El presidente del Colegio Público de Abogados de la Circunscripción Judicial Trelew, Oscar Romero, presentó en Casa de Gobierno en Rawson una nota dirigida al gobernador Martín Buzzi, con relación a la próxima designación de los Ministros del Superior Tribunal de Justicia, “con motivo de las vacancias suscitadas en el máximo tribunal en estos últimos tiempos”.
En ese marco el letrado recordó que públicamente el Gobernador había expresado dos años atrás que “aquí no va a haber miembros puestos a dedo por el gobernador” y comprometió “una política judicial muy clara” en la cual se contaría con la opinión de la gente para elegirá los miembros del Superior Tribunal de Justicia. En virtud de ello Romero solicitó que se otorgue la posibilidad de opinar a la institución que preside sobre las condiciones técnicas de los postulantes. Además de recordar que se requiere “suma prudencia y un amplio consenso social” ya que los postulantes no pasan por el Consejo de la Magistratura y su carácter una vez nombrados es de “inamovible”.

Mejoramiento de la administración de Justicia

En la misiva Romero señala que “sobre tan importante cuestión y dado que dentro de las incumbencias de los Colegios se halla, especialmente: ‘La contribución al mejoramiento de la administración de justicia’ -artículo 20, inciso E de la Ley XIII N° 11-, solicito al señor Gobernador que implemente para ese fin un mecanismo de autolimitación que incorpore el sistema de audiencias públicas, conforme lo anunciara”, dijo haciendo referencia a declaraciones públicas del primer mandatario de septiembre de 2013.
Recuerda Romero en estos antecedentes periodísticos que “en esa oportunidad el señor Gobernador manifestó: Aquí no va a haber miembros puestos a dedo por el Gobernador; porque lo que tiene que haber en Chubut es una política judicial muy clara y muy definida, lo que implica sin duda que haya opinión de la gente para elegir a los miembros del Superior Tribunal”.
También repasó que en ese marco adelantó que propondría “una forma de elegir a los miembros del Superior Tribunal de Justicia que haya que reemplazar, de manera que la comunidad pueda participar ampliamente”, añadiendo que “estamos mirando con mucha atención el mecanismo de elección de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de propuestas de nombres y audiencias públicas”.
“Esas encomiables declaraciones generaron gran expectativa en la sociedad al ser difundidas por los medios de prensa, que en sus titulares no dejaron lugar a dudas sobre la trascendencia del tema”, destacó Romero.
El representante de los letrados en Trelew recordó titulares de los distintos medios de la zona donde el gobierno proponía “impulsar audiencias públicas para elegir a los ministros del Superior Tribunal” y anticipaba que se impulsaría “la participación popular”.

Profundo interés

El Presidente del Colegio de Abogados de Trelew, resalta que “huelga remarcar el profundo interés institucional de los Colegios de Abogados en opinar sobre las condiciones técnicas y demás circunstancias personales de los eventuales candidatos, entendiendo que la formación profesional de los matriculados y la experiencia acumulada por el contacto directo y cotidiano con la administración de justicia, nos habilitan a realizar un aporte útil en tal sentido”.
En consecuencia solicitó que “previo a la remisión de cualquier pliego a la Legislatura Provincial, se otorgue a las institución que represento la debida participación, pues sin lugar a dudas con la contribución de todos los estamentos sociales interesados, se logrará designar a las personas más idóneas para ocupar tan elevados cargos como lo son, precisamente, los que hoy en día se encuentran vacantes”.
Romero explicó que “pongo de relieve que en virtud de la garantía constitucional de inamovilidad de los jueces, con pleno efecto inmediato en el caso de los Ministros del Superior Tribunal de Justicia que no están sometidos a ninguna evaluación por parte del
Consejo de la Magistratura, se requiere suma prudencia y amplio consenso social -no simplemente político partidario- para la designación de los postulantes, si se pretende asegurar que ésta sea verdaderamente la mejor opción disponible en determinado momento histórico”.

Consenso necesario

El Presidente del Colegio Público de Abogados trelewense resaltó que “los profesionales del Derecho receptamos con beneplácito la iniciativa proclamada por el señor Gobernador-que lamentablemente aún no ha tenido efectiva concreción pese al tiempo transcurrido-, pues consideramos que el consenso de la ciudadanía respecto de la designación de quienes tendrán la delicada misión de resolver los conl1ictos judiciales más relevantes, con impacto en todos los ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales, es esencial para asegurar el éxito de las decisiones”.
Decisiones que “servirán de paradigma para los Tribunales inferiores, tendientes a afianzar la justicia ante las vicisitudes de la vida democrática”.
Por ello, indicó, “propiciamos la adopción del procedimiento establecido en el Decreto Nacional N° 222/2003, que regula el sistema de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; de sencilla adaptación para el ordenamiento jurídico provincial, en virtud de la similitud de las normas constitucionales que reglamenta”.

Disposiciones nacionales

Las disposiciones del citado Decreto enumeran la obligatoriedad “de la publicación del nombre y los antecedentes curriculares de la o las personas que se encuentren en consideración para la cobertura de la vacancia (art. 4), la obligación de éstas de presentar una declaración jurada con la nómina de todos los bienes propios, los de su cónyuge y/o los del conviviente, los que integren el patrimonio de la sociedad conyugal, y los de sus hijos menores, y de adjuntar otra declaración en la que incluirán la nómina de las asociaciones civiles y sociedades comerciales que integren o hayan integrado en los últimos ocho (8) años, los estudios de abogados a los que pertenecieron o pertenecen, la nómina de clientes o contratistas de por lo menos los últimos ocho (8) años”.
Además “en el marco de lo permitido por las normas de ética profesional vigentes, y en general, cualquier tipo de compromiso que pueda afectar la imparcialidad de su criterio por actividades propias, actividades de su cónyuge, de sus ascendientes y de sus descendientes en primer grado, ello con la finalidad de permitir la evaluación objetiva de la existencia de incompatibilidades o conflictos de intereses (art. 5)”.
En ese marco la legislación propone “la facultad concedida a ‘los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos” de manifestar sus “posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los incluidos en el proceso de preselección’ (art. 6), entre otras disposiciones de sana política, constituyen un excelente ejemplo a seguir para el proceso de selección de los futuros Ministros del Superior Tribunal de Justicia”, concluyó.