El trabajado de la construcción Pablo Bell inició un juicio contra el Estado Provincial basándose en el estrés sufrido durante su tiempo bajo prisión preventiva y las posteriores complicaciones en su vida personal y laboral a partir del resonante caso que conmocionó Puerto Madryn.
“Yo caigo detenido a los dos días que encuentran a Leonela, porque una testigo dijo que la había visto hablando con un señor de un metro ochenta, en la puerta de donde yo vivía. Por eso me detienen a mí, que tengo un metro ochenta si me paro arriba de un bloque. Sorpresivamente en la rueda de reconocimiento la testigo no pudo precisar si yo era la persona que había visto. La nena fue encontrada en un container de escombros y donde yo vivía, que era la casa de mi abuelo, tenía bolsas de cemento y tierra porque estaba haciendo mi casa en el barrio Perón, y además porque trabajo en la construcción. Entonces todo eso les cerraba. Encima, el gobernador (Mario Das Neves) salió a decir a los dos días ‘ya tenemos al asesino, un pobre albañil delincuentón’, y quedé a la sombra hasta que detuvieron a ese chico”, comenta Bell y agrega que “el que la encuentra en el container es el tío, pero cuando quieren hacerle el ADN se niega y se va a Comodoro Rivadavia. Desde el primer momento, yo le dije la Justicia que hiciera lo que quisiera conmigo, no me negué a que me hicieran estudios ni mucho menos, me hicieron ADN hasta en la oreja. Incluso el vehículo que yo usaba me lo deterioraron todo con las pericias”.

Apriete policial

Sobre el momento de su detención, Bell sostiene que “la Brigada de Investigaciones me esposó como una bolsa de papas y de parte de la Policía tuve varios golpes, me trataban como si fuera la peor basura. Una cosa es que te detengan por haber robado una gallina y otra que te acusen de semejante cosa. En la Brigada me decían todo el tiempo que me hiciera cargo y yo les decía que me mataran pero que no iba a reconocer algo que no hice. Al ingresar a la comisaría estuve aislado dos semanas porque no es nada lindo caer por una causa como esa. Sufrí muchas agresiones adentro. Un día me tiraron encima veinte litros de lavandina pura, si me agarraba la vista me dejaba ciego. También hubo muchos maltratos verbales de la Policía, como queriéndome hacer poner peor de la situación en la que estaba. Con el tiempo, los mismos presos se empezaron a dar cuenta de que yo era inocente y dejaron de agredirme”.

La familia de Bell, otra víctima

Desde su detención, la vida de Pablo Bell se agravó con cada día que transcurría dentro de la comisaría. “Yo tenía dos perros y cuando me detuvieron, estuvieron dos meses solos en mi casa sin comida ni agua. Los vecinos les tiraban algo de pan y agua, yo les pedía a los abogados que los hicieran sacar a través de alguna asociación protectora de animales. Cuando salí y me dictaron la prisión domiciliaria, los encontré flacos como una lapicera. Eran piel y hueso. Además estaban todos lastimados porque se peleaban por la poca comida que les tiraban. Los pudieron atender en una veterinaria, les expliqué que recién había salido de este problema y que no tenía adonde llevarlos, así que los vinieron a buscar. Finalmente los pudieron salvar y los adoptaron a los dos”, sostiene.
Su familia, compuesta por su ahora ex esposa y tres hijas que en aquél entonces tenían trece, once y nueve años, se vio afectada directamente por cómo se dieron los acontecimientos. “A mis nenas les costó mucho atravesar todo. Justo arrancaban la escuela y perdieron el año de clase. Los chicos, que a esa edad suelen ser bastante crueles, les decían ‘tu papá, el asesino’. Mi ex mujer, con la que tengo una muy buena relación, me defendió en todo momento. Ellas viven en el barrio Pujol y yo en el Perón pero casi todos los fines de semana nos juntamos. Hay gente con la que nos hemos dejado de saludar, gente que me conocía desde los tres años y que me dijo ‘si sabía que eras vos te mataba’. También me ha pasado de ir a trabajar a una casa y que pregunten ‘quién es ese muchacho’, y cuando le dicen que soy ‘el del caso de Leonela’, como se quedan con la duda no me dan trabajo. Me ha pasado de ir en los colectivos o en el supermercado y que digan ‘mirá, allá está el que…’ y yo pienso ‘sí, el que se comió un garrón como un boludo, por una señora que dijo algo que no pudo comprobar después y por una brigada de investigaciones que debería dedicarse a vender productos’”.

Trabajo en negro

La situación laboral de Bell se modificó desde el primer momento en que fue detenido en la comisaría. “Por todos los nervios del proceso, desarrollé psoriaris. A partir de ese problema, no me toman en ninguna empresa porque me dicen cosas como que ‘el cal me va a hacer mal a la piel’. En el hospital me dan las pastillas para el tratamiento pero no las cremas, y son carísimas. Ahora estoy trabajando con mi vecino, pero en negro, haciendo changas. El problema de trabajar en negro es que no tenés una jubilación, querés comprar algo en varios pagos y no tenés recibos. Es indignante. Gracias a Dios sé trabajar en cualquier lado en el ámbito de la construcción, al menos tengo ese oficio. Hace poco me fracturé un dedo haciendo un trabajo y me lo salvaron de casualidad, pero estuve cuatro meses sin trabajar. Eso, en negro, es terrible. Ojalá pueda cuanto antes tener un trabajo digno, ir a una farmacia y tener una obra social. En esta semana de lluvia trabajé solamente dos días”, se lamenta.

