La casi totalidad de las empresas pesqueras radicadas en Chubut, principalmente las de Puerto Madryn, están siendo imposibilitadas de poder cargar sus exportaciones desde planta por una medida que instrumentó la Dirección Nacional de Aduanas.
Hace una semana les fueron cambiadas las reglas de juego sin previo aviso, viéndose impedidas de proceder a la carga de mercadería en contenedores para exportación desde sus propias instalaciones como se ha venido haciendo desde hace muchos años, tras las inversiones que debieron desplegar con sistemas informáticos primero, y la colocación de cámaras de vigilancia con un sofisticado software de monitoreo.
La Aduana informó inicialmente que la disposición tenía como objetivo que las pesqueras tuvieran todas sus cargas impositivas al día, teniendo en cuenta que la baja del registró de las plantas se dio sobre las que registraban algún tipo de deuda con la AFIP.
Pero esa información inicial cambió esta semana, luego que funcionarios de la Subsecretaría de Pesca de la Nación se reunieran con las autoridades aduaneras quienes les revelaron que en realidad no se trataba de una medida recaudatoria de corte fiscal, sino que instrumentación tenía que ver como una mecánica para que las empresas inviertan en nuevos dispositivos de control para evitar hechos de narcotráfico.
La información no fue un trascendido sino que es lo que formalmente les indicó Guillermo Michel, Director General de Aduanas, a los funcionarios de Pesca. Las pesqueras de la Patagonia para volver a contar con el beneficio de cargar los contenedores en planta deberán comprar e instalar escanners que en el mercado tienen un valor de 90 mil dólares.
En términos prácticos, la medida ha causado que las pesqueras de Puerto Madryn, casi en un cien por ciento, tengan trabada en este momento su operatoria de comercio exterior. Y, en función de esto es que las empresas le solicitaron al Gobierno Provincial que intervengan en forma urgente ante las autoridades aduaneras nacionales para destratar esta situación.
Cabe mencionar que la polémica medida no fue uniforme en su implementación. En Mar del Plata antes de proceder a dar de baja a una planta pesquera del registro creado a tal fin, se cotejó una por una, respecto a su situación impositiva; lo cual no se produjo en la Patagonia donde directamente se cayeron del sistema.
Ahora para volver a darles el ‘alta’ deberán instalar un scanner en cada planta, con un costo que la propia Aduana explicó que ronda los 90 mil dólares, aunque a ciencia cierta se desconoce la disponibilidad que exista en el mercado, y hasta su instalación el tiempo que pueda llegar a demandar.
Las pesqueras de Chubut lamentaron que se las deje a todas bajo un manto de sospechas respecto a operatorias del narcotráfico, teniendo en cuenta que la única pesquera donde se detectó un cargamento de drogas que se pretendía exportar a Europa fue la pesquera Poseidón de Puerto Madryn que actualmente gira bajo otra razón social.
Cabe mencionar que existe un registro de «Exportador Habilitado para Operar desde Planta» otorgado por la Aduana de cada jurisdicción, y a tal fin se realizaron las inversiones respectivas de adecuación, ya que la planta debe contar con el equipamiento informático requerido por la AFIP, a fin de poder ingresar al sistema los datos relativos a las cargas y resultados de los controles aduaneros.
Los industriales locales advierten que la medida genera perjuicios gravísimos para las empresas por la duplicación de costos que implicaría tener que consolidar cada cargamento de pescado en el puerto. Afirman que al no poder cargar mercadería en contenedores se paraliza todo el circuito comercial de las empresas, se posponen los despachos de exportación, no ingresan divisas, y se altera toda la cadena de pagos. Al tiempo que sostienen volver a la operatoria de cargar en muelle cuando ingresa un buque portacontenedores, en forma simultánea todas las pesqueras, es materialmente imposible en la estructura portuaria madrynense y sus limitaciones de infraestructura.
Ante la gravedad de la situación que representa para las empresas, ya fueron anoticiados del hecho el intendente Ricardo Sastre y el propio gobernador Martín Buzzi, a quienes se solicitó que gestionen una salida en el corto plazo para que la crisis del sector pesquero no se profundice aún más.