Se trata de la ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como “ley mordaza”, que restringe el derecho a la protesta, con la oposición de todos las fuerzas políticas menos el derechista de Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, impulsor de la norma. La oposición y las organizaciones sociales bautizaron la reforma con ese nombre al entender que el objetivo es intimidar a la ciudadanía y limitar el derecho de libertad de expresión y manifestación. Durante el debate que tuvo lugar en la Cámara Baja, los grupos parlamentarios opositores insistieron en que la nueva ley instaura un “estado policial”. Por su parte, los activistas sociales que se oponen firmemente a la ley consideran que se trata de un instrumento de represión similar a los de la dictadura franquista. Durante el debate de hoy, el ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, aseguró que cuando entre en vigor la ley se verá que “la libertad queda garantizada”. Sin embargo, el diputado socialista Ignacio Sánchez Amor insistió en que la ley” recortará derechos como el de manifestación”, y además “no responde a una demanda ciudadana”. También el diputado de Izquierda Unida Ricardo Sixto reiteró por enésima vez que existen paralelismos entre la nueva norma y los mecanismos represivos de la “época franquista”. La reforma del PP, aprobada gracias a la mayoría absoluta de los conservadores en el Parlamento, comenzó a delinearse en 2013, en el momento de mayor convulsión social por las protestas contra las políticas neoliberales del Ejecutivo. Pero el proyecto inicial sufrió modificaciones sustanciales después de meses de resistencia y de que órganos consultivos del Estado consideraran que varios de sus puntos podían ser inconstitucionales. A pesar de ello, el texto aprobado siguió generando resistencia, incluso los partidos opositores prometieron derogar la norma cuando cambie la mayoría parlamentaria.