Apoyo de la gente

A pesar de conocerse desde la infancia, el padre de Leonela Aguirre y Pablo Bell no tuvieron un mayor contacto durante el tiempo que duró el caso y menos aún, después de que el mismo fuera cerrado. “Yo me crié en el barrio, con el padre de la criatura nos llevábamos tres o cuatro años de edad pero nos conocíamos de jugar al fútbol cuando éramos chicos. No éramos amigos pero en su momento cuando me imputaron yo dije que a la criatura no la conocía, pero sí al señor Aguirre (el padre), incluso de haber hecho algunas changas en la pesquera con él, siendo muchachos, y de vernos día por medio en el barrio. Sin embargo, él nunca me habló porque siempre estuvo con la cabeza a gachas. Cuando la Brigada de Investigaciones estuvo buscando datos en el barrio todos ahí conocían quién era mi padre, mi familia y decían, por mí, ‘ese chico no fue’. Mucha gente, en su ignorancia, cuando encontraron culpable a Ezequiel Ducatas, empezó a repetir la versión de que los dos habíamos asesinado a Leonela. Es lamentable. Hoy en día, siempre salta el tema del apellido. Cuando empecé a hacerme las curaciones por el dedo fracturado en el hospital del barrio Perón, me reconocieron por el apellido y me dijeron que tenía que seguir para adelante; a pesar de todo mucha gente me apoya. Ahora vivo en ese barrio, recibí un lote en su momento y cuando empezó el caso yo estaba armando mi casa. La casa donde vivía, que era de mi abuelo y de mi padre, se vendió y el dinero se repartió entre hermanos y primos de la familia. Mi parte tuve que utilizarla para pagar mi defensa y con lo que quedaba me construí una pieza, un baño y después pude ir ampliando de a poco la casita”, relata Bell.
Finalmente, concluye criticando “el mal desempeño de la Brigada de Investigaciones y de la Justicia. Resulta difícil de creer que un chico que entonces tenía catorce años pueda haber trasladado a Leonela desde su casa hasta el container, que estaba a cien metros, sin haber sido visto y sin ayuda de alguien más. ¿Quién mató a la nena? Lo peor es pensar que por ahí es el que viene a comprar el diario todos los días”.

La demanda al Estado

Por su parte, el abogado de Pablo Bell, José Félix Alberdi, dice estar confiado en que habrá una resolución positiva. “Cada día que pasa es más dinero a reclamar. La realidad es que el daño que le han causado es irreparable porque, entre otras cosas, por motivo de la detención le agarró psoriasis por los nervios. Ahora, prácticamente está condenado a trabajar en negro porque no pasa el examen preocupacional de ninguna empresa”, comenta y señala que “el Juez concedió el beneficio de litigar sin gastos, dado que el monto de la demanda ligado a las tareas que desarrolla Bell, hace que él no pueda pagar el tres por ciento en concepto de Impuesto de Justicia. Ahora se está tramitando la prueba informativa. Por ejemplo, se envió un oficio a la UOCRA para que informe el salario de un albañil para los años 2011 y 2012. Hay un oficio enviado también al Ministerio de Educación, porque si bien mi cliente está separado de la mujer pero mantiene buena relación con ella y las hijas de ambos, estas últimas tuvieron que ser cambiadas de colegio durante el caso y hubo que prestarles asistencia psicológica”, manifiesta Alberdi.
El monto inicial de la demanda de Pablo Damián Bell contra el Estado es de 1.600.000 pesos, valor que dista del alto precio que el albañil ha tenido que pagar por haberse visto involucrado en el caso y luego afectado de forma permanente en su vida social, familiar, laboral e incluso en su salud, que le imposibilita acceder a un trabajo en relación de dependencia. El valor inicial de la demanda se retrotrae al momento en que ocurrieron los hechos, por lo que deberán ser ajustados casi cinco años de intereses por la tasa activa que establece el Banco Provincia del Chubut. Sin embargo, la ganancia nunca será suficiente para quien ha perdido casi todo lo que lo unía a una sociedad que lo condenó incluso antes que la Justicia, que finalmente lo declaró inocente. La vida de Pablo Damián Bell fue transformada no sólo por el maltrato de las fuerzas de seguridad y el oportunismo político, sino también por la mediatización del asesinato de Leonela Aguirre y la visión errática de un colectivo social que, en la búsqueda de un culpable inmediato, condenó moralmente a quien luego fuera hallado inocente. Como dicen por ahí, “perejil de mayo, perejil de todo el año”.

El crimen de la niña quedó impune

El 17 de marzo de 2010 fue hallada muerta Leonela Aguirre, de 10 años, en la zona aledaña al Hospital “Andrés Ísola”, dentro de un contenedor. La niña presentaba signos de haber sido violada y luego estrangulada, siendo este un caso que movilizó a la comunidad por la brutalidad y las características del crimen. A partir del testimonio de una vecina, que dijo haber visto a Leonela con un hombre “bien vestido, peinado a la gomina” entrar a una casa, se detuvo a Pablo Damián Bell, dueño de la propiedad indicada por la testigo. El hombre, de 37 años en aquél entonces, permaneció en prisión preventiva durante 60 días mientras se analizaban las evidencias halladas en su casa del barrio Don Bosco. Dado que las pruebas presentadas en su contra finalmente no eran contundentes, Bell abandonó la comisaría en la que estaba detenido y se le dictó la prisión domiciliaria por el término de cuatro meses. Posteriormente, el descubrimiento del ADN de la chica en una casa aledaña hizo que la investigación tomara un giro inesperado. La situación de Pablo Bell se modificó cuando se conoció que el ADN encontrado en el cable que fue usado para asfixiar a Leonela, además de una huella dactilar encontrada en la bolsa de nylon que cubría la cabeza de la víctima, coincidían con las de un adolescente de 15 años de apellido Ducatas. El joven fue finalmente sindicado como el autor de la violación seguida de muerte por asfixia, pero calificado como inimputable por ser entonces menor de edad.