante la eventualidad que, previo recabar los informes de las áreas y organismos involucrados, tal vez sea necesario requerir desde este Ministerio Público Fiscal a los organismos provinciales y municipales la reubicación de alguna de las personas o grupos familiares que se encuentran habitando el edificio, en caso que el inmueble se encuentre inhabitable.
La concreción del allanamiento referido se dio luego de un informe elaborado por personal de la Comisaría Cuarta, donde se aprecia a simple vista un avanzado deterioro del edificio, falta total de elementales normas de prevención de accidentes, deficiencias y carencia de condiciones mínimas de habitabilidad.